🌞 Buenos días Costa Rica. Tras once rondas de votación sin acuerdo, la bancada de Pueblo Soberano se impuso y forzó a la Corte Suprema a presentar una nueva lista de 18 magistraturas suplentes para la Sala IV, en un pulso que la oposición describe como un avance sobre el Poder Judicial. En paralelo, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció que denunciará penalmente al fiscal general Carlo Díaz por no perseguir el ingreso de celulares a las cárceles, al que calificó como “el peor fiscal general de la historia”. En lo económico, Liberación Nacional anunció que saldrá a las calles contra la reforma de pensiones del Magisterio y el Poder Judicial, mientras el Banco Mundial recortó la proyección de crecimiento del país a 3,5% y el sector taxista presionó por regular las plataformas digitales. En el plano internacional, Donald Trump canceló el ataque que había prometido contra Irán y proclamó un acuerdo de paz “cerca”, lo que hundió el precio del petróleo y disparó las bolsas.

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Después de once rondas de votación sin acuerdo político, la bancada oficialista de Pueblo Soberano aprobó una moción que exige a la Corte Suprema de Justicia presentar una nueva nómina de 18 magistraturas suplentes para la Sala Constitucional. El proceso de nombramientos heredado del Congreso anterior había sido rechazado por el oficialismo en varias ocasiones durante las últimas cuatro semanas. La moción se aprobó con 29 votos de Pueblo Soberano frente a 26 de la oposición del Frente Amplio, el PLN, Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. El jefe de fracción, Nogui Acosta, sostuvo que ninguno de los aspirantes lograría los 38 votos requeridos para ser designado, por lo que el proceso debía reiniciarse. Con ello, la Corte deberá enviar una nueva lista y la Comisión de Nombramientos tendrá que abrir otra vez la selección, un trámite que podría tardar cerca de un año antes de volver al plenario.

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El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que presentará una denuncia penal contra el fiscal general Carlo Díaz y otros fiscales por negarse a perseguir penalmente el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles. Aguilar recordó que esa conducta está tipificada como delito desde el 30 de abril de 2025, con penas de dos a cuatro años de prisión, y que aun así muchos casos se tramitan por la vía administrativa. Según el Ministerio de Justicia, entre el 1 de enero y el 6 de junio se contabilizaron 90 decomisos de dispositivos en accesos a centros penales que no derivaron en proceso penal. “Da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía, y aquí hay un único responsable: usted, Carlo Díaz”, afirmó el jerarca, a quien llamó “el peor fiscal general de la historia de este país”. Aguilar cuestionó el mensaje que, a su juicio, se envía a los delincuentes cuando una ley aprobada hace un año no se aplica. También pidió a la Corte Plena tomar medidas frente al jefe del Ministerio Público.

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El Gobierno impulsa el expediente 24.786 para topar y ordenar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, entre ellos los del Magisterio y el Poder Judicial, señalados desde hace años como fuente de jubilaciones muy superiores a las del régimen general. El secretario general del PLN, Miguel Guillén, anunció que el partido se movilizará "desde lo institucional hasta las calles" para defender esos regímenes, a los que llamó garantía de "un retiro digno". Guillén calificó la reforma como "una amenaza real a los derechos de los trabajadores" y aseguró haber iniciado contactos con líderes en todos los cantones para resistirla. La posición ubica al principal partido de oposición en defensa de beneficios que el FMI y otros organismos han advertido como una carga creciente para las finanzas públicas. El Ejecutivo, por su parte, presenta el tope como una medida de equidad contributiva y disciplina del gasto, en un esquema cuyas reservas vienen siendo cuestionadas por su sostenibilidad. La iniciativa avanza en la corriente legislativa mientras Liberación Nacional articula la protesta en la calle.

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En su informe Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial ajustó a la baja el crecimiento del país a 3,5% para 2026, una décima menos que en enero, y a 3,6% para 2027. El organismo atribuye el enfriamiento al shock energético global por la guerra en Medio Oriente, que encarece el crudo y golpea a Centroamérica como bloque importador. Pese al recorte, el reporte destaca que Costa Rica mantendría un dinamismo superior al promedio de América Latina. El documento incluye dos advertencias fiscales de fondo: una relación “no lineal y agresiva” entre el endeudamiento público y las tasas de interés, y la tendencia de las economías agroexportadoras al gasto procíclico que acumula deuda difícil de corregir. El Banco también alerta que el estrecho margen fiscal complicará la contratación formal y podría acelerar la informalidad laboral y la caída de los salarios reales. El mensaje refuerza el argumento de quienes piden disciplina del gasto y reglas fiscales firmes antes que nuevos impuestos.

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La Cámara Nacional de Transportes y la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi, junto a otros gremios, exigieron a los diputados aprobar con urgencia el expediente 23.736 para regular las plataformas electrónicas de transporte. Tras más de una década de operación de estos servicios sin marco específico, los gremios reclaman “equidad” y “competencia leal”, pero su lista de exigencias apunta a cargar a las aplicaciones con obligaciones de CCSS, impuesto de renta, pólizas y requisitos técnicos sobre las unidades. El proyecto se encuentra en la etapa de mociones de vía rápida en la corriente legislativa. Los transportistas sostienen que la norma “nivelaría el terreno” y aumentaría la recaudación del Estado. Críticos del enfoque advierten, sin embargo, que la iniciativa nace de los competidores directos del servicio y que endurecer requisitos suele traducirse en menos oferta, menos opciones y tarifas más altas para el usuario. El choque reedita la vieja tensión entre la protección de un gremio tradicional y la libertad de elección del consumidor frente a la innovación.

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El Banco Central de Costa Rica reconoció que usó la figura de “funcionario de hecho” para adoptar su decisión de política monetaria del 21 de mayo, cuando mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3,25% pese a estar formalmente desintegrado. La Junta Directiva perdió a uno de sus integrantes el 8 de mayo, al vencer el nombramiento del director Max Soto, pese a lo cual el presidente del ente, Róger Madrigal, presentó la votación como “unánime”. El BCCR justificó la maniobra en los artículos 115 a 119 de la Ley General de la Administración Pública, alegando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público. El Consejo de Gobierno ya remitió a la Asamblea los nombramientos pendientes: la reelección de Soto y la designación del exministro de Hacienda Rudolf Lücke como sexto director, una plaza vacante desde la reforma de 2019. Mientras los diputados resuelven, el Banco podría seguir operando bajo esa figura excepcional. El episodio expone la fragilidad institucional de un órgano que debería ser ejemplo de autonomía y reglas claras.

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El presidente Donald Trump canceló el ataque que había prometido lanzar contra Irán esa misma noche, asegurando que las “conversaciones al más alto nivel” fueron aprobadas “en concepto y en gran detalle” por las partes. El giro llegó horas después de que el mismo Trump amenazara por la mañana con golpear “muy duro” a Irán y con tomar el control de su industria petrolera, incluida la terminal de la isla de Kharg. Pese al anuncio, la Casa Blanca aclaró que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes se mantendrá hasta que el acuerdo se firme. Un funcionario iraní vinculado a las conversaciones matizó que Teherán aún no ha aceptado ningún marco definitivo. El episodio cierra una semana de ataques cruzados que volvió a acercar a Medio Oriente a una guerra abierta. Los mercados leyeron el anuncio como una señal de desescalada tras meses de tensión.

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