🌞 Buenos días Costa Rica, el panorama político quedó amarrado tras el cierre del TSE con Pueblo Soberano asegurando 31 curules y mayoría absoluta. Mientras tanto, los diputados salientes tienen reloj encima hasta el 30 de abril, con una agenda cargada de proyectos como Ruta Uno, Crucitas y reformas al Reglamento, además de nombramientos pendientes y más de 36 investigaciones que todavía no aterrizan en Plenario. En lo económico, el Banco Central y economistas advierten que el país entra a una fase de menor crecimiento, con empleo estancado y señales inquietantes en transnacionales —incluida la presión por el tipo de cambio— justo cuando la próxima administración tendrá menos margen fiscal. Y en energía, Recope alertó que la escalada en Medio Oriente y el riesgo sobre el Estrecho de Ormuz ya movieron los mercados, con alzas de referencia de hasta 7,8%–8,8%, un shock que podría trasladarse con rezago a los precios de combustibles en el país.

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Los actuales 57 diputados tienen hasta el 30 de abril para cerrar su periodo, antes de que una nueva Asamblea entre el 1 de mayo, y en la corriente legislativa siguen acumulados proyectos, designaciones y comisiones investigadoras. Pilar Cisneros enumeró como pendientes iniciativas como Ruta Uno, Crucitas, el tren metropolitano, la ley de radio y televisión, medidas contra robo de combustible, reformas al sistema penitenciario, la Marina de Limón y Ciudad Gobierno, además de cambios al Reglamento legislativo para trabajar más en comisión, ampliar plazos de dictamen y sesionar los viernes. Vanessa Castro puso el énfasis en proyectos de seguridad y señaló que algunos temas, aunque urgentes, podrían tener un avance complejo en el tiempo restante, mientras insistió en “blindar” lo relacionado con Ruta Uno. En nombramientos, la Comisión de Nombramientos ya no tiene procesos pendientes, pero en Plenario quedan votaciones como las magistraturas suplentes de Sala III y el nombramiento de nueve magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. En paralelo, hay cerca de 36 investigaciones abiertas en comisiones, con temas que van desde proselitismo en centros educativos e injerencias en instituciones públicas hasta asuntos de agua y ambiente. La comisión sobre presuntas irregularidades en la CCSS ya concluyó con dos informes, y queda pendiente que se fije fecha para discutirlos en el Plenario.

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El Tribunal Supremo de Elecciones cerró el escrutinio definitivo el viernes 27 de febrero, despejando la asignación final de las 57 curules al completarse provincias como Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. La distribución final queda con Pueblo Soberano (31), Liberación Nacional (17), Frente Amplio (7), y 1 para Coalición Agenda Ciudadana y 1 para la Unidad Social Cristiana, confirmando la proyección publicada por La Nación. Con eso, el oficialismo asegura una mayoría absoluta en el Congreso, aunque no llegó a las 32 curules que algunos anticipaban, y el PLN se mantuvo en 17 pese a expectativas de movimientos al cierre. A nivel provincial, destacan los márgenes en Puntarenas y Limón, donde Pueblo Soberano capturó 4 de 6 y 4 de 5 escaños, respectivamente, además de dominar Guanacaste con 3 de 5. El TSE recordó que la asignación se define por cociente y subcociente provincial, y que el recuento abarcó 7.063 juntas receptoras de votos para cerrar el resultado definitivo.

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Según un reporte del Financial Times, Israel habría montado durante años una operación de inteligencia en Teherán enfocada en el círculo de seguridad del ayatolá Ali Khamenei, que culminó con su muerte en un ataque el sábado. La investigación sostiene que se intervinieron cámaras de tráfico para transmitir video en tiempo real a servidores en Israel, permitiendo rastrear rutas, estacionamientos y rutinas de guardaespaldas y conductores. En paralelo, se habrían afectado torres de telefonía para que los teléfonos del equipo de seguridad parecieran ocupados, reduciendo la capacidad de respuesta y coordinación ante alertas. La coordinación habría involucrado a la Unidad 8200 (señales e interceptación) y el Mossad (red humana), construyendo un “patrón de vida” con horarios y vulnerabilidades, mientras Reuters reporta que un informante aportado por la CIA ayudó a confirmar la presencia del líder y su entorno antes del ataque.

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El presidente Rodrigo Chaves Robles anunció la apertura de una oficina comercial de ProComer con rango diplomático en Jerusalén, durante un acto en el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. El gobierno plantea que la decisión busca fortalecer vínculos comerciales, atraer inversión tecnológica y profundizar la cooperación bilateral con Israel. El anuncio se dio al recibir el Premio Tikvá, presentado como un reconocimiento asociado a vida, continuidad y esperanza, y se mencionó que Keren Kayemet LeIsrael entregó un certificado por la siembra de 18 árboles en su honor. Chaves insistió en que la oficina no se revertirá pese a críticas y dijo que ya recibió mensajes pidiéndole “echar eso para atrás” por el contexto de la guerra con Irán, pero que no lo hará. También sostuvo que las relaciones entre Costa Rica e Israel no se van a debilitar, sino que se fortalecerán con esta decisión.

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En Corte Plena, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez presentó su informe de labores 2025 y recibió un reclamo frontal del magistrado Fernando Cruz, quien le reprochó que desde 2022 no haya concretado un reglamento para nombrar fiscales por concursos, dejando —según su crítica— un margen excesivo de discrecionalidad. Cruz afirmó que sin reglas institucionales se abren espacios a subjetividades, sesgos y criterios no uniformes, y que “institucionalmente” una sola persona no debería tener una potestad tan amplia para definir nombramientos en todo el país. Díaz respondió que el documento está en “últimas diligencias” y justificó la demora diciendo que no son expertos en Derecho Administrativo, además de negar que hubiera prometido tenerlo listo en seis meses. También sostuvo que los nombramientos no responden a su criterio personal, sino que en gran medida han sido escogidos por fiscales adjuntos en concursos, y que él ha intervenido en algunos casos para no nombrar personas con cuestionamientos por información que otros no tenían. La tensión escaló cuando el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, pidió a Cruz “concretar” por tiempo, y el magistrado reaccionó molesto, defendiendo que su intervención era parte del control que debe ejercer sobre la Fiscalía.

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Docentes, pescadores y camaroneras confrontaron a Claudia Dobles durante su gira en Esparza, atribuyéndole pérdida de empleo y afectaciones económicas en Puntarenas, con reclamos directos en el encuentro. El foco fue el veto total de Carlos Alvarado Quesada en 2020 al proyecto que buscaba reactivar la pesca de arrastre bajo nuevas condiciones, además de señalamientos sobre episodios como el caso de Alunasa y una supuesta desatención del gobierno anterior. El contexto es que la pesca de arrastre fue prohibida en 2013 por la Sala Constitucional, y el expediente 21.478 avanzó en el Congreso antes de ser vetado por falta de evidencia técnica y científica concluyente sobre sostenibilidad. Dobles reconoció que hubo preocupación por la transición incompleta del sector pesquero tras esas decisiones y dijo estar abierta a escuchar y a promover una agenda enfocada en recuperar empleo y desarrollo en Puntarenas. El episodio se suma a otros recibimientos tensos reportados previamente en Limón durante la misma gira.

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María Corina Machado dijo en un video que regresará a Venezuela “en pocas semanas” tras cerca de tres meses fuera del país, y pidió a los venezolanos alistarse para una “nueva y gigantesca victoria electoral”. El anuncio ocurre en un contexto político extraordinario: tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero, Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina, mientras figuras del antiguo oficialismo han calificado a Machado de “prófuga” y la acusan de promover una intervención extranjera. Durante su exilio, Machado se movió principalmente entre Estados Unidos y Europa, con reuniones con Donald Trump, Marco Rubio y otros actores políticos, y ha insistido en que su retorno buscaría empujar una transición democrática con acuerdos de gobernabilidad. También reiteró que su objetivo es “cobrar” la victoria opositora asociada al ciclo electoral de 2024 y llegar para organizar el trabajo político en la etapa de transición.  

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Rodrigo Chaves afirmó que aplaudiría si Laura Fernández decide mantener a Leonardo Sánchez como ministro de Educación, al calificar su gestión como “excelente”, aunque subrayó que la decisión será exclusiva de la presidenta electa. Fernández indicó que las conversaciones sobre gabinete se darán hasta abril, mientras revisa el desempeño del equipo actual, programas y metas, y dijo que aún no ha tenido reuniones específicas para valorar la continuidad de Sánchez. Hasta ahora, Fernández ha expresado interés en conservar a Manuel Tovar (Comercio Exterior), Gerald Campos (Justicia y Paz) y Yorleni León (IMAS), pero aseguró que no ha iniciado procesos formales de reclutamiento ni entrevistas. En el MEP, Sánchez lleva un año en el cargo tras la renuncia de Anna Katharina Müller y su gestión incluye ajustes como reducir el tamaño máximo de grupos (preescolar 18, primaria 25, secundaria 25) mediante la resolución MEP-0248-2026. También impulsó cambios en evaluación y conducta, reglas de presentación personal, eliminó el arrastre de materias aplicado por una década y anunció regulaciones sobre el uso de celulares en centros educativos.

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El Banco Central proyecta que el PIB seguirá creciendo, pero a un ritmo menor que en el periodo reciente: 2025 cerró en 4,6%, y para 2026–2027 se anticipa una desaceleración hacia 3,8% y 4,0%, respectivamente, impulsada por una menor demanda externa y salidas/recortes como Intel y Qorvo. Economistas advierten que el crecimiento está concentrado en pocas actividades, mientras sectores intensivos en mano de obra como agro y construcción muestran debilidad, lo que agrava el reto de que el avance económico llegue más allá del Valle Central. En transnacionales, se encienden alertas por incertidumbre global, ajustes de operación y una preocupación central por el tipo de cambio, que —si se mantiene desalineado— puede deteriorar finanzas empresariales y frenar inversión. En empleo, el propio Banco Central reconoce rezagos: pese a más población en edad de trabajar, la ocupación habría caído interanualmente, con cifras que apuntan a unas 134.000 personas ocupadas menos (comparando trimestres móviles equivalentes), especialmente en puestos de menor calificación. Hacia 2027 volvería un escenario fiscal más restrictivo por la relación deuda/PIB otra vez por encima del 60% al cierre de 2025, mientras la recaudación no crece al ritmo esperado porque parte del crecimiento se concentra en zonas francas, reabriendo el debate sobre eficiencias del Estado, financiamiento y prioridades como deuda con la CCSS, educación y redes de cuido.

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La Defensoría de los Habitantes pidió a las juntas directivas del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular fortalecer las contralorías de servicios para mejorar la atención de denuncias por fraudes electrónicos y transacciones no autorizadas. En un informe final, calificó la situación como grave y advirtió un vacío normativo en la protección específica del consumidor financiero en Costa Rica. El ente señaló que, aunque la ley 9158 les asigna tramitar quejas y actuar como mediadoras en defensa del usuario, en la práctica estas oficinas no siempre dependen de Junta Directiva sino de gerencias, lo que debilita su independencia funcional. También alertó por plazos de investigación que pueden superar 120 días naturales y pidió procedimientos más claros, alineados con supervisores, además de resoluciones que incluyan elementos técnicos y la bitácora informática del incidente para respaldar el derecho de defensa y facilitar investigaciones del OIJ. Entre las recomendaciones, solicitó reordenar la estructura para blindar la autonomía de estas contralorías y dotarlas de recursos técnicos, financieros y humanos suficientes, en un contexto donde las estafas y delitos informáticos siguen en aumento.

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Las exportaciones de Costa Rica sumaron $1.512 millones en enero, un aumento de $41 millones frente al mismo mes de 2025, equivalente a un crecimiento del 3%, según cifras de Comercio Exterior y Procomer. El impulso lo marcó la manufactura avanzada, con dispositivos médicos al frente con $637 millones, seguida por el sector agrícola con $252 millones y la industria alimentaria con $203 millones. En agro, los rubros más fuertes fueron piña ($96 millones) y banano ($51 millones), además de jarabes y concentrados para bebidas ($46 millones) y café oro ($30 millones). Por regiones, el principal destino fue América del Norte ($688 millones), seguida de Europa ($310 millones) y América Central ($286 millones), con Asia en $127 millones. Las autoridades plantean que la prioridad ahora es diversificar mercados y reducir dependencias, combinando facilitación de comercio, atracción de inversión y mejor uso de acuerdos comerciales para amortiguar la volatilidad externa.

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Recope alertó que los ataques y tensiones en Medio Oriente están elevando la incertidumbre en el mercado petrolero y podrían traducirse en alzas de precios que terminarían llegando a Costa Rica. La presidenta de la institución, Karla Montero, puso el foco en el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica por donde transitan cerca de 20 millones de barriles diarios, equivalente a una porción relevante del consumo mundial y del comercio marítimo de crudo. Según Montero, cualquier expectativa de afectación a esa vía dispara la preocupación de los mercados y presiona precios, y señaló que el 2 de marzo los marcadores de referencia del crudo subieron entre 7,8% y 8,8%, con picos mayores ante temores de interrupciones. El impacto final dependerá de cuánto dure la disrupción y de si otros productores pueden compensar la oferta, además de reportes de daños a buques que elevarían el riesgo. También advirtió que el encarecimiento de seguros, transporte y logística puede empujar los precios aún más. Costa Rica, al importar todo el petróleo y derivados (principalmente desde Estados Unidos), sentiría el efecto con rezago, conforme se apliquen los ajustes ordinarios del esquema regulatorio.

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