🌞 Buenos días Costa Rica, la recta final electoral se calienta con números que apuntan a un dominio amplio del PPSO en la Asamblea, según OPol, con ventajas contundentes en provincias clave y escenarios donde el oficialismo podría capitalizar la dispersión opositora. En esa línea, Laura Fernández y Pilar Cisneros están empujando fuerte el mensaje de una bancada de 40 diputados para destrabar agenda, mientras el gran comodín sigue siendo el alto porcentaje de indecisos que puede mover curules a última hora. Del lado de la CAC, el debate fiscal se enciende porque el plan de Claudia Dobles es señalado por un hueco de ¢1,5 billones entre más gasto prometido y recaudación adicional proyectada, un punto que pega directo en confianza económica y gobernabilidad. Y en seguridad financiera, Juan Carlos Hidalgo le reabrió el flanco a Dobles por la Ley de Usura, alegando que dejó a muchos sin crédito formal y empujó hacia el “gota a gota”, prometiendo reformarla o incluso derogarla si llega al poder.

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La encuesta de OPol Consultores (25–27 de enero, 3.224 entrevistas) proyecta que el PPSO se llevaría la mayor tajada de curules, con ventajas especialmente amplias en provincias costeras. En San José, el PPSO marcaría 55,39% entre decididos y obtendría 10 diputados, mientras que PLN (12,39%) y Frente Amplio (14,24%) pelearían el resto, con dos curules en disputa entre FA, PLN, PUSC y Nueva República. En Alajuela, el PPSO aparece con 62,94% y 8 diputados, dejando un último escaño en disputa entre Avanza, Nueva República y el propio PPSO. El patrón se intensifica en Puntarenas (78,83%) y Limón (84,63%), donde el PPSO prácticamente “barre” y los demás partidos apenas compiten por espacios marginales, mientras en Cartago la competencia se abre un poco con PLN (17,04%) y Actuemos Ya (10,19%) disputando un escenario menos monocolor.

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A pocos días de las elecciones, Laura Fernández y Pilar Cisneros intensificaron cierres de campaña en Zarcero, Naranjo y Atenas con un objetivo explícito: movilizar votantes y apuntalar una bancada de 40 diputados para destrabar y empujar proyectos prioritarios. Cisneros argumentó que esa meta permitiría avanzar iniciativas como empleo juvenil, jornadas laborales flexibles y la conclusión de la Ruta 1, hoy frenada en la Asamblea Legislativa. El impulso se apoya en números del CIEP-UCR, donde Fernández aparece con 44% entre votantes y el PPSO con 29,5% en el Congreso, por encima de PLN (9,2%) y Frente Amplio (8,3%). Aun así, el 39,6% de indecisos mantiene abierta la repartición final de curules, por lo que el oficialismo apuesta a convertir intención en voto efectivo. 

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Según el analista Mario Quirós, Claudia Dobles tendría asegurada su diputación y el PAC, ahora arropado en la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), podría volver a Cuesta de Moras con hasta cinco curules tras quedarse en blanco en 2022. Los datos recientes del CIEP le atribuyen a Dobles 8,6% de intención de voto presidencial entre decididos y 3,9% del padrón en la papeleta legislativa, base que permitiría rescatar representación en el Valle Central. La proyección mencionada ubica el potencial reparto en al menos dos diputaciones en San José, más una en Heredia, una en Cartago y una pelea por Alajuela, mientras en provincias costeras el desempeño sería limitado. Quirós señala que la fragmentación opositora —partidos moviéndose entre 1,5% y 2,8% del padrón legislativo— puede favorecer al oficialismo por el cociente y subcociente, abriendo a la vez espacios para que la CAC sume por “rebote” si otros no alcanzan el umbral. Además del músculo legislativo, el retorno a la Asamblea también implicaría acceso a deuda política, un factor relevante para enfrentar obligaciones financieras que arrastra el partido.

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El plan de gobierno de Claudia Dobles (CAC) plantea una brecha fiscal cercana a ¢1,5 billones al comparar el aumento de ingresos esperado con el incremento de gasto propuesto para 2026–2030. El programa proyecta elevar la recaudación en 1,5% del PIB hacia 2030 (más de ¢800.000 millones en colones actuales) sin nuevos impuestos, apoyándose en fiscalización, tecnología, cruces de información y operativos de la Policía de Control Fiscal. Pero, en paralelo, propone aumentos de gasto en educación (+1,15% del PIB), seguridad y justicia (+0,60%), inversión social (+0,60%) e infraestructura hasta llevarla a 3% del PIB, sumando cerca de 4,15% del PIB (más de ¢2,3 billones), lo que deja una brecha de 2,65% del PIB. También incluye medidas como salir del FLAR y trasladar recursos al IVM de la CCSS, además de prometer 100.000 nuevas pensiones no contributivas, sin detallar cómo se financian o si son recursos permanentes. El documento, aunque fija metas como mantener superávit primario y bajar la deuda a 54% del PIB en 2030, no cuantifica ahorros por cierres o fusiones, recortes específicos, ni el costo de eventuales mejoras salariales para funcionarios bajo salario global.

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La Asamblea Legislativa cerró el periodo de sesiones extraordinarias —el último en el que el Ejecutivo de Chaves Robles definía la agenda— con apenas 7 proyectos aprobados en total y solo 1 en enero, tras decidir irse a receso en la antesala electoral. En noviembre, el foco estuvo en el Presupuesto 2026 aprobado en segundo debate y en la reforma a la Ley de Extradición. En diciembre se aprobaron cuatro iniciativas, incluyendo el cuarto presupuesto extraordinario y una reforma para bajar el precio de los medicamentos, además de dos benemeritazgos. En enero, lo único que avanzó a segundo debate fue la Ley contra el Sicariato, con penas de hasta 40 años por homicidios por encargo, mientras otros tres expedientes quedaron en primer debate pendientes de votación definitiva. Con el regreso el lunes arrancan las sesiones ordinarias —donde el Directorio fija la agenda— y ya asoma la vía rápida de jornadas excepcionales de 12 horas desde el 10 de febrero, en un cierre de cuatrienio que promete choques por temas como Crucitas y reformas sin consenso.

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En el Debate Final de Canal 7, Juan Carlos Hidalgo (PUSC) confrontó a Claudia Dobles (CAC) por la Ley de Usura aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado, que impuso topes máximos a las tasas de interés y que, según él, dejó a muchas familias fuera del crédito formal y las empujó al financiamiento “gota a gota”. Hidalgo recordó que la iniciativa fue impulsada por Welmer Ramos (PAC) y pidió a Dobles precisar qué cambios haría ante el crecimiento de esos préstamos informales. Dobles respondió enfocándose en el alto costo de la vida y la falta de acceso a créditos pequeños (como ¢100.000–¢200.000), proponiendo mecanismos de financiamiento, un fondo de alivio para consolidación de deudas y más empleo, sin mencionar reformas a la ley. Tras eso, Hidalgo la criticó por plantear más subsidios y gasto y prometió reformar o incluso derogar la normativa si fuese necesario. La discusión se da bajo el argumento de que los topes, desde 2020, habrían excluido a miles del sistema financiero formal, abriendo espacio a prestamistas informales con tasas sin control y métodos de cobro violentos vinculados al crimen organizado.

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La OEA inició su misión de observación del proceso electoral de Costa Rica 2026, encabezada por Ope Pasquet, exsubsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay. Pasquet recordó que la primera misión electoral de la OEA fue en Costa Rica en 1962 y que desde entonces se han realizado cerca de veinte con conclusiones similares sobre respeto a la voluntad popular, elecciones libres y conteo honesto de votos. Aun así, advirtió que el contexto político actual presenta rasgos distintos a procesos anteriores, con nuevos desafíos y tensiones, por lo que la misión sostendrá reuniones con actores políticos y candidatos presidenciales para escuchar “todas las voces”. La OEA aseguró que su evaluación será técnica, rigurosa e imparcial, y que cerrará con un informe final. El analista Carlos Murillo señaló que la presencia de observadores internacionales refuerza la credibilidad y confianza del proceso y ayuda a evitar cuestionamientos sobre la solidez del sistema electoral.

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La diputada María Marta Carballo anunció que votará por Laura Fernández y llamó a la ciudadanía a respaldarla este 1.º de febrero, argumentando que su prioridad es defender el sistema de salud y reducir las listas de espera. Carballo dijo que su decisión se centra en la urgencia sanitaria, señalando que más de 1,2 millones de costarricenses esperan atención de especialidades y que, según su afirmación, cada cinco horas muere una persona en lista de espera. También repasó su trayectoria y gestión legislativa, asegurando haber presentado más de 67 proyectos y que 18 ya son ley, incluyendo iniciativas para bajar el precio de los medicamentos y reducir beneficios carcelarios a delincuentes peligrosos. Explicó que se distanció del PUSC tras ser apartada del proyecto nacional y provincial por diferencias sobre el levantamiento de inmunidad del Presidente, y que se mantuvo al margen de la campaña sin atacar a nadie. Al justificar su apoyo, destacó propuestas atribuidas a Fernández como mejorar remuneraciones para atraer especialistas, alianzas con universidades y sector privado, un examen único para especialistas y ajustes en la regionalización para acelerar la atención.

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