🌞 Buenos días Costa Rica, el nuevo mapa de poder se sigue acomodando en Cuesta de Moras: Nogui Acosta suena para presidir la Asamblea Legislativa mientras Pueblo Soberano, con 31 diputados, tiene la llave del Directorio y negocia cómo convertir esa mayoría en control efectivo. En paralelo, Pilar Cisneros asegura que el conteo manual del TSE podría corregir “inconsistencias” y darle al oficialismo 1–2 curules adicionales, especialmente por residuos en provincias como Puntarenas y Guanacaste. En lo económico, Moody’s ve que el dominio del Ejecutivo y una mayoría legislativa permitirían empujar reformas fiscales y financieras, incluyendo flexibilizar el endeudamiento externo y reactivar la discusión sobre la venta del BCR y Bicsa. Y mientras la política acelera, el Banco Central prende una luz amarilla: no se está creando empleo y el país produce más con menos trabajadores, con una caída interanual de 134.000 ocupados en el trimestre móvil setiembre–noviembre, pese a que el PIB acumula cerca de 20% de crecimiento desde 2019.

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El exministro de Hacienda Nogui Acosta empezó a tomar fuerza como posible candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, en medio de negociaciones para conformar el nuevo Directorio. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes políticas indican que su nombre está siendo valorado en un contexto donde el oficialismo busca consensos y equilibrios entre fracciones. El factor decisivo es que Pueblo Soberano tendría 31 diputados, lo que le daría la llave del Congreso y la posibilidad de liderar el Directorio durante cuatro años si mantiene unidad y disciplina interna. Analistas señalan que el reto no es jurídico sino político, porque sostener una bancada grande cohesionada será la prueba real del control legislativo. En paralelo, la diputada electa Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) mencionó a Acosta como una opción en discusión y afirmó que su fracción buscará incidir en comisiones y proyectos usando el reglamento para empujar una agenda de competitividad.

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La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, afirmó que Pueblo Soberano (PPSO) podría sumar uno o dos diputados cuando concluya el escrutinio definitivo de diputaciones del TSE, debido a inconsistencias entre actas de mesa y el sistema preliminar. Según dijo, fiscales del partido han documentado casos donde el TSE registra cero votos para PPSO pese a que las actas muestran cientos (mencionó un ejemplo de 240 votos que aparecerían como cero), y aseguró que las discrepancias que ha visto se repiten en perjuicio del oficialismo. Cisneros planteó que, si se corrigen los datos, el partido podría ganar escaños por el mecanismo de residuos, especialmente en Puntarenas y Guanacaste (y mencionó Limón como posibilidad teórica), pasando de 31 a 32–33 curules. También rechazó versiones de oposición sobre un eventual diputado perdido en Limón, señalando que eso solo se sabrá tras verificar todas las mesas. El TSE, por medio de su vocero Gustavo Román, atribuyó estas discrepancias a errores humanos de digitación o transmisión, que deben corregirse durante el conteo definitivo, mientras PPSO dice mantener fiscales acreditados para revisar voto por voto y acta por acta.

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Tras la cuarta derrota presidencial consecutiva del PLN, Álvaro Ramos dijo que valora asumir la presidencia del partido para mantenerse vigente e impulsar una coordinación más estrecha con la fracción legislativa entrante de 17 diputados. En una entrevista en Teletica Radio, afirmó que en el corto plazo su prioridad será colaborar con esa bancada y, si toma el control partidario, avanzar con una reorganización interna colocando gente de confianza en puestos clave de dirección. Aunque Liberación cayó en lo presidencial, el partido conservará el principal bloque opositor en Cuesta de Moras, perdiendo solo dos curules frente al período actual. El analista Daniel Calvo interpretó ese desempeño legislativo como “voto prestado” y advirtió que sería engañoso leerlo como respaldo sólido, atribuyéndolo al “voto útil” de los últimos días de campaña. Según datos provisionales del TSE, Laura Fernández ganó con cerca de 48%, mientras Ramos rondó el 33%, en un escenario donde parte del electorado habría concentrado el voto opositor entre varias candidaturas.

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OPol Consultores afirmó que sus mediciones proyectaron de forma consistente que Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano lideraría la intención de voto y tenía altas probabilidades de ganar en primera vuelta. Con base en datos preliminares del TSE, la candidata habría obtenido alrededor de 48,3%, superando el umbral del 40% para evitar una segunda ronda. La firma sostiene que ese desenlace coincidió con la tendencia mostrada por sus encuestas en las semanas previas, donde el liderazgo de Fernández se mantenía estable. Su director, Mauricio Muñoz, atribuyó la precisión a rigor metodológico, capacidad analítica y modelos estadísticos enfocados en capturar el comportamiento del electorado en un escenario “fragmentado”. OPol añadió que trabajó con muestras amplias de votantes decididos y que desde octubre de 2025 ya colocaba a Fernández con ventaja, incluyendo la posibilidad de cerrar la elección sin balotaje.

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La Corte Plena acordó suspender nuevamente al director del OIJ, Randall Zúññiga López, en el marco de un proceso administrativo disciplinario en su contra. La votación quedó dividida entre 13 magistrados que respaldaron una suspensión de tres meses y 8 que preferían un mes, pero prevaleció el plazo más largo. El argumento central es proteger la objetividad, independencia e integralidad de la investigación que lleva el Tribunal de la Inspección Judicial, facilitando la recopilación de pruebas y diligencias “con debido proceso”. La separación del cargo busca evitar interferencias que puedan afectar el curso del expediente. Mientras rige la medida, la Corte asegura que el OIJ seguirá operando con normalidad en allanamientos, detenciones y operativos.

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Otto Guevara respaldó la propuesta del gobierno entrante de vender el Banco de Costa Rica (BCR) como vía para fortalecer el régimen de pensiones de la CCSS, y sostuvo que la venta debe hacerse aunque el banco sea sólido. Argumentó que el Estado no debería operar negocios propios del sector privado y pidió hacerlo rápido para evitar una eventual pérdida de valor, insistiendo en que las empresas estatales no igualan la eficiencia de las privadas. También cuestionó que parte de la “fortaleza” del BCR provenga de ventajas estatales, como el manejo de fondos públicos y la garantía del Estado a los ahorrantes, lo que a su juicio distorsiona la competencia. Extendió la idea a una agenda de desinversión que incluiría FANAL, la cartera de seguros comerciales del INS, la marca Kölbi del ICE, SINART y Correos de Costa Rica. Finalmente, afirmó que vender el BCR podría atraer nuevos actores y pidió revisar regulaciones para reducir trabas y costos que dificultan más competencia en el sistema financiero.

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Moody’s señaló que el triunfo de Laura Fernández y una bancada preliminar de 31 diputados de Pueblo Soberano podría fortalecer la capacidad del gobierno entrante para aprobar reformas fiscales y financieras clave. La calificadora sostiene que ese peso legislativo podría reducir el estancamiento que por años ha frenado políticas, aunque subraya que el oficialismo no tendría supermayoría (38), lo que moderaría riesgos institucionales. En el informe, Moody’s menciona como prioridad potencial una reforma para dar mayor flexibilidad al endeudamiento externo, hoy sujeto a aprobación legislativa, con el objetivo de aliviar riesgos de liquidez y apoyar la fortaleza fiscal. También destaca que la venta del BCR y de su subsidiaria panameña Bicsa podría ganar impulso bajo este nuevo escenario político. Además, anticipa que la estabilidad política seguiría respaldando inversión en el sector de telecomunicaciones.

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El ingeniero Andrés Pozuelo criticó el modelo de zonas francas como eje del desarrollo, argumentando que pueden servir como “parche” pero no como solución estructural para salir del subdesarrollo. Señaló que su éxito suele convivir con un resto de economía “enferma” por impuestos altos, energía cara, regulación hostil y fallas logísticas, por lo que los incentivos terminan ocultando —no resolviendo— el problema de competitividad país. Aunque reconoció su aporte en empleo y exportaciones, advirtió que funcionan como enclaves con pocos encadenamientos con pymes, baja transferencia de productividad y escasa creación de propiedad intelectual local. También alertó sobre una dualidad económica entre un sector moderno bien pagado y otro sector nacional asfixiado por trámites, monopolios e impuestos, lo que —según su tesis— distorsiona el sistema productivo. Como alternativa, propuso “reglas francas para todos”: renta baja y simple, energía competitiva, infraestructura que reduzca costos, educación técnica alineada a la producción, apertura comercial real y un Estado más pequeño en lo productivo pero fuerte en lo esencial.

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El presidente del BCCR, Roger Madrigal, describió un fenómeno inusual: crece la población en edad de trabajar, pero cae la cantidad de personas ocupadas, mientras la economía sigue produciendo más. Entre el trimestre móvil setiembre–noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la población de 15+ subió en torno a 50.000, pero los ocupados bajaron de 2.352.655 a 2.218.696 (unos 134.000 menos), con una caída de la tasa de ocupación de 52,6% a 51,4% y de la participación de 56,7% a 55,1%. Aun así, el BCCR estima que desde 2019 el PIB creció cerca de 20% acumulado, logrando más producción con menos empleados, algo que atribuye a un aumento de productividad (sin evidencia de que sea por más horas trabajadas, según el economista jefe Alonso Alfaro). Entre los factores citados están el envejecimiento —el grupo de 60+ pasó de 10,7% (2010) a 21,7% (noviembre 2025)— y la salida de mujeres del mercado por cuido y labores del hogar, ya que 62,8% de la población inactiva son mujeres y 43,6% reporta obligaciones familiares. Además, Madrigal apuntó a automatización e IA como posibles presiones, y el Informe de Política Monetaria indica que la disminución se concentró en el sector privado y en empleos de calificación media y baja.

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