🌞 Buenos días Costa Rica, la elección del 1 de febrero dejó una señal política clara: la caída del abstencionismo terminó beneficiando más a Laura Fernández fuera de la GAM, incluso en cantones donde se buscaba frenar al oficialismo. En la antesala del nuevo gobierno, Nogui Acosta salió a prometer cero impuestos nuevos y a sacar de la mesa la renta global, apostando a cobrar mejor con más control contra evasión, elusión y contrabando. Mientras tanto, desde el PLN, Álvaro Ramos elevó el tono y advirtió que la oposición podría trabar presupuestos y leyes ordinarias con maniobras parlamentarias si no hay negociación, poniendo desde ya presión sobre la gobernabilidad. Y en salud pública, el Ministerio publicó el RTCR 519-2025 para prohibir vapeadores saborizados, limitar la nicotina a 20 mg/ml y hacer que la norma rija el 6 de agosto de 2026, en medio de cifras que apuntan a un consumo creciente en adolescentes.

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La caída del abstencionismo en las elecciones del 1 de febrero terminó favoreciendo con fuerza a Laura Fernández (PPSO), según datos del TSE y un análisis citado por La Nación. En 34 de 36 cantones donde más subió la participación —con reducciones de 10 a 15 puntos en abstención— Fernández ganó, y solo cayó en Alvarado y Heredia, donde se impuso Álvaro Ramos (PLN). Los llamados a “salir a votar” desde figuras de oposición, incluidos Laura Chinchilla y Óscar Arias, buscaban frenar al oficialismo e impulsar una segunda ronda, pero el efecto terminó siendo el contrario. Con un abstencionismo nacional de 30,07% (el más bajo desde 1998 y casi 10 puntos menos que en 2022), el mayor vuelco ocurrió en cantones fuera de la GAM, especialmente en provincias costeras, donde Fernández obtuvo márgenes amplios. El politólogo Ronald Alfaro (CIEP-UCR) atribuyó el fenómeno a la polarización y señaló que, aunque el PLN también creció con mayor participación, el impulso consolidó una ventaja oficialista ya marcada en zonas rurales y costeras.

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Nogui Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo del PPSO, aseguró que el próximo gobierno de Laura Fernández no impulsará nuevos impuestos ni retomará el debate de renta global, pese a las advertencias de la oposición. La ruta, según Acosta, será combatir evasión y elusión, mejorar la eficiencia de la administración tributaria y “cobrar mejor” antes que abrir otra reforma tributaria. Entre las herramientas mencionó una posible reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para agilizar cobros y recortar plazos que hoy permiten a morosos evitar sanciones por años, además de reforzar aduanas y la lucha contra el contrabando. El mensaje contrasta con iniciativas discutidas en el gobierno de Chaves —como gravar inversiones en el exterior o ampliar el IVA—, pero Acosta insiste en que esas propuestas no volverán en la administración Fernández.

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Álvaro Ramos, excandidato del PLN, advirtió que su bancada y aliados podrían usar “maniobras parlamentarias” para bloquear no solo reformas constitucionales, sino también leyes ordinarias y hasta la aprobación del presupuesto del gobierno de Laura Fernández. Aunque reconoció que con 31 votos la oposición no alcanza para cambios constitucionales, sostuvo que ese bloque sí puede condicionar decisiones clave sobre gasto público y asignación de recursos. En entrevista radial, habló de “trucos” que, según él, se entenderán “cuando los estén viviendo”, y recordó que en la Asamblea anterior se logró restringir el gasto y priorizar amortización de deuda sobre rubros como educación, seguridad y cultura. Ramos dijo que podrían respaldar partidas que consideren prioritarias, pero dejó claro que sin negociación el Congreso podría convertirse en una palanca de presión política y presupuestaria.

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El AyA cesó a Óscar Izquierdo, diputado y jefe de fracción del PLN, alegando una “reorganización administrativa” en la institución, pese a que el legislador tenía un permiso sin goce de salario mientras ejercía en la Asamblea por cuatro años. Izquierdo llevó el caso al plenario y afirmó que no ha cometido faltas en el AyA, por lo que atribuyó el despido a su rol político y denunció una “persecución política” contra él, llegando a calificar al gobierno de “corrupto”. Según se indicó, la medida se apoya en un documento firmado por la gerencia general del AyA y en una reorganización parcial aprobada, divulgada por Trivisión. La denuncia encendió el ambiente legislativo y diputaciones como Dinorah Barquero, Luis Fernando Mendoza y Kattia Cambronero expresaron respaldo a Izquierdo, elevando el pulso con el Ejecutivo. El episodio abre un frente donde se mezclan reformas internas del Estado con la lectura política de represalias en año de transición.

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La ministra de Salud, Mary Munive, confirmó que no continuará en el cargo cuando cierre la actual administración, alegando un balance personal y profesional tras años en una de las carteras más demandantes. Dijo que le tocó asumir “tres sombreros” dentro del Ejecutivo, lo que le generó desgaste físico y emocional, y reconoció estar muy cansada por la carga sostenida. Munive aseguró que seguirá hasta el final para garantizar una transición ordenada, pero no adelantó quién podría sustituirla. La salida vuelve a poner la lupa sobre el perfil que escogerá la presidenta electa Laura Fernández para liderar un ministerio clave, especialmente tras compromisos públicos de nombrar jerarcas idóneos en Salud y Educación. Analistas apuntan a que la decisión debería priorizar capacidad técnica y gestión para enfrentar los retos del sistema de salud pública.

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El Ministerio de Salud publicó el Reglamento Técnico RTCR 519-2025, que prohíbe la venta de líquidos de vapeo con sabores asociados a frutas, postres o dulces y restringe empaques “llamativos” o con elementos lúdicos. La norma autoriza únicamente 16 químicos y todos deben ser con sabor a tabaco, además de vetar cualquier aroma que resulte atractivo para niñas, niños y adolescentes. Fabricantes, importadores y comercios tienen un plazo improrrogable de seis meses para ajustarse, ya que el reglamento se publicó el 6 de febrero y empezará a regir el 6 de agosto de 2026. Entre los cambios se incluye un tope de nicotina de 20 mg/ml (2%), límites de volumen (10 ml con nicotina), y una prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, junto con fiscalización mediante muestreos aleatorios. Salud justificó la medida por el aumento del consumo, citando que 1 de cada 10 adolescentes (12–17) usa vapeadores según el IAFA, y que la CCSS reporta un salto de 13 casos en 2021 a más de 4.500 asociados al vapeo.

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