🌞 Buenos días Costa Rica, el TSE oficializó a Laura Fernández como presidenta electa y arrancó el conteo regresivo hacia el 8 de mayo, mientras el Ministerio de Hacienda advierte que las necesidades de financiamiento del Gobierno suben 20% en 2026 por un mayor servicio de la deuda y un gasto que se estiró tras el breve respiro de la regla fiscal, con recortes de vuelta en 2027 al regresar la deuda/PIB por encima del 60%. En el frente diplomático, el país movió ficha grande al postular oficialmente a Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la ONU (2027–2031), buscando proyectar influencia en un momento de alta tensión global. Y en el Poder Judicial, el fiscal general Carlo Díaz dejó en suspenso si buscará reelección.

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El gobierno de Costa Rica presentó oficialmente ante Naciones Unidas la candidatura de Rebeca Grynspan para la Secretaría General de la ONU en el período 2027–2031, mediante una nota diplomática firmada por Rodrigo Chaves. Cancillería sostuvo que la organización atraviesa un momento crítico y que Grynspan combina autoridad política, experiencia de gobierno y liderazgo multilateral, asegurando además respaldo institucional y apoyo de fuerzas políticas como señal de consenso. El Ejecutivo resaltó su trayectoria nacional (vicepresidenta y ministra en la administración Figueres Olsen) y su carrera internacional, incluyendo roles de alto nivel en la ONU, el PNUD y la Secretaría General Iberoamericana, además de su liderazgo en UNCTAD como primera mujer y primera centroamericana en el cargo. También subrayó su participación en negociaciones clave como la Iniciativa de Cereales del Mar Negro, asociada a la salida de más de 33 millones de toneladas y efectos en precios internacionales de alimentos. La postulación se articula en tres ejes: fortalecer el rol de la ONU en paz y seguridad, impulsar reformas para mayor eficacia y preparar a la organización para retos futuros, en una contienda donde también figuran Michelle Bachelet, Rafael Grossi e Ivonne Baki.

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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el expediente 24.675 sobre “recuperación sostenible de Crucitas” y un polo de desarrollo en la Región Huetar Norte, alegando falta de fundamentos técnicos sólidos. Tras revisar la propuesta con apoyo de varias unidades académicas, la Dirección del Consejo llevó un acuerdo que fue aprobado por unanimidad (ocho votos a favor, sin abstenciones). La UCR cuestiona la ausencia de un diagnóstico ambiental con datos científicos, la delimitación insuficiente del área afectada por minería ilegal y advierte que el texto podría legitimar actividades extractivas ilegales. En el debate interno, William Méndez Garita sostuvo que no existen estudios serios que respalden lo propuesto, mientras Hugo Amores Vargas lo calificó de no fundamentado ni técnico. El acuerdo será comunicado al Congreso con la recomendación de no avanzar hasta incorporar observaciones, dejando abierta la disposición de la UCR a colaborar con expertos si el texto se replantea.

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El Tribunal Supremo de Elecciones declaró constitucionalmente electa a Laura Fernández Delgado como Presidenta de la República y confirmó a Francisco Ernesto Gamboa Soto y Douglas Soto Campos como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente, para el período que inicia el 8 de mayo de 2026 y concluye el 8 de mayo de 2030. Fernández Delgado será la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica y la segunda mujer en alcanzar el cargo. El TSE indicó que en las próximas semanas anunciará la fecha del acto de entrega de credenciales, que se realizará en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza. La declaratoria se sustenta en los resultados de las elecciones del 1 de febrero de 2026, donde Partido Pueblo Soberano superó el 40% requerido de los sufragios válidos. La resolución N.º 1876-E11-2026 detalla el proceso y los resultados que respaldan la proclamación de las autoridades electas.

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El fiscal general Carlo Díaz Sánchez dijo que aún no ha decidido si postulará su nombre para continuar en el cargo, una decisión que dejaría en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tras su rendición de cuentas anual, destacó operativos e investigaciones contra crimen organizado y narcotráfico junto al OIJ y policías del Ejecutivo, además de cooperación internacional en casos de extradición, incluyendo al exmagistrado Celso Gamboa. En entrevista, respondió cuestionamientos sobre la falta de un reglamento para nombrar fiscales, el avance lento de casos como Cochinilla y Diamante, y las limitaciones por presupuesto y personal. Sobre la presidenta electa Laura Fernández, afirmó que percibe disposición a trabajar con el Ministerio Público y la describió como “una excelente persona” y abierta al diálogo, esperando coordinación con los cuerpos policiales del Ejecutivo. También señaló que decidirá más adelante si sigue, porque el trabajo es “bastante pesado”, aunque dice haber manejado la presión pese a las críticas desde Casa Presidencial.

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Un bloque de organizaciones empresariales solicitó a los diputados rechazar el expediente 24.509, alegando que choca con la Ley 9786 y significaría un retroceso en la protección ambiental y en el Estado de Derecho. La carta fue respaldada por gremios como la UCCAEP, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Cámara de Comercio de Costa Rica, entre otros. Argumentan que el proyecto crearía nueva burocracia y cargas regulatorias sin base técnica, con duplicidades e inseguridad normativa al regular lo que ya cubre la ley vigente. También advierten metas de recuperación arbitrarias, sanciones desproporcionadas y un debilitamiento del marco actual al eliminar la opción de usar resina reciclada, además de obligaciones incompatibles que podrían fomentar la informalidad y golpear inversión y empleo. Por eso piden el archivo del texto y concentrar esfuerzos en aplicar y fortalecer la Ley 9786 con mejores mecanismos y estándares.

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Tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a autorizar que Estados Unidos utilice las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones vinculadas a ataques contra Irán, Donald Trump dijo que buscará “cortar todo el comercio” con Madrid y calificó a España como un “aliado terrible”. La tensión escaló en el marco de la ofensiva iniciada el 28 de febrero de 2026, y Washington también vinculó el choque a la disputa por gasto militar dentro de OTAN, señalando que España no llega al 2% y rechazó subir al 5% del PIB. Desde Madrid, el Ejecutivo defendió que su postura se ajusta a derecho internacional y llamó a desescalada y diálogo, subrayando que los ataques no cuentan con aval de Naciones Unidas. En paralelo, se reportó el traslado de aeronaves estadounidenses desde Rota y Morón tras el veto español, mientras se exploran vías legales y políticas para materializar represalias comerciales en un contexto donde la política comercial de España también pasa por el marco de la Unión Europea. 

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El ministro de Turismo William Rodríguez dijo que le interesa continuar en el cargo cuando arranque en mayo el gobierno de Laura Fernández, aunque evitó confirmarlo como hecho y dejó la decisión “a doña Laura” cuando lo estime oportuno. Justificó su interés en darle continuidad a un “proyecto” de más de cuatro años, con metas como “emparejar la cancha” para que el Caribe y el Pacífico Sur tengan oportunidades comparables al resto del país. También insistió en priorizar turismo de valor en lugar de un crecimiento “sin límite” basado en turismo masivo. En el contexto sectorial, el país cerró 2025 con 2.689.278 llegadas aéreas, apenas 1% más que en 2024 (27.790 adicionales), un ritmo que el ICT ubica como el más bajo de la última década y que mantiene alertas. Además, un análisis citado por la UNA señala que hoteles y restaurantes perdieron 12.181 empleos entre 2019 y cierre de 2025, mayoritariamente ocupados por mujeres, mientras la caída del dólar y su variación acumulada desde 2022 presiona ingresos, especialmente en empresas pequeñas con menos margen para absorber el golpe.

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Las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2026 aumentaron ¢700.000 millones frente al año anterior, un alza de 20%, según datos citados por el Ministerio de Hacienda. El ministro Rudolf Lücke atribuyó el salto a dos factores: un mayor servicio de la deuda, estimado en ¢5,2 billones, y un mayor gasto permitido porque en 2024 la relación deuda/PIB bajó momentáneamente de 60%, lo que relajó la regla fiscal para el presupuesto de 2026. Sin embargo, como en 2025 el país volvió a ubicarse por encima del 60%, Hacienda anticipó que al diseñar el presupuesto de 2027 habrá nuevos recortes al gasto. Para aliviar la presión sobre el mercado local, el Gobierno proyecta financiamiento externo de $290 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica y $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, advirtiendo que si esos créditos no pasan por vía legislativa podría subir la presión interna. En el mercado local, Deuda Pública calcula captar ¢3,9 billones y reportó que ya se obtuvo ¢1,5 billones (40,6%) en lo que va del año.

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