🌞 Buenos días Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado se alistan para una cita el 7 de marzo en Florida convocada por Donald Trump para discutir el “Escudo de las Américas” contra narcotráfico, sicariato y amenazas regionales, con Costa Rica buscando meter minería ilegal en la agenda. En el frente interno, Chaves anunció veto a la Ley de Ejecución de la Pena, reabriendo el choque entre mano dura y reinserción, en un debate donde el Congreso necesitaría 38 votos para imponerse. Mientras tanto, Fernández pidió a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica despachar siete proyectos antes del 30 de abril, con foco en San José–San Ramón, tren eléctrico, expropiaciones, Crucitas y médicos especialistas para la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en lo económico, el Banco Central de Costa Rica proyecta que las zonas francas moderarán su impulso en 2026 (6,1% vs 12,7% en 2025), señalando el golpe de la salida parcial de Intel y la salida total de Qorvo, con una caída prevista en exportación de servicios este año.

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En su primer espaldarazo político, Laura Fernández calificó como “sabia” y unánime la decisión de la fracción oficialista de nombrar a Nogui Acosta como jefe de bancada y a Yara Jiménez como candidata a la presidencia legislativa. Sobre Acosta, resaltó su perfil técnico, conocimiento del Congreso y capacidad de negociación, subrayando que su rol será clave para definir agendas, repartir espacios en comisiones y coordinar con otras bancadas. En el caso de Jiménez, destacó solidez jurídica, carácter firme y liderazgo, afirmando que su eventual elección implicaría un cambio de estilo tras cuatro años con Rodrigo Arias Sánchez al mando. Fernández también presentó la movida como una señal de cohesión interna y un gesto “renovador”, además de remarcar que sumaría a Jiménez al grupo de mujeres que han presidido el Primer Poder. Como detalle aparte, aclaró que la ceniza en su frente era por Miércoles de Ceniza, luego de comentarios de gente que creyó que era un golpe o suciedad.

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Rodrigo Chaves Robles confirmó que fue invitado por Donald Trump a una cumbre el 7 de marzo en Doral, Florida para discutir el “Escudo de las Américas”, una propuesta centrada en seguridad regional y combate al crimen organizado. En la mesa también estarían Nayib Bukele y Javier Milei, y por Costa Rica asistirían además Laura Fernández y el canciller Arnoldo André. Chaves dijo que el plan busca fortalecer cooperación contra narcotráfico, sicariato y otras amenazas, y adelantó que propondrá incluir minería ilegal en la agenda. También mencionó posibles asistentes como Santiago Peña, Daniel Noboa, José Antonio Kast y Nasry Asfura, en un encuentro que reuniría 12 a 13 países alineados en seguridad y política exterior. Tras la reunión, la delegación costarricense prevé viajar a Chile para una actividad vinculada a Kast, como parte de una gira que Chaves enmarcó en un reacomodo regional con foco en mano dura contra el crimen.

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Rodrigo Chaves Robles dijo que le sugeriría a Yara Jiménez —quien suena para presidir el Congreso— aplicar el reglamento para evitar que las sesiones se levanten temprano y mantener a los diputados trabajando hasta las 8 o 9 de la noche. El mandatario enmarcó la idea como “consejos personales”, planteando que el problema ha sido una legislatura “improductiva” marcada por controles políticos excesivos que traban la agenda. En el mismo paquete, lanzó un dardo a Rodrigo Arias Sánchez al afirmar que debería aplicarse el reglamento “como nunca pudo o quiso” hacerlo la actual presidencia legislativa. También elogió a Nogui Acosta, designado para liderar la bancada oficialista de 31 diputados, y vendió la dupla Nogui–Yara como la fórmula para ordenar comisiones, coordinar agendas y acelerar el trámite. El mensaje de fondo es claro: menos tiempo para discursos de fiscalización y más para votaciones, trámite y horas de salón, con una Asamblea que funcione en modo “turno extendido”.

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Laura Fernández anunció un equipo técnico para redactar proyectos de ley y reformas constitucionales orientadas a mover piezas del sistema judicial, incorporando al exministro Juan Diego Castro y al constitucionalista Fabián Volio. Entre las prioridades, planteó reformar la Ley de Usura bajo el argumento de que ha restringido el crédito formal y empujado a más gente a esquemas ilegales tipo “gota a gota”, además de impulsar endurecimiento de penas y cambios a reglas de ejecución para evitar que delincuentes queden en la calle. El grupo se completa con María Lourdes Echandi y Fabián Silva, con la idea de tener textos listos para presentarlos a la próxima Asamblea. Fernández ligó estas reformas a su agenda de gobierno, mencionando proyectos como la Marina de Limón y Ciudad Gobierno, que requerirían ajustes legales desde el arranque. También dijo confiar en una bancada oficialista de 31 diputados y en acuerdos con otras fracciones para pasar de diagnósticos a propuestas. En campaña, además, puso sobre la mesa tocar temas de alto voltaje como magistraturas vitalicias y cambios en prisión preventiva para contener reincidencia violenta.

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Rodrigo Chaves Robles anunció que vetará el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena aprobado en primer debate, pese a que se trabajó por más de dos años y medio con participación de poderes del Estado y el Poder Judicial de Costa Rica. El texto busca ordenar y formalizar reglas sobre cómo se cumplen las condenas (beneficios, traslados, cambios de modalidad y medidas disciplinarias), en un sistema donde hoy muchas decisiones se toman con circulares y criterios administrativos sin anclaje claro en una ley. Chaves sostiene que la propuesta deja artículos favorables para criminales, criticando que un juez de ejecución pueda revertir en la práctica decisiones de un tribunal y que los criterios del Instituto Nacional de Criminología no sean vinculantes, lo que abriría la puerta a liberar a personas contra recomendaciones técnicas; el ministro Gérald Campos también cuestionó el proceso legislativo. Diputadas de oposición respondieron que es una “deuda histórica” y defendieron el modelo de control jurisdiccional con posibilidad de apelación de lo resuelto por el juez de ejecución, con Gloria Navas argumentando que el proyecto no altera penas y sí da marco legal a la etapa posterior a la sentencia firme. Priscilla Vindas insistió en que la norma apunta a dignidad y reinserción (trabajo y estudio) como parte del tratamiento penitenciario, y que para superar el veto se requerirían 38 votos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

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Laura Fernández Delgado solicitó a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica concentrar las últimas semanas del periodo en una agenda corta de siete iniciativas “viables por consenso” antes del 30 de abril, ofreciendo apoyo con reuniones técnicas, giras y comparecencias para acelerar trámites. Entre las prioridades puso la carretera San José–San Ramón (expediente 25.183) con préstamos por $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y €150 millones del OPEC Fund for International Development, en medio de críticas opositoras por la tasa y la promesa del Ejecutivo de renegociarla. También pidió avanzar con el plan de resiliencia climática (COE e inversiones; expediente 24.761) y un apoyo presupuestario (expediente 24.907), ambos ya dictaminados o en ruta tras mociones en comisión. En transporte, defendió un tren eléctrico con proyecciones más conservadoras de demanda (95.000–100.000 usuarios vs 200.000 del proyecto previo) y alertó que una sobreestimación puede convertirse en riesgo fiscal si el Estado termina cubriendo el faltante. La lista se completa con la reforma a la Ley de expropiaciones (24.669) para acortar retrasos en obra pública, el proyecto de Crucitas (24.717) tras el cierre del diferendo con Infinito Gold y con el oro en máximos, y la iniciativa de médicos especialistas (24.015) para reforzar a la Caja Costarricense de Seguro Social en un plenario trabado por 251 mociones.

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Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de Ministerio de Hacienda de Costa Rica, sostiene que la reforma aprobada en 2018 fue parcial y pensada para una emergencia, por lo que siete años después ya no debería esperarse un “nuevo” impulso. Reconoce avances como la reducción de deuda/PIB y un ajuste del gasto, pero subraya que no se materializó el aumento de ingresos que se proyectaba tras los cambios tributarios. Según sus datos, renta cayó como porcentaje del PIB desde 2023 (hasta 3,93% a octubre 2025) y el IVA muestra una trayectoria débil (de 4,07% en 2021 a 3,96% en 2025), con ingresos tributarios totales bajando de 10,92% del PIB en 2021 a 10,54% en 2025. Atribuye parte de la “erosión” a la transformación de pagos y menciona que la masificación de SINPE Móvil habría complicado la capacidad de cobro del IVA, sin culpar al Banco Central de Costa Rica. Del lado del gasto, afirma que el ajuste se concentró en congelamiento salarial y recortes a educación, y advierte que la deuda/PIB habría tendido a estancarse (cita un cierre preliminar de 60,4%), lo que podría llevar a que la regla fiscal se aplique con mayor rigidez en 2027.

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El Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) identificó como riesgo que la cantidad de espacios tipo hangar en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños no será suficiente para cubrir la demanda en el concurso de concesión publicado el 16 de febrero. En SICOP se abrieron 36 líneas, aunque en la terminal existen 95 espacios entre hangares con infraestructura y terrenos para estacionamiento de aeronaves. El ajuste tarifario es el titular: para hangares con infraestructura, la tarifa comercial por m² sube de $2,70 a hasta $5,28 (un alza de 95,56%), y para terrenos pasa de $0,36 a $2,84 por m² (casi ocho veces). Los cánones mensuales van de ¢265.246 a ¢3.412.280, con tarifas que no se actualizaban desde 2008 (y en terrenos desde 2012), bajo una metodología que busca cubrir mantenimiento, administración e infraestructura estatal y “mejores prácticas” inmobiliarias aeroportuarias. La recepción de ofertas inició el 17 de febrero y el proceso cierra el 17 de marzo a las 8 a.m., abriendo competencia para operadores comerciales y empresas en certificación aeronáutica.

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El Banco Central de Costa Rica proyecta que el régimen especial (donde se contabiliza la producción de zonas francas) crecerá 6,1% en 2026, muy por debajo del 12,7% estimado para 2025, según su Informe de Política Monetaria. La explicación oficial es una moderación por demanda externa y una menor oferta exportable de servicios de transformación, en un contexto donde ya se había señalado el efecto de la salida parcial de Intel y la salida total de Qorvo. Con ese ajuste, la exportación de servicios pasaría de crecer 2,6% en 2025 a caer 1,3% en 2026, mientras que la exportación de bienes seguiría aumentando pero a un ritmo menor (7,5% vs 13,3%). Para el resto de la economía (régimen definitivo), el Banco Central prevé un crecimiento de 3,3% y, en conjunto, un PIB de 3,8% en 2026. El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, defendió que esto es una normalización tras años de tasas muy altas, mientras Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), por voz de Ronald Lachner, advirtió sobre costos de energía, cargas sociales, infraestructura logística y digital, escasez de talento y la apreciación del colón como frenos a la competitividad.

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Uccaep advirtió a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que si el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) deja de funcionar como pensión complementaria y se usa como “ahorro personal” para consumo rápido, pierde sentido mantener una obligación patronal. La organización recordó que el trabajador aporta 1% del salario, mientras el empleador pone 3,25%, y que ese aporte no es voluntario: está ligado a una finalidad previsional como complemento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En un oficio firmado por Maritza Hernández, cuestionó propuestas que permitirían retirar los fondos en 18 meses o menos, alegando falta de estudios técnicos y posibles efectos en el sistema financiero, crédito e inversión institucional. También advirtió que un retiro acelerado podría aumentar la vulnerabilidad en la vejez y trasladar presión al IVM, por lo que pidió preservar la naturaleza del régimen, introducir gradualidad, definir excepciones acotadas y sostener cualquier cambio con evidencia. Aunque una mesa de trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales de Costa Rica discute cuatro proyectos, el texto señala que hay impulso político por cambiar reglas pese a la oposición de Banco Central de Costa Rica, Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y operadoras, con un segundo encuentro fijado para el 23 de febrero.

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