🌞 Buenos días Costa Rica. La presidenta Laura Fernández llegó este lunes a la Asamblea con un primer paquete de seis proyectos de seguridad que endurecen penas, amplían la prisión preventiva y presumen la legítima defensa de los policías. En paralelo, el Micitt anunció que derogará la fallida Agencia Espacial Costarricense, una ley de 2021 que nunca pasó del papel, y el oficialismo sostuvo su pulso con el Poder Judicial al respaldar la decisión de Corte Plena de reenviar la nómina original de magistrados suplentes de la Sala IV. En el frente fiscal, el Gobierno mantiene su rechazo a gravar la canasta básica y defiende el límite de gasto de Hacienda, que dejó al Poder Judicial sin nuevas plazas para 2027. Afuera, el mundo amaneció con una tregua histórica: EE.UU. e Irán pactaron poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una señal que desplomó el precio del petróleo y disparó las bolsas.

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La presidenta Laura Fernández presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa un primer paquete de seis proyectos de ley en seguridad y justicia, acompañada por los ministros Rodrigo Chaves, Gerald Campos y Gabriel Aguilar. La iniciativa estrella, la Ley Gerson Rosales, presume la legítima defensa de los policías y de quienes repelan un escalamiento en su vivienda o negocio, y eleva las penas por atacar, desarmar o amenazar a oficiales. Un segundo expediente convierte en delito pertenecer a una asociación criminal, con penas de hasta 20 años para quienes dirijan o financien estructuras de narcotráfico y terrorismo. La Ley Mano Firme ante la Reincidencia crea un Registro Nacional de Reincidencia y una Lista Única de Exclusión que cierra los beneficios penitenciarios a condenados por homicidio, femicidio, narcotráfico a gran escala y delitos sexuales contra menores. El paquete también ordena cero ocio en las cárceles, obligando a los privados de libertad a participar en actividades productivas, y endurece el comiso de pistas de aterrizaje clandestinas usadas por el narco. Una sexta reforma limita el llamado “derecho al olvido” para que jueces, fiscales y policías conserven acceso permanente a los antecedentes penales. Fernández adelantó que vendrán “muchos más” proyectos para rescatar la administración de justicia.

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La diputada Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, propuso reducir asesores de confianza y escoltas de los jerarcas del Ejecutivo para contener el gasto, en respuesta a las recomendaciones fiscales del FMI. El Gobierno ya marcó su ruta: rechazó de plano gravar la canasta básica con el IVA y apostó por combatir la evasión como vía para sostener las finanzas sin castigar a las familias. Desde el oficialismo, el subjefe de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, calificó la propuesta de irresponsable y la atribuyó a un cálculo político de la oposición. Sectores afines recordaron además que, cuando Dobles fue primera dama en la administración Alvarado, su despacho llegó a contar con diez asesores de confianza y una planilla superior a los siete millones de colones mensuales. Otros cuestionamientos advirtieron que recortar la seguridad de la mandataria y de altos funcionarios sería temerario en plena ofensiva contra el crimen organizado. El debate reabre la discusión sobre la eficiencia del gasto, justo cuando el Ejecutivo insiste en que la disciplina fiscal no puede traducirse en exponer a quienes conducen el Estado.

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La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, anunció que el Micitt prepara un proyecto para derogar la ley que creó la Agencia Espacial Costarricense (AEC), aprobada en 2021 y que cinco años después no ha pasado del papel. Bogantes explicó que la norma fijó requisitos imposibles de cumplir, como nombrar un director con doctorado y publicaciones, abrir la sede en Guanacaste y obligar a instituciones a trasladar excedentes que nunca llegaron. Sin director ni financiamiento, el proyecto quedó en un incumplimiento legal permanente que el propio ministerio reconoce. La jerarca aseguró que ahora el oficialismo sí tiene los votos en el Congreso para sepultar una ley que el anterior Plenario intentó derogar sin éxito. Bogantes aclaró que el país no renuncia al ámbito aeroespacial, sino que lo atenderá mediante política pública y cooperación internacional, sin necesidad de una ley costosa e inviable.

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Tras la decisión de Corte Plena de rechazar la solicitud de la Asamblea y reenviar la nómina original de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, anticipó que ahora harán “un análisis exhaustivo” de los aspirantes. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió la maniobra y recordó que en 2021 la entonces presidenta del Congreso, Silvia Hernández, también devolvió parte de una nómina sin que la oposición se opusiera. Jiménez reprochó a los diputados que hoy tildan el proceso de inconstitucional aplicar “el derecho al olvido” sobre aquel antecedente. Tras once rondas de votación sin consenso, el oficialismo sostiene que es legítimo pedir una lista nueva y más amplia, y Acosta exigió a la Corte completar la nómina con los tres nombres faltantes para llenar las doce plazas de suplentes. La oposición insistió en que no hay cuestionamientos contra los 18 candidatos, pero el bloque de Gobierno mantuvo su posición.

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El presupuesto judicial para 2027 ascenderá a ¢530.183 millones, una disminución de ¢11.342 millones frente a 2026, en cumplimiento del límite de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda. Con ese techo, el Poder Judicial no creará ninguna de las 2.000 plazas que dice necesitar —incluidos 155 jueces— y deberá postergar proyectos de infraestructura y tecnología. El Gobierno ha sido claro: la presidenta Laura Fernández advirtió que no dará más recursos a la Corte si no mejora sus indicadores, y recordó que hoy se le presupuestan ¢532.837 millones cuando la Constitución solo obligaría a ¢474.991 millones. La mandataria sostiene que ese financiamiento adicional no se traduce en eficiencia ni en una mejor imagen ciudadana de la justicia. Desde la Corte, la magistrada Patricia Solano replicó que el 6% constitucional se concibió solo para la función jurisdiccional, hoy diluida entre Ministerio Público, OIJ y Defensa Pública. El choque deja en evidencia la apuesta del Ejecutivo por la disciplina fiscal frente a la presión por más gasto público.

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La Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP), con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, presentó una hoja de ruta para ordenar un sector que mueve más divisas que la exportación de café, pero que carece de identidad y representación. El turismo náutico genera alrededor de ₡1.000 millones al año y en 2019 atrajo a unos 150.000 turistas con ingresos superiores a los $520 millones, según datos de FECOP y MarViva. Detrás de la imagen de lujo opera una amplia cadena de capitanes, marineros, marinas, operadores y pequeños comercios costeros que sostienen a miles de familias. Tras dos años de entrevistas y talleres regionales, el sector definió cinco estrategias enfocadas en gobernanza, monitoreo, buenas prácticas, zonificación y profesionalización. Los líderes piden ahora voluntad política para que sus comunidades sean escuchadas en la Asamblea y el Ejecutivo. La iniciativa apunta a convertir una actividad rentable, pero fragmentada, en un gremio articulado capaz de defender sus intereses.

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La inteligencia artificial comienza a transformar el análisis de inversiones y la gestión de riesgos en el mercado de valores nacional, según casas como Acobo y Mercado de Valores y la propia Bolsa Nacional de Valores. Las primeras aplicaciones se concentran en procesar reportes de emisores, datos macroeconómicos y movimientos de precios con una velocidad imposible para el análisis tradicional. Especialistas del INCAE y de la Universidad Cenfotec subrayan que la ventaja no es predecir el futuro, sino procesar grandes volúmenes de información más rápido y a menor costo. Aun así, el criterio humano sigue al mando: los modelos fallan ante crisis políticas, guerras o reformas regulatorias que no figuran en los datos históricos. La Sugeval considera que, bien implementada, la tecnología puede hacer los mercados más eficientes, aunque advierte sobre la calidad de los datos, la ciberseguridad y la opacidad de los modelos. La escala limitada de datos locales marca, por ahora, el alcance de estas herramientas en el país.

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Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin a más de 100 días de guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Donald Trump autorizó levantar el bloqueo naval estadounidense y declaró que el paso volverá a operar “sin peaje” tras la firma formal, prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Pakistán, mediador clave junto a Qatar, anunció la “terminación inmediata y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el libanés. El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando una ofensiva de EE.UU. e Israel derivó en la muerte del ayatolá Alí Jameneí, sucedido por su hijo Mojtaba. Quedan, sin embargo, flancos abiertos: la ofensiva israelí contra Hezbolá en Líbano y una negociación técnica de 60 días sobre el programa nuclear iraní. El portavoz de Netanyahu reiteró que Israel seguirá defendiéndose de cualquier amenaza.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que se presentará a las elecciones generales de otoño y aseguró que tiene “la intención de ganar”, en su primera rueda de prensa tras el acuerdo con Irán. El veterano líder, de 76 años y el que más tiempo ha gobernado Israel, enfrenta un juicio por corrupción y crecientes críticas por su manejo de tres años de guerra en varios frentes. Una encuesta del Instituto para la Democracia de Israel señala que el 61% de los israelíes considera que no debería postularse. Su partido, el Likud, lidera con ligera ventaja las intenciones de voto frente a la lista de Lapid y Bennett. El expremier Naftali Bennett, su principal rival, calificó el acuerdo de paz como un “giro peligroso” para la seguridad del país. El anuncio llegó después de que Trump pusiera públicamente en duda si Netanyahu seguiría en la contienda.

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