🌞 Buenos días Costa Rica, la presidente Laura Fernández llevará el lunes al Congreso un nuevo paquete de seguridad con medidas como “cero ocio en las cárceles”, sanciones más fuertes contra bandas criminales y castigos para dueños de propiedades usadas como pistas clandestinas. La agenda de seguridad también elevó el choque con el Poder Judicial, luego de que Fernández pidiera la salida de Orlando Aguirre y Patricia Solano tras la liberación de integrantes de una banda narco en Cartago. En lo fiscal, Hacienda prepara un plan para aumentar ingresos mediante el combate a la evasión, el contrabando y la revisión de exoneraciones, aunque el Gobierno dejó claro que no tocará las zonas francas, uno de los principales motores de inversión y empleo del país. Además, los empresarios propusieron reducir gradualmente cargas sociales que no financian directamente a la CCSS, con el objetivo de abaratar la contratación formal y proteger el empleo.

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La presidenta Laura Fernández anunció que el próximo lunes el Gobierno presentará un proyecto de ley para que los privados de libertad tengan que trabajar dentro de las cárceles. La propuesta forma parte de un paquete de medidas de seguridad ciudadana que también incluiría sanciones más severas contra redes criminales y acciones contra dueños de pistas clandestinas. El plan llega después de que jerarcas del Gobierno viajaran a El Salvador para conocer su modelo penitenciario, donde los reos producen uniformes, botas policiales y pupitres escolares. La iniciativa apunta a reducir el ocio carcelario y convertir parte del sistema penitenciario en una estructura más orientada a la disciplina, la producción y la reinserción.

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La presidenta Laura Fernández pidió a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a Patricia Solano, presidenta de la Sala III, que consideren renunciar a sus cargos tras la liberación de integrantes de una banda narcotraficante de Cartago dos días después de ser detenidos. La mandataria afirmó que el Poder Judicial necesita “sangre fresca” y sostuvo que este tipo de decisiones no pueden repetirse en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Fernández responsabilizó directamente a ambos jerarcas por lo que calificó como fallas graves que afectan no solo a la institución, sino también a los funcionarios judiciales que sí cumplen con su trabajo. El reclamo llega en un contexto de creciente presión política por la violencia ligada al narcotráfico y por la capacidad del sistema judicial para mantener tras las rejas a sospechosos considerados peligrosos.

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El oficialismo alista un proyecto de ley para acelerar la construcción de Ciudad Gobierno mediante un procedimiento de excepción que permitiría comprar y arrendar inmuebles sin pasar por una licitación pública tradicional. La obra, prevista en Plaza Víquez, busca concentrar unas 20 instituciones y 10 mil funcionarios en tres o cuatro torres, con la promesa de reducir el gasto estatal en alquileres, que hoy ronda los ¢59 mil millones al año en el Gobierno central. El diputado José Miguel Villalobos defendió que la propuesta no equivale a escoger una empresa “a dedo” y aseguró que mantendría controles de revisión para evitar abusos. El proyecto sería financiado y construido por el BCIE, bajo un esquema en el que el Estado alquilaría los edificios durante 25 años antes de recibirlos en propiedad. Pueblo Soberano advierte que, si no logra acuerdos con otras bancadas, buscará avanzar con su mayoría legislativa para sacar adelante una obra que también promete reactivar el centro de San José.

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La presidenta Laura Fernández presentará el próximo lunes 15 de junio un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana ante la Asamblea Legislativa. Entre las iniciativas figura una propuesta de “cero ocio en las cárceles”, junto con medidas para reforzar la seguridad penitenciaria, sancionar con más fuerza a integrantes de bandas criminales y castigar a propietarios de terrenos donde operen pistas clandestinas. La entrega oficial se realizará a las 11 a. m. en la Secretaría del Directorio Legislativo, con la participación de la mandataria y varios ministros. Aunque el Gobierno había adelantado una iniciativa para grabar visitas a reos en módulos de máxima seguridad, esa propuesta no fue mencionada entre los proyectos anunciados este miércoles. El paquete llega mientras Fernández mantiene una línea dura contra el Poder Judicial, incluyendo señalamientos directos contra Orlando Aguirre y Patricia Solano, a quienes acusa de estarle fallando al país.

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El Gobierno tendrá listo en tres semanas un plan para aumentar los ingresos fiscales, luego de que la presidenta Laura Fernández diera un plazo de un mes al Ministerio de Hacienda para presentar propuestas concretas. Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, aseguró que el enfoque estará en cobrar mejor los impuestos existentes, combatir la evasión y frenar el contrabando, especialmente en el mercado de licores, donde estimó que entre el 40% y el 50% del consumo podría provenir de canales ilegales. Hacienda también analiza la llamada renta agregada, un mecanismo que permitiría sumar distintos ingresos de una persona para calcular el impuesto sobre la renta de forma unificada. En paralelo, el Ejecutivo revisa exenciones fiscales, aunque Chaves reiteró que las zonas francas quedarán fuera de cualquier ajuste. El plan llega tras recomendaciones del FMI para ampliar ingresos, sostener la regla fiscal y mantener la deuda en una trayectoria descendente, aunque el Gobierno insiste en que no pretende crear nuevos impuestos ni subir los actuales a la población.

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El Gobierno descartó tocar el régimen de zonas francas dentro del eventual paquete fiscal que prepara Hacienda para aumentar ingresos y contener la deuda pública. Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, afirmó que Laura Fernández no autorizó revisar ese esquema y defendió que “no hay que espantar” a un sector que representa uno de los principales motores de inversión, exportaciones y empleo del país. En 2024, las zonas francas aportaron $13.893 millones a la economía, equivalentes al 15% del PIB, generaron más de 197.000 empleos directos y concentraron el 74% de la inversión extranjera directa. El FMI también destacó su peso en el crecimiento reciente, aunque advirtió que Costa Rica debe impulsar reformas para que el dinamismo económico llegue más allá de ese régimen especial. Hacienda sí mantiene sobre la mesa la revisión de otras exoneraciones fiscales, una discusión que dependerá del respaldo político que logre el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

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El Consejo de Promoción de la Competitividad propuso una reducción gradual de las cargas sociales que no financian directamente a la CCSS, con el objetivo de abaratar la contratación formal y proteger el empleo. Según el sector empresarial, Costa Rica mantiene contribuciones patronales equivalentes al 26,83% del salario bruto, una carga que encarece la planilla y pesa en las decisiones de inversión, expansión y contratación. La propuesta se enfoca en los 7,25 puntos porcentuales destinados a instituciones como FODESAF, INA, IMAS y Banco Popular, para que ese financiamiento sea asumido paulatinamente por el Estado. El CPC plantea cuatro rutas posibles, desde una reducción universal inmediata hasta una rebaja progresiva y gradual que beneficie más a micro y pequeñas empresas. El argumento central es que bajar el costo de formalizar empleos permitiría que más personas, especialmente mujeres y jóvenes, entren al mercado laboral con protección social.

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cerró 2025 con más de 6,4 millones de pasajeros internacionales, la cifra más alta de su historia y una señal del peso que mantiene como principal puerta de entrada al país. Según el informe de sostenibilidad de AERIS, el aeropuerto generó más de $62 millones para el Estado costarricense bajo su modelo de gestión, además de ejecutar $28,3 millones en inversión aeroportuaria, incluyendo $23,1 millones vinculados al Plan Maestro. En el frente ambiental, AERIS reportó una reducción del 40% en el consumo de diésel, duplicó los residuos valorizados hasta 9,3% y mantuvo cumplimiento total en análisis de aguas pluviales. La operación también reforzó programas sociales, de seguridad y experiencia del pasajero, mientras aumentó en 40,19% la inversión en donaciones y patrocinios comunitarios. El Juan Santamaría cerró el año con reconocimientos internacionales, incluyendo por segundo año consecutivo el premio al Mejor Aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros.

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BAC concluyó su integración con Multibank tras recibir la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, consolidándose como el segundo banco del país por tamaño de activos y cartera de crédito. La operación reúne más de $45 mil millones en activos combinados y una cartera de crédito superior a $32 mil millones, en la mayor integración bancaria realizada en Panamá en más de una década. A partir de ahora, los clientes de Multibank pasan a formar parte de BAC y accederán progresivamente a una red ampliada de sucursales, cajeros, servicios digitales y soluciones financieras. Panamá gana peso dentro de la estrategia regional del grupo, al representar cerca de un tercio de la cartera y los depósitos de BAC tras la integración. La entidad también destacó que por sus medios de pago circula aproximadamente el 55% del PIB centroamericano y, en Panamá, el equivalente al 44% del PIB local.

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