🌞 Buenos días Costa Rica, el Gobierno de Laura Fernández arrancó con fuerza su agenda institucional y ya anticipa reformas profundas al Poder Judicial, mientras también impulsa cambios constitucionales para limitar la reelección de magistrados y jerarcas de la Contraloría. En la Asamblea Legislativa, el proyecto para permitir la explotación de oro en Crucitas volvió a extraordinarias, aunque todavía enfrenta más de 30 mociones pendientes y una fuerte oposición del Frente Amplio. En infraestructura, la Marina y Terminal de Cruceros de Limón revivió políticamente tras un acuerdo entre oficialismo y oposición para destrabar una obra de más de $900 millones que promete miles de empleos para el Caribe. Mientras tanto, la economía costarricense mantuvo un crecimiento sólido de 4,6% en marzo, impulsado principalmente por el régimen definitivo, la construcción y el consumo interno, compensando la desaceleración de las zonas francas.

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Laura Fernández elevó el tono frente al Poder Judicial antes de la reunión que sostendrá el 18 de mayo con jerarcas de la Corte, Fiscalía y OIJ. La presidenta adelantó que planteará reformas para hacer al sistema judicial más eficiente, enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado y el narcotráfico, y corregir vacíos legales que, según el Ejecutivo, debilitan la aplicación de penas y condenas. Las propuestas toman como base insumos de una mesa integrada por abogados como Juan Diego Castro, Fabián Silva, Fabián Volio y María Lourdes Echandi. El encuentro fue solicitado por Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y marcará el retorno de las reuniones entre Presidencia y la cúpula judicial tras la ruptura de esa dinámica durante el gobierno anterior. Fernández ya había cuestionado a la Corte por el caso Celso Gamboa, mientras Aguirre ha defendido que su nombramiento como magistrado fue responsabilidad de la Asamblea Legislativa.

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El Gobierno incluyó en su agenda de sesiones extraordinarias tres reformas constitucionales que buscan cambiar las reglas de nombramiento y reelección en el Poder Judicial, el TSE y la Contraloría. Una de las iniciativas limitaría a 12 años la permanencia de los magistrados electorales, mientras otra permitiría una sola reelección de magistrados judiciales por un máximo de seis años y elevaría los requisitos de experiencia profesional. La tercera propuesta reduciría de ocho a cuatro años el período del contralor y subcontralor, con opción de una única reelección, bajo el argumento de evitar cargos prácticamente vitalicios. 

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El Gobierno convocó el expediente 24.717, que busca permitir la exploración y eventual explotación de oro en Crucitas, pero el proyecto todavía arrastra más de 30 mociones de segundo día dejadas por los diputados del período anterior. La iniciativa ya había sido dictaminada en la Comisión de Alajuela y superó el primer día de mociones vía artículo 137, donde se votaron alrededor de 155 enmiendas. Ahora deberá volver a comisión una vez que el Plenario anuncie las mociones pendientes, en medio de una nueva Asamblea que todavía debe conformar sus órganos legislativos. El Frente Amplio mantiene su oposición y podría presentar más cambios, especialmente con Edgardo Araya, diputado por Alajuela, involucrado en temas ambientales y contrario al proyecto. La propuesta del Gobierno plantea concesionar primero la exploración para determinar el potencial aurífero y luego subastar la explotación, destinando 28% de las ganancias a San Carlos y asociaciones de desarrollo, mientras el 72% restante iría a Hacienda para pago de deuda.

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El analista político Mario Quirós rechazó las críticas que señalan que Rodrigo Chaves será quien realmente controle el nuevo gobierno de Laura Fernández, argumentando que su cercanía responde a una estrategia política del oficialismo y no a una falta de liderazgo presidencial. El debate tomó fuerza luego de que Chaves asumiera simultáneamente los ministerios de Presidencia y Hacienda, una decisión que sectores opositores califican como una concentración inédita de poder. Quirós comparó los cuestionamientos actuales con los que enfrentó Laura Chinchilla en 2010 por su relación con Óscar Arias y aseguró que ese tipo de narrativas suelen tener motivaciones políticas más que evidencias concretas. Según el analista, Fernández ha mostrado señales de construir un estilo propio, manteniendo cercanía con Chaves pero con capacidad de decisión independiente. La discusión también gira alrededor del alcance político y jurídico del doble nombramiento del expresidente, ya que conservaría el fuero que protege a altos jerarcas mientras enfrenta investigaciones y denuncias judiciales.

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La economía costarricense creció 4,6% en marzo y acumuló una expansión promedio de 4,7% durante el primer trimestre de 2026, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central. El mayor impulso vino del régimen definitivo, es decir, del consumo interno y exportaciones fuera de zonas francas, que aportó 76,9% del crecimiento total, compensando la desaceleración de las empresas bajo régimen especial. Las zonas francas crecieron 5,3%, pero sufrieron una fuerte desaceleración por un efecto base tras el excepcional desempeño de 2025, además de una menor exportación de implementos médicos y la salida de algunas compañías. Entre los sectores con mejor desempeño destacaron la construcción, que se disparó 11,4% gracias a proyectos residenciales y obra pública, así como hoteles y restaurantes, impulsados por una mayor actividad turística y de consumo. El agro también mostró señales de recuperación por una mayor producción de cultivos de ciclo corto, aunque el café y el banano continuaron afectados por condiciones climáticas adversas.

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La modernización de Puerto Caldera quedó temporalmente en pausa luego de que la Contraloría General de la República admitiera dos recursos de apelación presentados por International Container Terminal Services, Inc. contra la adjudicación realizada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. La empresa cuestiona tanto su presunta descalificación improcedente como la supuesta falta de idoneidad técnica del consorcio ganador, integrado por Hapag-Lloyd y APM Terminals. La Contraloría tendrá ahora un plazo de 40 días hábiles para resolver el fondo del caso, lo que aumenta la presión sobre el calendario de concesión del principal puerto del Pacífico costarricense. Los contratos actuales de operación vencen entre agosto y diciembre de 2026, por lo que, si el proceso no se resuelve a tiempo, el Gobierno tendría que extender la concesión vigente. El proceso licitatorio ha estado bajo fuerte atención por tratarse de una obra clave para mejorar la competitividad logística y comercial del país.

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La Marina y Terminal de Cruceros de Limón dio un paso clave luego de que Pueblo Soberano, PLN, Frente Amplio, PUSC y PAC acordaran un texto sustitutivo para permitir que Japdeva desarrolle alianzas público-privadas. El proyecto, valorado en más de $900 millones, no queda aprobado todavía, pero sí gana viabilidad política tras años de estancamiento legislativo. La iniciativa volverá a consulta con sectores involucrados y luego deberá avanzar en comisión antes de llegar al plenario. Sus impulsores aseguran que la obra podría generar alrededor de 23.000 empleos directos e indirectos, además de atraer inversión, turismo y desarrollo urbano para el Caribe. El antecedente inmediato es que, durante el gobierno anterior, la Contraloría advirtió que no era posible desarrollar la obra bajo el esquema planteado entonces, lo que terminó enviando el plan al archivo.

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El ICE formalizó un préstamo por $200 millones con el BID para financiar proyectos de generación renovable y modernizar la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica del país. Los recursos serán destinados al Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad, con énfasis en fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. El plan incluye la modernización de la Hidroeléctrica Ventanas-Garita, en operación desde 1987, con obras que extenderían su vida útil por 30 años más. También se contempla la sustitución de 40.000 luminarias convencionales por tecnología LED en zonas rurales y semiurbanas, con una reducción estimada de 35% en el consumo asociado al alumbrado público. El financiamiento llega bajo condiciones que el ICE califica como competitivas, en momentos en que la calidad, costo y confiabilidad del servicio eléctrico siguen siendo temas clave para hogares, empresas e inversión productiva.

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