🌞 Buenos días Costa Rica, la campaña subió de tono tras la acusación de Laura Fernández contra Fabricio Alvarado por presunto acoso durante su etapa como asesora legislativa. En seguridad, la Corte Suprema insiste en que Hacienda libere ₡8.688 millones ya aprobados para abrir 275 plazas en OIJ y Ministerio Público, alegando que mantener esos fondos sin ejecutar debilita la respuesta contra el crimen. En comercio e industria, el Gobierno analiza opciones para integrarse a Pax Silica, la iniciativa de EE. UU. para cadenas de suministro de semiconductores e infraestructura de IA, con la posibilidad de ser el primer país del hemisferio en sumarse. En lo económico, Mercado de Valores proyecta 3,6% de crecimiento en 2026, inflación cerca de 1,4% y un tipo de cambio entre ₡505 y ₡515, bajo un escenario de desaceleración moderada.

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Durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina, la candidata del PPSO, Laura Fernández, acusó a Fabricio Alvarado de haber incurrido en actos de acoso cuando ella trabajó como asesora legislativa. Primero insinuó que hubo conductas irregulares en el pasado y dijo que no daría detalles por consideración a su familia, lo que llevó a Alvarado a responder que el oficialismo impulsa una campaña sucia y a recordar que Fernández formó parte de su equipo económico en 2018. Luego Fernández hizo la acusación de forma directa y afirmó que no fue un caso aislado, alegando que otras mujeres habrían vivido situaciones similares, mencionando comentarios, fotografías y un episodio en el que asegura que él la arrinconó en una oficina bajo la promesa de regalarle una biblia. En su cierre, Alvarado no contestó puntualmente el señalamiento, pero afirmó que siempre ha dado “la cara” ante acusaciones previas, incluyendo señalamientos por financiamiento irregular en 2018.

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El diputado Leslye Bojorges publicó un video respaldando al PPSO y a Laura Fernández, pidiendo a la gente darle 38 curules al movimiento chavista el 1 de febrero. Sin confirmar una renuncia formal, aparece guardando la bandera del PUSC y colocando una del PPSO, mientras habla de “la fundación de la tercera república”. En su mensaje promete que con esa mayoría se podría eliminar pensiones de lujo, construir la marina de Limón y dejar de pagar $50 millones anuales en alquileres. También dispara contra la cúpula del PUSC, acusándola de juntarse “con los mismos de siempre” y de no defender ideas que, según él, pide la ciudadanía. Tras el video, Juan Carlos Hidalgo respondió cuestionando al PPSO por “más de 50 causas abiertas” entre sus candidaturas y por sumar “5 más” con alguien que afirma fue expulsado de la campaña.

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La diputada María Marta Carballo (PUSC) defendió su proyecto para atender la falta de especialistas en la CCSS y calificó de “incorrectas y alarmistas” varias afirmaciones de quienes protestaron en la Asamblea. Manifestantes alegan que el plan obligaría a los recién graduados a trabajar 7 años para la Caja y abriría la puerta a traer médicos extranjeros, pero Carballo sostiene que la retribución social sería mediante un nombramiento formal, trabajando y siendo remunerado como especialista, sin impedir ejercer. Según la legisladora, el objetivo es que la CCSS recupere de forma proporcional la inversión pública en la formación, porque hoy la retribución se limita a tres años o se sustituye por pagos bajos. También afirma que la iniciativa aplicaría solo hacia el futuro, sin afectar contratos vigentes ni derechos adquiridos, y que extranjeros entrarían únicamente en casos de inopia y de países de la OCDE, como medida de última instancia. El texto además plantea un examen único estandarizado para ingresar a especialidades, aplicado por un ente internacional imparcial como la NBME, y Carballo atribuye la oposición a la defensa de intereses gremiales y económicos y a cuellos de botella en formación e incorporación de nuevos médicos.

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La Corte Suprema acordó pedir otra reunión con Hacienda para insistir en el giro de ₡8.688 millones ya aprobados en el Presupuesto 2026 para financiar 176 plazas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público, entre fiscales, investigadores y personal técnico. Según el Poder Judicial, aunque el dinero fue avalado por la Asamblea, Hacienda lo mantiene sin ejecutar al no incluirlo en la programación financiera, recortando capacidad operativa frente a una criminalidad más compleja. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, advirtió en un oficio al ministro Rudolf Lücke que la decisión tiene un impacto directo y demoledor en la lucha contra el crimen organizado. También se señala que la falta de personal puede afectar plazos procesales, elevando riesgos de prescripciones, atrasos y potenciales responsabilidades para el Estado. Hacienda comunicó que no incorporará esos recursos en el primer trimestre de 2026 porque provienen de una rebaja a la subpartida de intereses de la deuda, mientras el OIJ sostiene que las plazas eran clave para reforzar sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, además de la custodia de detenidos.

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La candidata del Pueblo Soberano, Laura Fernández, publicó en X una invitación directa a Elon Musk para explorar inversiones y proyectos en Costa Rica. En su mensaje, afirmó que si gana el 1 de febrero buscará tender puentes con líderes empresariales globales para impulsar iniciativas estratégicas. Fernández enmarcó la invitación como una oportunidad para “construir juntos” por el bien común y la libertad de las Américas, apelando también a la proyección regional. La publicación cierra con un llamado a la unidad nacional, posicionando al país como un destino atractivo para hacer negocios.

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El analista Mario Quirós propone leer las encuestas con otra lupa: en vez de enfocarse solo en quién es el candidato más rechazado, sugiere sumar el rechazo de quienes compiten por el voto progresista: Álvaro Ramos (PLN), Claudia Dobles (CAC) y Ariel Robles (FA). Afirma que, aunque los tres son “personas decentes y muy capaces”, arrastran costos políticos distintos: Ramos por la marca histórica de Liberación, y Dobles por el desgaste del PAC y la asociación con el gobierno de Carlos Alvarado, además de registrar muchos comentarios adversos en escucha social. En esa comparación, señala que Laura Fernández tendría un rechazo bastante menor, citando cifras atribuidas a la última encuesta del CIEP-UCR (12,6% vs. 30,9% para Ramos, 8,6% para Robles y 6,9% para Dobles). Quirós añade que la inversión publicitaria no garantiza crecer si ese rechazo ya está instalado, apuntando a campañas que gastan más pero no convierten eso en intención de voto.

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Costa Rica dijo que ve con interés la opción de integrarse a Pax Silica, la nueva iniciativa impulsada por EE. UU. para fortalecer una cadena de suministro de silicio y semiconductores vinculada también a la era de la inteligencia artificial.   El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, señaló que el país podría hacer gestiones para abrir espacio a la región, en un esquema que hoy no incluye países del hemisferio, pero sí reúne a aliados con los que Costa Rica ya tiene relaciones económicas fuertes.   Pax Silica se presenta como un esfuerzo para construir una cadena “segura y próspera” desde minerales críticos y energía hasta manufactura avanzada, semiconductores, infraestructura de IA y logística, con énfasis en resiliencia y reducción de dependencias riesgosas.   Entre los participantes iniciales mencionados por la iniciativa y coberturas internacionales figuran países como Japón, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Holanda, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Australia, en una alianza orientada a proyectos conjuntos, coinversión y protección de tecnologías sensibles.   El movimiento encaja con la estrategia país de consolidar a los semiconductores como pilar industrial tras su rol como socio en el ecosistema estadounidense, mientras se redefine el tablero global de comercio y seguridad tecnológica.  

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Grupo Financiero Mercado de Valores estima que Costa Rica crecerá 3,6% en 2026 (tras 4,2% en 2025) y 3,9% en 2027, en un aterrizaje hacia ritmos más cercanos al largo plazo, apoyado por demanda interna e inversión privada bajo condiciones financieras más favorables. En precios, prevé una inflación contenida gran parte del año, con regreso gradual a terreno positivo y un cierre cercano a 1,4%, todavía por debajo de la meta del BCCR, que no se alcanzaría hasta finales de 2027. Para el tipo de cambio, anticipa volatilidad acotada, con presiones al alza en el tercer trimestre y apreciación hacia fin de año, ubicando el dólar entre ₡505 y ₡515. En lo fiscal, proyecta deuda/PIB por debajo del 60% y un escenario más flexible de regla fiscal, advirtiendo que la disciplina y la claridad de política serán clave para sostener la confianza. Entre los riesgos, señala posible enfriamiento de exportaciones del régimen especial, inseguridad, movimientos cambiarios y tensiones sociales y políticas en año electoral, además de incertidumbre global por conflictos, política comercial y decisiones de tasas en EE. UU.

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La intención de construcción en Costa Rica bajó 1,7% en 2025, con 10,3 millones de m² inscritos en el APC, según el CFIA, aunque el volumen sigue siendo el tercer mayor desde 2005. El dato que prende alarmas es el freno en obra pública, que apenas representó 14,5% del total (1,49 millones de m²), concentrada sobre todo en carreteras (54,4% de ese rubro), mientras la obra privada cargó con el 85,5% (8,78 millones de m²). Por tipo de obra, lideró la habitacional (34%), seguida por la urbanística (24%), comercial (18%) e industrial (12%), con industria superando por primera vez el millón de m², pero con vivienda cayendo 0,7%. El gremio también subrayó brechas territoriales: seis cantones no registraron ninguna nueva intención de obra en todo el año. En el mapa provincial, Cartago, San José y Puntarenas crecieron, mientras Guanacaste, Alajuela, Heredia y Limón retrocedieron, y además cayeron 9,5% los planos de agrimensura a nivel nacional. Para 2026, el CFIA estima cerca de 10 millones de m², pero advierte que la falta de agua, la mala planificación urbana y la baja inversión estatal podrían seguir enfriando el sector.

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El proyecto para promover y regular el microcrédito, presentado en mayo de 2022 por la diputada Daniela Rojas (PUSC), sigue sin luz verde tras tres años y ocho meses de trámite y ahora está a la espera de mociones de reiteración antes de poder entrar a discusión de primer debate. La propuesta nació como respuesta práctica a los efectos de la Ley de Usura, que según sus impulsores dejó a parte de la población fuera del crédito formal, empujándola hacia opciones informales. El expediente ya superó dos días de mociones 137 y recibió un segundo informe al Plenario en octubre pasado, pero no fue convocado en extraordinarias, por lo que pasaría a la agenda de ordinarias si no se le entraban nuevas trabas. Rojas pidió avanzar argumentando que se han incorporado observaciones de varias fracciones y que el objetivo es ampliar el acceso a créditos formales para quienes hoy no lo consiguen. Como ejemplo del costo social del crédito informal, citó un caso ligado a préstamos “gota a gota” donde un monto pequeño terminó en una deuda enorme y en un episodio de extorsión, insistiendo en que el microcrédito ya se ha aplicado como herramienta en países como Colombia. El proyecto define microcréditos de montos menores a ¢693.300 o hasta 1,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial, con categorías como mujer, personal, sin historial crediticio y productivo, ajustando topes según riesgo para facilitar financiamiento sin sacar a la gente del sistema.

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