🌞 Buenos días Costa Rica, Laura Fernández elevó el tono contra el control político en la Asamblea y respaldó recortar un espacio que califica como un desfile de quejas, chismes y pérdida de tiempo, mientras también empuja una revisión del uso de comisiones investigadoras. En paralelo, el Tren Eléctrico vuelve al centro del debate, pero ahora con una advertencia de la Contraloría sobre la presión fiscal que implicarían créditos por $800 millones, en medio de una deuda pública que ya supera el 60% del PIB. En seguridad, los diputados aprobaron en primer debate una reforma para cerrarle la puerta al brazalete electrónico a condenados por delitos cometidos con armas, endureciendo el tratamiento penal para casos violentos. Y en el frente internacional, la costarricense Rebeca Grynspan ganó oxígeno en la carrera por la secretaría general de la ONU luego de que Chile retirara su apoyo a Michelle Bachelet, dejándola mejor posicionada como una de las principales cartas latinoamericanas para el cargo.

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Las opciones de Rebeca Grynspan para llegar a la secretaría general de la ONU tomaron impulso este martes después de que el gobierno de José Antonio Kast retirara el respaldo oficial de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet, una decisión que Santiago justificó por la dispersión de candidaturas latinoamericanas y por diferencias con actores clave del proceso. Bachelet no salió de la contienda, porque mantiene el apoyo de Brasil y México, pero perdió el patrocinio diplomático activo de su propio país, un golpe político relevante en una elección donde el consenso regional pesa bastante. En ese nuevo tablero, Grynspan queda mejor posicionada como una de las cartas latinoamericanas con perfil más sólido, respaldada además por su trayectoria como actual secretaria general de UNCTAD y por su experiencia previa en organismos multilaterales. El proceso para escoger al sucesor de António Guterres, cuyo nuevo mandato arranca en enero de 2027, pasa por una fase de nominaciones y audiencias, pero la verdadera pelea se define en el Consejo de Seguridad, donde no basta con sumar apoyos: también hay que evitar el veto de cualquiera de las cinco potencias permanentes. 

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La presidenta electa Laura Fernández respaldó la propuesta de Yara Jiménez para recortar el tiempo dedicado al control político en la Asamblea Legislativa, al considerar que ese espacio se ha convertido en un ejercicio estéril de quejas, ajustes de cuentas y chismes en lugar de producir decisiones útiles. Fernández sostuvo que quienes se oponen a poner límites representan a la vieja política, acostumbrada a consumir horas en debates que, según su criterio, solo sirven para patear problemas hacia adelante sin resolver nada. También apoyó revisar el uso de las comisiones investigadoras, al afirmar que muchas veces terminan siendo una carga para el presupuesto y para el tiempo legislativo, sin generar efectos concretos más allá de remitir informes a otras instituciones. En esa línea, criticó la proliferación de comisiones creadas sin un objetivo verdaderamente excepcional o estratégico, al punto de calificar el fenómeno como “comisionitis aguditis”. Aun así, dejó claro que sí respalda investigar posibles actos de corrupción en el Ejecutivo y aseguró que su gobierno tendrá cero tolerancia frente a cualquier sospecha de irregularidad en la función pública.

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La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 25.158, una iniciativa impulsada por Fabricio Alvarado para impedir que personas condenadas por delitos cometidos con armas puedan acceder al beneficio de casa por cárcel con brazalete electrónico. El proyecto avanzó con 41 votos a favor, luego de superar la etapa de mociones de reiteración, todas rechazadas, aunque encontró resistencia en cinco diputaciones de PLN, Frente Amplio y la independiente Gloria Navas. La reforma modifica el artículo 157 bis del Código Penal para incluir como excepción los delitos en los que se hayan utilizado armas de fuego, armas contundentes o armas punzocortantes, además de otros casos ya excluidos por la legislación vigente. El argumento central detrás de la iniciativa es endurecer la política penal frente a delitos violentos y limitar beneficios carcelarios en casos donde hubo uso de fuerza potencialmente letal. El texto deberá enfrentar su segundo debate el próximo 7 de abril, fecha en la que quedaría aprobado de forma definitiva.

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Coopesalud celebró la solicitud de varios diputados para que la Fiscalía aclare las supuestas falsedades alrededor del caso Barrenador, al considerar que eso abre espacio para realizar peritajes contables que, según la cooperativa, demostrarían que no existieron sobreprecios en la oferta de tercerización de servicios de salud aprobada por la CCSS en junio de 2024. La entidad sostiene que, pese a casi dos años de investigación, el Ministerio Público ha mostrado resistencia a analizar el caso desde una óptica técnica contable, aun cuando la propia CCSS habría estimado ahorros de hasta ¢18 mil millones durante la ejecución del contrato. Coopesalud también interpretó la votación legislativa como una señal del componente político que rodea el expediente y como reflejo de la confusión técnica que, a su juicio, existe entre algunas diputaciones. En paralelo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y defendió que las acusaciones en su contra carecen de sustento técnico suficiente. La cooperativa ahora apuesta a que el cierre del pulso en la Asamblea empuje a la Fiscalía a profundizar en la revisión contable del caso y a dar mayor certeza jurídica sobre un servicio que impacta a cerca de medio millón de costarricenses.

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Crecex planteó que un corredor ferroviario regional con Panamá y un mayor acercamiento económico con India podrían convertirse en dos movimientos clave para fortalecer la competitividad de Costa Rica. La cámara sostiene que el memorando ferroviario abre la puerta a una red logística más integrada, con puertos secos, zonas francas, conectividad portuaria y soluciones tecnológicas, aunque aclaró que los cálculos sobre reducción de tiempos y costos todavía deben verse con cautela porque el proyecto sigue en fase de estudio. En paralelo, la relación con India empieza a perfilarse como una vía para diversificar mercados, atraer inversión y conectar al país con nuevas cadenas globales, en un contexto donde ya existe intercambio comercial de productos industriales, farmacéuticos y automotores. También se mencionó como señal relevante la posible apertura de una embajada india en San José, lo que reflejaría un interés más sólido en profundizar el vínculo bilateral. El mensaje de fondo de Crecex es que estas oportunidades solo tendrán impacto real si se integran dentro de una visión país enfocada en ejecución, infraestructura, facilitación del comercio y articulación público-privada.

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La Contraloría General de la República advirtió en la Comisión de Hacendarios que el financiamiento del Tren Eléctrico podría elevar la presión sobre las finanzas públicas, en un momento en que la deuda del Gobierno ya supera el 60% del PIB y alcanza los ¢31,3 billones. El proyecto depende de dos créditos por $800 millones, uno de $550 millones con el BCIE y otro de $250 millones con el BEI, además de una donación de $21 millones del Fondo Verde para el Clima, para cubrir diseño, construcción, equipamiento, 52 kilómetros de vía doble y 26 estaciones nuevas. La Contraloría reconoció que la obra apunta a resolver problemas reales de movilidad en la GAM, pero advirtió que el Estado también deberá aportar recursos adicionales y enfrentar una ejecución compleja marcada por expropiaciones, reasentamientos, relocalización de servicios públicos y coordinación interinstitucional. En paralelo, Incofer deberá realizar 140 expropiaciones por unos ¢12.200 millones, un componente que no se financiará con los créditos, sino con cargo al Presupuesto Nacional. El mensaje del órgano contralor fue claro: sin una gobernanza sólida, datos confiables y control riguroso del proceso, el tren podría terminar agregando más presión fiscal, atrasos y sobrecostos a una cartera pública ya bastante exigida.

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El artículo incorporado al expediente 24.984 para elevar la tasa de reemplazo de quienes tuvieron salarios más altos podría salir del proyecto, luego de que la propia diputada oficialista Ada Acuña admitiera que no existen estudios técnicos específicos que respalden ese cambio. La propuesta original buscaba modificar las reglas de devolución del ROPC, pero en el camino se le añadió una reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, con la intención de fijar un mínimo de 52,5% en la pensión para todos, lo que beneficiaría especialmente a los estratos salariales más altos. La CCSS ya se pronunció en contra y recordó que, por mandato constitucional, solo la institución puede definir montos de pensión, cuotas y edad de retiro, siempre con base en estudios actuariales y técnicos rigurosos. El punto más débil de la iniciativa es que pretende alterar una estructura diseñada bajo criterios de sostenibilidad sin presentar evidencia que justifique el impacto financiero del cambio. Con ese panorama, la oficialista dejó abierta la puerta para modificar o eliminar por completo el artículo 5, que se convirtió en el foco de la controversia.

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La ampliación del puente Corrogres, en la entrada de la radial de Lindora, fue presentada por Alberto Bonilla, del CODI, como una muestra de que la alianza público-privada puede destrabar obras que el Estado lleva décadas sin resolver. La intervención, valorada en unos $700 mil, permitió ampliar una estructura que operaba como cuello de botella en una de las zonas con mayor congestión vehicular del país. El planteamiento de Bonilla va más allá de la obra puntual y apuesta por convertir este caso en una referencia para replicar el modelo en otras partes de Costa Rica, con el sector privado empujando proyectos junto con las instituciones públicas. Según su visión, el CODI puede funcionar como articulador entre ambos mundos para acelerar infraestructura largamente postergada. El mensaje central es que, con coordinación y voluntad de ejecución, sí es posible mover proyectos concretos en lugar de seguir acumulando diagnósticos y quejas sobre el rezago vial del país.

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