🌞 Buenos días Costa Rica. La presidenta Laura Fernández arranca su mandato con un respaldo del 73,5%, mientras las principales figuras del oficialismo mantienen balances positivos y dirigentes de oposición como Claudia Dobles y José María Villalta concentran los mayores niveles de rechazo. En seguridad, el país proyecta cerrar 2026 con 726 homicidios, 147 menos que el año pasado y la cifra más baja en cuatro años, en medio del despliegue de la Fuerza Élite y nuevas propuestas para endurecer las penas contra reincidentes y redes criminales. En el frente fiscal, el Gobierno anunció un recorte del 5% al presupuesto de todas las instituciones públicas para lo que resta del año, incluido un ajuste cercano a ₡27.000 millones para el Poder Judicial. Además, Hacienda incorporará tecnología desarrollada en Israel para detectar contrabando en las importaciones, como parte de una ofensiva contra la evasión y el comercio ilegal de cigarrillos y licores.

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La presidenta Laura Fernández registra una aprobación del 73,5% a pocas semanas de cumplir dos meses en el cargo, según la más reciente medición de Opol Consultores. Solo un 16,5% desaprueba su gestión, mientras que el 10% restante todavía no tiene una opinión definida. El nivel de respaldo se acerca al 77,2% que obtuvo Rodrigo Chaves en la última encuesta realizada antes de dejar la Presidencia, lo que confirma la continuidad de una base política amplia para el nuevo Gobierno. Durante sus primeras semanas, Fernández ha concentrado buena parte de su agenda en seguridad, con la creación de la Fuerza Élite, la remoción de siete funcionarios que no aprobaron el polígrafo y nuevas medidas sobre cárceles y Crucitas. La encuesta se realizó entre el 19 y el 21 de junio con una muestra de 1.400 personas y un margen de error de 2,6 puntos porcentuales.

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La presidenta Laura Fernández y el exmandatario Rodrigo Chaves encabezan la valoración positiva de las figuras políticas, con balances de +66,06% y +56,14%, respectivamente, según la más reciente encuesta de OPol Consultores. El vicepresidente Francisco Gamboa, Douglas Soto, Yara Jiménez y Nogui Acosta también registran saldos favorables superiores al 40%, consolidando el buen momento del oficialismo. En contraste, dirigentes opositores como Abril Gordienko, Álvaro Ramírez, José María Villalta y Claudia Dobles presentan balances negativos por encima del 40%. Dobles obtiene el peor resultado, con 65,20% de opiniones negativas, seguida por Villalta con 62,83%. La medición se realizó entre el 19 y el 21 de junio con 1.400 entrevistas y un margen de error de 2,6 puntos porcentuales.

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Costa Rica cerraría 2026 con unos 726 homicidios, 147 menos que los 873 registrados el año pasado y la cifra más baja de los últimos cuatro años, si se mantiene el ritmo observado durante el primer semestre. San José continúa encabezando la estadística, aunque muestra una reducción importante, mientras Limón y Puntarenas siguen concentrando buena parte de la violencia vinculada con las disputas entre bandas narcotraficantes. La presidenta Laura Fernández reforzó su estrategia de seguridad mediante la Fuerza Élite, un grupo que reúne semanalmente a jerarcas del sector y a la policía judicial para dar seguimiento a las operaciones contra el crimen organizado. El Gobierno también removió a siete jefes policiales que no aprobaron pruebas de polígrafo relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y posibles beneficios ilícitos. A la vez, Fernández presentó seis proyectos para endurecer las penas contra reincidentes, redes criminales y propietarios de pistas clandestinas, además de impedir que el arraigo familiar o laboral facilite la liberación de delincuentes habituales. Una de las iniciativas obligaría a los reclusos que trabajen para reducir su condena a destinar el 35% de sus ingresos a resarcir a las víctimas y sus familias.

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El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, anunció que el Gobierno incorporará tecnología desarrollada por el Mossad israelí para detectar contrabando asociado a las importaciones. La presidenta Laura Fernández ordenó intensificar la persecución contra los evasores, una estrategia que también incluye el nombramiento de Katherine Tenorio al frente de la Policía Fiscal. Hacienda presentará la próxima semana un paquete completo de medidas para combatir la evasión, aunque todavía no detalló cómo funcionarán las nuevas herramientas tecnológicas. Chaves afirmó que cerca del 50% de los cigarrillos y licores consumidos en Costa Rica provendría del contrabando. El anuncio llega después de que las autoridades decomisaran 65.000 unidades de bebidas alcohólicas en operativos realizados en Grecia, Heredia y Guadalupe.

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El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, anunció un recorte del 5% al presupuesto de todas las instituciones públicas durante lo que queda de 2026, incluidos los ministerios, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. La medida será incorporada mediante un presupuesto extraordinario que el Ejecutivo enviará al Congreso, donde los diputados tendrán la última palabra sobre su aprobación. Para el Poder Judicial, la reducción rondaría los ₡27.000 millones, mientras que la Defensoría sufriría un ajuste cercano a ₡310 millones. Chaves aclaró que el Gobierno no está solicitando voluntariamente el ahorro a los otros poderes, sino informándoles del recorte que propondrá formalmente a la Asamblea. El presupuesto de 2027 también incluirá reducciones para todas las instituciones estatales, aunque Hacienda todavía no ha definido públicamente el porcentaje.

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Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa central de Venezuela, provocando derrumbes, cortes de servicios y daños severos en Caracas y varios estados del norte del país. El Gobierno declaró el estado de emergencia en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, mientras equipos de rescate buscan sobrevivientes entre edificios colapsados y atienden a los heridos. Aunque todavía no existe un balance nacional definitivo, autoridades locales confirmaron al menos tres fallecidos en Baruta y el rescate con vida de 18 personas en Chacao, mientras continúan registrándose más de 20 réplicas. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanecerá cerrado por daños en su infraestructura, y también fueron suspendidos temporalmente el metro de Caracas, los ferrocarriles, las clases y las actividades económicas no esenciales. Las alertas de tsunami emitidas para Venezuela y varias islas del Caribe fueron posteriormente canceladas, pero las autoridades pidieron evacuar los inmuebles afectados ante el riesgo de nuevas réplicas fuertes. Países de la región y Estados Unidos ofrecieron asistencia mientras Venezuela comienza a determinar la magnitud humana y económica del desastre.

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Venezuela tendría una deuda total cercana a los $240.000 millones, una cifra superior a las estimaciones del mercado y que convertiría su eventual reestructuración en la mayor de la historia soberana, por encima del default griego de 2012. El monto equivale a más del 200% del PIB venezolano, después de que la economía pasara de superar los $370.000 millones en 2012 a rondar actualmente los $100.000 millones. Las obligaciones incluyen unos $60.000 millones en bonos del Estado y de PDVSA, $40.000 millones en intereses impagos y hasta $50.000 millones adeudados a petroleras y proveedores. También se contabilizan demandas por expropiaciones, créditos con China y Rusia, y compromisos con bancos de desarrollo. Las cifras reflejan el costo acumulado de años de gasto insostenible, estatizaciones, opacidad fiscal y destrucción de la capacidad productiva bajo el chavismo.

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El senador izquierdista Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella, tres días después de una segunda vuelta definida por menos de un punto porcentual. De la Espriella obtuvo el 49,6% de los votos, frente al 48,7% de Cepeda, y el preconteo coincidió en un 99,997% con los escrutinios definitivos. Aunque aceptó el resultado como un acto de responsabilidad democrática, Cepeda insistió sin presentar pruebas en supuestas compras de votos, manipulación mediante inteligencia artificial e injerencia del presidente estadounidense Donald Trump. El candidato derrotado anunció que encabezará la oposición durante los próximos cuatro años y que recurrirá a movilizaciones y resistencia civil pacífica para defender las políticas impulsadas por Gustavo Petro. De la Espriella llegará al poder como representante de una derecha de mano dura, alineada con referentes regionales como Nayib Bukele y Javier Milei, tras derrotar al candidato que ofrecía continuidad al proyecto progresista.

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El Gobierno de Dinamarca reabrirá el análisis jurídico para determinar si puede prohibir a nivel nacional el Adhan, el llamado islámico a la oración difundido mediante altavoces desde las mezquitas. El ministro de Inmigración, Morten Bødskov, sostuvo que esta práctica no tiene lugar en el espacio público danés y advirtió que el avance de la “islamización” está adquiriendo demasiada presencia en el país. Algunas ciudades, como Copenhague, ya aplican normas de ruido que impiden en la práctica transmitir estos llamados al exterior, pero el Ejecutivo busca establecer una restricción uniforme. La propuesta deberá superar posibles impugnaciones, debido a que la Constitución danesa protege la libertad religiosa y el derecho al culto público. Dinamarca, que alberga a unos 270.000 musulmanes y cerca de 100 mezquitas, mantiene una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa.

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Contribuyentes y empresas deben cumplir antes de finalizar junio con cuatro obligaciones tributarias, dos informativas y dos que requieren desembolsos. La Declaración 270, sobre clientes, proveedores y gastos sin comprobante electrónico, vence el 25 de junio, mientras que para el 30 quedan la Declaración 273 de precios de transferencia, el primer pago parcial del impuesto sobre las utilidades y la patente comercial municipal. La Declaración 273 aplica a grandes contribuyentes, empresas de zona franca y compañías con operaciones superiores a ¢462,2 millones, mientras que el pago parcial de renta se calcula sobre el mayor monto entre el último impuesto declarado y el promedio de los tres períodos anteriores. Los productores dedicados exclusivamente a actividades agropecuarias están exentos del adelanto del impuesto sobre las utilidades. El incumplimiento puede generar sanciones equivalentes al 2% de los ingresos brutos del período anterior, con multas que van desde ¢1,38 millones hasta ¢46,22 millones.

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