🌞 Buenos días Costa Rica, seguimos siendo un imán para la inversión extranjera a pesar de los desafíos. En el ámbito legislativo, los diputados están trabajando para avanzar en proyectos de seguridad. A nivel internacional, Panamá ha comenzado a deportar migrantes irregulares, marcando el primer vuelo de deportación desde el país vecino. En el sector salud, se han incrementado los amparos de salud en la Sala Constitucional.

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La Asamblea Legislativa avanzó en múltiples proyectos de seguridad, con la aprobación definitiva de la Ley de arresto domiciliario con brazalete electrónico y tres iniciativas más en primer debate, incluyendo recursos para el Instituto Costarricense sobre Drogas. Otros cinco proyectos también tuvieron avances significativos, acercándolos a la discusión y votación final en el Plenario.

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto con otros sindicatos y estudiantes de universidades públicas, ha convocado una manifestación para el 28 de agosto en respuesta al desacuerdo entre el gobierno y los rectores sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025. A pesar de las demandas de las universidades para un aumento del 4,06%, el gobierno se ha mantenido firme en que el incremento no debe superar el 1%, argumentando que la inflación de este año no justifica un aumento mayor. Además, se ha señalado que dentro de las universidades públicas existen salarios que alcanzan hasta 8 millones de colones, lo cual es difícil de justificar. El proceso ahora en manos de la Asamblea Legislativa.

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El presidente Rodrigo Chaves advirtió que aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) podría impedir los aumentos salariales para empleados públicos en 2025. Chaves señaló que un incremento en el FEES, como el propuesto por los rectores universitarios, elevaría la deuda pública y activaría restricciones bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, criticó a los sindicatos que apoyan una mayor asignación al FEES, sugiriendo que esto podría afectar negativamente a los propios burócratas.

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El Plenario Legislativo acordó acelerar un proyecto de ley del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que incluye uno de los artículos clave de la Ley Jaguar 2.0, actualmente impulsada por el Gobierno para referéndum. Esta iniciativa busca modificar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva para permitir alianzas estratégicas que faciliten la construcción de una marina y una terminal de cruceros en Limón. La propuesta fue dispensada de comisión para ser discutida directamente en el Plenario, a pesar de la oposición del Frente Amplio.

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La Sala Constitucional enfrenta una creciente crisis debido al aumento sostenido de recursos de amparo relacionados con problemas de salud. Este año, el 42% de los casos que ha recibido el tribunal están vinculados a este tema, lo que ha sobrecargado a los magistrados y su personal, quienes siguen trabajando con la misma cantidad de recursos desde hace siete años. La situación es tan grave que el tiempo promedio para resolver acciones de inconstitucionalidad ha aumentado a 36 meses, afectando la eficiencia del tribunal en la resolución de casos cruciales.

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La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera unánime el expediente 23.885, que busca prohibir el uso de perfiles falsos en redes sociales para difundir propaganda electoral. Esta iniciativa fue originalmente propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones y ahora es acogida por el Frente Amplio. Los expertos advierten que no existen herramientas tecnológicas eficaces para combatir los perfiles falsos, lo que podría resultar en un incremento del gasto público al necesitar un ejército de nuevos funcionarios para fiscalizar esta medida. En lugar de resolver el problema, se corre el riesgo de aumentar la burocracia sin un impacto real.

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El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció que Israel ha aceptado una propuesta para superar diferencias y lograr un cese al fuego en Gaza, instando a Hamas a hacer lo mismo. En una reunión de 2,5 horas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se destacó el apoyo de EE.UU. a los intereses de seguridad de Israel y el esfuerzo compartido por liberar a los rehenes. Sin embargo, Hamas ha mostrado descontento, acusando a EE.UU. de favorecer a Israel en las demandas. Blinken viajará a Egipto y Qatar para continuar las negociaciones.

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El primer vuelo de deportación de migrantes irregulares que cruzaron la peligrosa selva del Darién, financiado por Estados Unidos, partió de Ciudad de Panamá hacia Medellín, Colombia. Un total de 29 ciudadanos colombianos, en su mayoría jóvenes con antecedentes penales, fueron retornados como parte de un acuerdo de migración entre Panamá y EE. UU. Este acuerdo, que forma parte de una estrategia más amplia del nuevo presidente panameño José Raúl Mulino para controlar el flujo migratorio, incluye el retorno de migrantes de varias nacionalidades. Mientras tanto, los migrantes venezolanos, debido a la crisis diplomática, no están siendo deportados y se les permite continuar su viaje hacia Norteamérica.

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Costa Rica ha sido reconocida una vez más por su capacidad para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), ocupando el tercer lugar a nivel mundial en el Índice de Desempeño de IED Greenfield 2024, que mide la inversión extranjera en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Aunque el país descendió dos posiciones desde el primer lugar que mantuvo durante tres años consecutivos, sigue destacándose por recibir siete veces más inversión de lo esperado según el tamaño de su economía. Sectores como software, tecnología de la información y servicios empresariales han sido clave para mantener a Costa Rica como un destino atractivo para la inversión.

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La Sala Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto de homologación de medicamentos, que buscaba agilizar la disponibilidad de nuevos fármacos en Costa Rica. La decisión ha sido celebrada por la Federación de ONGs Pacientes Costa Rica, que argumenta que la homologación basada en aprobaciones de agencias internacionales como la FDA no garantiza la idoneidad de los medicamentos. Sin embargo, esta postura es un exceso de precaución innecesaria, ya que no tiene sentido ser más papistas que el Papa. Si un medicamento ha sido aprobado por la FDA de Estados Unidos, que cuenta con rigurosos estándares, debería ser homologado en Costa Rica sin tanta burocracia. Esta decisión solo retrasa el acceso a tratamientos vitales para los costarricenses.

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La construcción del nuevo hospital de Cartago sigue adelante después de que la Contraloría General de la República rechazara la apelación de la constructora Van Der Laat, dejando en firme la adjudicación al consorcio mexicano Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. Este proyecto, valorado en $314 millones, incluye un diseño a ser entregado en un plazo de 264 semanas, más dos años de mantenimiento. La presidenta de la CCSS, Marta Acosta, ha expresado preocupaciones sobre el proceso de adjudicación, señalando posibles incumplimientos legales por parte del consorcio adjudicado.

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La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) denunció la morosidad de 193 centros educativos privados en Costa Rica, acumulando ₡4.786 millones en deudas y afectando el derecho de pensión de 2.457 trabajadores. De estas deudas, ₡3.957 millones son de centros activos y ₡829 millones de centros cerrados. Diez centros concentran el 59% del total adeudado. Jupema está realizando esfuerzos de cobro, recuperando ₡332.5 millones hasta julio. Trabajadores fueron instados a revisar y denunciar irregularidades.

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Un proyecto de ley en discusión en el Congreso podría imponer sanciones a los propietarios de alojamientos no tradicionales, como casas y departamentos en plataformas como Airbnb, si no se registran ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La propuesta incluye la suspensión de operaciones por dos años y podría llevar a un aumento de precios para los turistas, según advierte la Asociación de Consumidores Libres (ACL). Además, se otorgaría a las municipalidades el poder de clausurar propiedades sin un debido proceso.

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Las universidades internacionales utilizan fondos de inversión y donaciones de exalumnos para captar profesores destacados, construir infraestructura y otorgar becas, fomentando la iniciativa privada entre docentes. En contraste, las universidades estatales de Costa Rica, influenciadas por ideologías de izquierda, no han adoptado esta estructura, resultando en menos docentes sobresalientes. Estas instituciones dependen casi exclusivamente del erario público, enfrentando críticas por su ineficiencia y oposición al emprendedurismo académico.

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