🌞 Buenos días Costa Rica. El Ministerio de Justicia confirmó que investiga un presunto plan para atentar contra la presidenta Laura Fernández, supuestamente orquestado desde el penal de La Reforma por una banda narcotraficante, en medio de su ofensiva contra el crimen organizado. En el frente económico, el FMI propuso una reforma fiscal que gravaría la canasta básica con el 13% del IVA y eliminaría exoneraciones, además de instar al Banco Central a prepararse para recortar tasas ante una deflación que ya se prolonga por meses. En la Asamblea, la presidenta legislativa Yara Jiménez rechazó 13 permutas de la oposición y desató acusaciones de cálculo político, mientras las cinco fracciones lograron destrabar el proyecto de la marina de Limón. Y en el gremio jurídico, apenas 13 de 1.123 postulantes aprobaron el examen del Colegio de Abogados, un resultado que sacó a aspirantes a protestar a las calles.

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La nueva directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), Susana Rodríguez, planteó que el país debe prepararse para un crecimiento acelerado del consumo eléctrico impulsado por la movilidad eléctrica, el almacenamiento, la inteligencia artificial, los centros de datos y nuevas industrias de alta tecnología. Rodríguez sostuvo que modernizar el sector no implica destruir lo que funciona ni desconocer el papel histórico del ICE, sino tomar lo construido y prepararlo para las próximas décadas con energía firme, sostenible y a precios competitivos. ACOPE ha advertido que Costa Rica requiere al menos 2.500 MW adicionales de potencia en los próximos 15 años solo para atender el crecimiento natural de la demanda, un reto enorme frente a los 3.500 MW que el país ha instalado en toda su historia. En esa línea, la asociación insiste en avanzar con el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), que abriría espacio a generadores privados, cooperativas y municipalidades, y crearía un Mercado Eléctrico Mayorista. La organización subraya que el libre acceso a la red y un despacho económico transparente son condiciones clave para mantener la competitividad y atraer inversión en semiconductores e infraestructura digital.

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El Plenario aprobó de forma unánime un nuevo texto sustitutivo al expediente 24.259, que reforma la Ley Orgánica de Japdeva para permitirle alianzas estratégicas con privados y así viabilizar obras como la marina y la terminal de cruceros del Caribe. La iniciativa nació de un artículo de la fallida "Ley Jaguar" del gobierno de Rodrigo Chaves, que la Sala Constitucional había marcado con vicios y la Contraloría había rechazado, por lo que el acuerdo buscó blindar el proyecto frente a cuestionamientos de constitucionalidad. Los cambios incorporan observaciones de la Contraloría e incluyen su potestad de fiscalización posterior y el refrendo contralor sobre las alianzas. El texto sujeta esas asociaciones a principios de transparencia, libre concurrencia y control administrativo, y establece que las instalaciones en los muelles no podrán salir del dominio público, aunque sí podrán ser explotadas por el socio estratégico junto a Japdeva. José María Villalta destacó que la redacción da flexibilidad sin abrir la puerta a contrataciones a dedo, mientras el limonense Mangell McLean (PLN) subrayó que la provincia es la única costera sin marina.

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El Ministerio de Justicia confirmó que recibió un reporte sobre una supuesta amenaza contra la vida de la presidenta Laura Fernández, a pocos días de que cumpliera su primer mes en el cargo, aunque se abstuvo de dar detalles por tratarse de un asunto de seguridad e inteligencia. Según Noticias Trivisión, una reconocida banda narcotraficante estaría detrás del plan desde el penal de La Reforma, en Alajuela, y las personas presuntamente involucradas ya fueron aisladas. Desde que asumió, Fernández encabeza una Fuerza Élite contra el crimen organizado y ha impulsado medidas como restringir visitas carcelarias y grabar las reuniones de reos de máxima seguridad con familiares y abogados. También articula con el Poder Judicial y los diputados penas más severas mediante reformas al Código Penal y a la Ley de Ejecución de la Pena. La mandataria ha sido enfática en que no permitirá que los líderes criminales sigan dando órdenes desde prisión, cuestionando casos de reos que reciben hasta 17 visitas por semana.

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La diputada Ángela Aguilar (PLN) presentará un proyecto de ley para atender a la población en condición de calle, que pasó de 1.825 a 7.133 personas en una década, un alza cercana al 290%. La iniciativa, elaborada junto al alcalde de San José, Diego Miranda, busca articular a las instituciones públicas y los gobiernos locales bajo un mandato legal claro y con financiamiento garantizado. El plan pretende coordinar acciones entre las entidades competentes, dotarlas de herramientas legales y asegurar recursos para una atención sostenida en el tiempo. Datos del IMAS indican que el 51% de esa población se concentra en el cantón central de San José, seguido por Alajuela y Puntarenas, y que el 84% es costarricense y el 90% son hombres. Aguilar planteó que el país arrastra una deuda histórica con este grupo y reclamó medidas inmediatas.

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El Fondo Monetario Internacional recomendó a Costa Rica una reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado, revise exoneraciones y sostenga la regla fiscal para mantener la deuda en descenso, en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026. Entre sus propuestas figuran una tarifa única para la renta corporativa, la reducción de los umbrales del impuesto de asalariados, una mayor tarifa marginal para las rentas más altas y la eliminación de exenciones del IVA en boletos aéreos, equipo médico, premios de lotería y otros rubros. El punto más sensible es que la canasta básica pase a tributar el 13% del IVA, con transferencias sociales para compensar a los hogares más pobres, una medida que el organismo calcula aportaría hasta 1,6% del PIB de forma acumulada. El informe también pide reformas en pensiones y salud, advierte que las reservas del IVM podrían agotarse a mediados de la década de 2030 y que las del seguro de Enfermedad y Maternidad terminarían antes de 2030, y recomienda resolver los reclamos de la CCSS estimados en 8,5% del PIB. En el plano financiero, plantea eliminar la garantía estatal a los bancos públicos cuando exista un seguro de depósitos bien diseñado y regular fintech y activos digitales.

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Mapfre Economics revisó sus previsiones y estima que la economía mundial crecerá 2,9% en 2026 y 3% en 2027, en un entorno que califica de "estanflacionario" e impulsado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y choques energéticos. La entidad anticipa además un repunte de la inflación global hasta 3,7% en 2026, con la geopolítica como eje que subordina la política monetaria a una gestión rigurosa de riesgos. El impacto es asimétrico por regiones: Estados Unidos aparece mejor posicionado gracias a su condición de productor energético y la profundidad de sus mercados, con un crecimiento previsto del 2%, mientras Europa avanzaría apenas 1% bajo una inflación más volátil. América Latina afrontaría el conflicto en un escenario menos adverso que Europa o Asia, con una mejora del PIB regional del 1,9% este año, aunque con una inflación notablemente más alta, del 8,8%. El sector asegurador muestra cierta resiliencia apoyado en el crecimiento nominal derivado de la inflación.

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Costa Rica registró 1.195.271 llegadas internacionales por vía aérea entre enero y abril de 2026, un alza del 10,5% frente al mismo periodo del año anterior y una cifra histórica para el primer cuatrimestre, según el ICT. Norteamérica lideró el ingreso de viajeros, y dentro de ese bloque Canadá destacó con un crecimiento del 26,6%, impulsado por la conectividad aérea permanente hacia los dos aeropuertos internacionales del país. También avanzaron mercados europeos como España y Países Bajos, mientras el ICT proyecta cerrar el año con cerca de 2,7 millones de turistas. El turismo generó alrededor de $5.543,7 millones en divisas durante 2025, un monto que superó las exportaciones de piña, banano, café y medicamentos. La Encuesta Continua de Empleo del INEC reportó más de 164.000 personas ocupadas en actividades ligadas al sector.

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El Colegio de Abogados confirmó que apenas el 1,16% de quienes hicieron el examen de incorporación en abril lo aprobó, es decir, 13 personas de 1.123 postulantes. Mientras la entidad ofrecía la conferencia de prensa en Zapote, un grupo de aspirantes que no pasó la prueba se manifestó afuera alegando errores, ambigüedad en las preguntas y cambios en la nota mínima, que pasó de 70 a 80 puntos, sin un temario claro de acceso público. El presidente del Colegio, Miguel Arias Maduro, defendió la evaluación y sostuvo que está diseñada para que la apruebe quien estudió cinco años de carrera, trasladando parte de la responsabilidad a la formación universitaria. Arias precisó que, incluso bajando la nota a 70, la aprobación no llegaría ni al 10%, y que de los 13 aprobados, siete provienen de la UCR. Los resultados se ratificarán una vez resueltas las apelaciones, y la nota mínima definitiva se decidirá en una Asamblea General de agremiados aún sin fecha.

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