🌞 Buenos días Costa Rica, la Asociación Bancaria Costarricense encendió las alarmas por el proyecto antiestafas 23.908 aprobado en primer debate, alegando que traslada responsabilidad solidaria a los bancos sin atacar de frente al crimen organizado detrás de muchas estafas y sin delimitar con claridad la culpa grave para definir cuándo procede una indemnización. En paralelo, la comisión legislativa del “caso Barrenador” concluyó que no se acreditó daño patrimonial en la Caja Costarricense de Seguro Social y apuntó a fallas metodológicas en los estudios de costos, además de debilidades en control de versiones, trazabilidad y validación de información técnica. El pulso político se mantiene abierto porque el informe no sustituye la vía penal, pero sí reordena el debate sobre cómo una crisis puede detonarse por información financiera frágil más que por una prueba consolidada de perjuicio. Y como telón de fondo, la diputada Paulina Ramírez criticó un informe sobre la situación de la Caja por considerarlo complaciente, advirtiendo que la deuda estatal, el IVM y las listas de espera siguen acumulando presión sobre servicios y pensiones.

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La discusión distingue entre ampliar una sesión ya convocada y habilitar un día adicional de Plenario. La Presidencia Legislativa puede extender la sesión más allá del horario ordinario —por ejemplo, hasta las 11:00 p.m.— para dar continuidad al debate y tramitar agenda, conforme a la conducción del Plenario y las reglas internas. En cambio, sesionar un viernes implica habilitar un día distinto al calendario ordinario, lo que requiere dos tercios del total de diputados. Ese umbral equivale a 38 votos, tal como indicó Rodrigo Arias al responder la solicitud de Laura Fernández. El debate sigue abierto entre quienes plantean ampliar horarios de lunes a jueves y quienes buscan normalizar sesiones de viernes mediante cambios al Reglamento.

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El informe de mayoría en la comisión legislativa sobre el “caso Barrenador” sostiene que la polémica por presuntos sobreprecios en contratos para administrar 138 Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social no se originó en una comprobación técnica consolidada de daño patrimonial, sino en inconsistencias metodológicas dentro de estudios financieros internos. El documento señala a la Gerencia Financiera y a la Unidad de Contabilidad de Costos por análisis con supuestos incompletos, omisiones de partidas, variables distintas y falta de validación previa, y afirma que una revisión técnica integral a tiempo habría evitado la crisis institucional, judicial y mediática. También expone debilidades estructurales en la gestión de información, como ausencia de protocolos de control de versiones, trazabilidad, unicidad documental y validación cruzada obligatoria. Aunque el informe no sustituye la investigación penal ni define responsabilidades individuales, contextualiza que el expediente judicial estimó inicialmente eventuales montos cercanos a ¢12.400 millones anuales y que Marta Esquivel figura en la causa con medidas cautelares en su momento. La mayoría fue firmada por Daniel Vargas, María Marta Carballo, Luis Diego Vargas y Olga Morera, mientras Rocío Alfaro y diputadas del Partido Liberación Nacional votaron en contra, en un pulso que también dejó abierta la discusión sobre tercerización y alianzas público-privadas como mecanismo para ampliar cobertura y eficiencia.

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El presidente aseguró que el “caso Barrenador” fue un “montaje” diseñado para perjudicar a Marta Eugenia Esquivel y al Gobierno, señalando como actores visibles a áreas internas de la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Marta Acosta Zúñiga y al Fiscal General. También mencionó posibles vínculos de Rodrigo Arias Sánchez y de la magistrada Patricia Solano, y afirmó que el proceso se habría usado para humillar y suspender a Esquivel sin fundamento. Chaves destacó a los diputados Daniel Vargas, María Marta Carvallo, Luis Diego Vargas y Olga Morera por respaldar la tesis del montaje y dijo que hubo presiones de Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio. Sostuvo que las decisiones de Esquivel habrían generado ahorros por ₡18.000 millones y criticó que Fiscalía General de la República (Costa Rica) y el Poder Judicial de Costa Rica no avancen con otros expedientes como Aldesa o Grupo Baruch. La mayoría de la comisión legislativa concluyó que no hubo responsabilidad política directa para Esquivel y atribuyó los hallazgos a fallas administrativas y técnicas.

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La diputada Paulina Ramírez (PLN) atacó un informe en comisión sobre la situación financiera y operativa de la CCSS, calificándolo de “complaciente e irresponsable” por no entrarle a los problemas estructurales ni señalar responsables. Dijo que tras más de un año de audiencias y revisión de actas, el documento termina siendo ambiguo y no refleja la magnitud de lo discutido, presentando los problemas como “casos aislados” pese al impacto acumulado en el equilibrio financiero. También apuntó al peso de la deuda del Gobierno con la CCSS y advirtió sobre riesgos reales para el régimen IVM, mientras las listas de espera siguen golpeando a miles de familias. Ramírez sostuvo que, si la situación se mantiene, podría traducirse en pensiones futuras más bajas y defendió un informe alternativo que —según ella— identifica inconsistencias y propone medidas inmediatas para proteger servicios de salud y pensiones.

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La diputada María Marta Carballo afirmó en Plenario que en la Caja Costarricense de Seguro Social hay un patrón de favoritismo en la formación de especialistas y aseguró que 5 de 8 plazas de oftalmología habrían quedado en manos de hijos de médicos especialistas. También denunció que parte de la resistencia a cambios vendría de profesionales con salarios de hasta ¢16 millones, incluso en jornadas parciales, y vinculó el tema con el estancamiento para reducir listas de espera. Carballo retó a la oposición, mencionando al José María Villalta y pidiendo que “permitan que se formen especialistas” como forma de fortalecer la institución. Desde Frente Amplio, la diputada Sofía Guillén rechazó el tono y cuestionó que el proyecto podría afectar la próxima generación de especialistas, incentivando salida del país y abriendo homologaciones sin criterios claros. El cruce deja sobre la mesa una disputa entre apertura de plazas y cambios en formación/contratación versus el llamado a una discusión más técnica sobre cómo aumentar especialistas sin generar distorsiones.

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La Asociación Bancaria Costarricense criticó el proyecto de ley 23.908, aprobado en primer debate, con el que se busca frenar las estafas bancarias, alegando que está “muy lejos” de resolver el problema de fondo ligado a estructuras de crimen organizado. Según el gremio, el texto impone una responsabilidad solidaria a las entidades financieras cuando un tercero accede sin autorización a cuentas y sustrae datos o fondos, pero no asigna responsabilidades directas a los delincuentes ni incorpora elementos técnicos clave. La ABC cuestionó que en Comisión Plena III no se atendieran criterios necesarios para un abordaje integral y pidió un enfoque que combine prevención, educación financiera y cooperación entre autoridades, bancos y ciudadanía. Un punto central es la ausencia del concepto de culpa grave, que —según la asociación— ayudaría a delimitar cuándo procede una indemnización y dar mayor seguridad jurídica. El expediente seguirá su trámite en el Plenario.

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El ministro Rudolf Lücke reconoció que en 2027 volverán las restricciones al gasto del Ministerio de Hacienda, luego de que la relación deuda/PIB cerrara 2025 en 60,4%, por encima del umbral del 60% que reactiva la regla fiscal. Según explicó, el presupuesto de 2027 enfrentará un “techo de gasto” calculado como el promedio del crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años, del cual se podrá ejecutar 65%. En contraste, cuando el indicador estuvo bajo 60% en 2024 (58,9%), el gasto podía crecer hasta 75% de ese promedio. Lücke indicó que la restricción también alcanzaría el gasto de capital (inversión, equipo y tecnología). Consultado por El Observador sobre un posible regreso al congelamiento salarial del sector público y sobre si esto refleja agotamiento de la reforma fiscal, el ministro evitó responder; el diputado electo Nogui Acosta ha señalado que el objetivo de volver a estar bajo 60% implicaría recortar gasto.

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El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un financiamiento de $150 millones para que el Ministerio de Seguridad Pública (Costa Rica) renueve y amplíe su flotilla con más de 6.000 unidades, incluyendo patrullas, autobuses, motocicletas, drones y cámaras. Según lo anunciado, el objetivo es mejorar vigilancia y patrullaje, transporte de personal, traslado de detenidos y la atención de emergencias a nivel nacional. El plan parte de que más del 40% de la flotilla estaría fuera de servicio por antigüedad o daños, y muchas de las unidades operativas superarían los diez años de uso. Con la inversión, se proyecta aumentar la cobertura policial efectiva en zonas rurales y fronterizas del 60% al 75%, reducir tiempos de respuesta y elevar la atención de incidentes. También se estima una disminución de 20% en costos de mantenimiento correctivo gracias a la modernización de equipos.

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