🌞 Buenos días Costa Rica, Laura Fernández ya puso sobre la mesa una reforma al Poder Judicial que busca hacerlo más eficiente, transparente y sometido a una verdadera rendición de cuentas ante los ciudadanos. Al mismo tiempo, el Gobierno adelantará la negociación del FEES dentro de un mes, en medio del escándalo por los gastos del rector de la UCR y con una línea dura para presionar por cambios en el uso de los recursos universitarios. En la Asamblea, el FMI pidió frenar los proyectos para devolver anticipadamente el ROPC, advirtiendo que esa medida podría debilitar las pensiones y golpear variables sensibles como la inflación y el tipo de cambio. Además, el crédito para la ruta San José-San Ramón volvió a desatar un choque entre oficialismo y oposición, aunque todo apunta a que el proyecto finalmente avanzará en comisión la próxima semana.

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El Ministerio de Educación Pública adelantará la negociación del FEES dentro de un mes, tras una sugerencia pública de Rodrigo Chaves, rompiendo con la práctica habitual de iniciar esas conversaciones hasta mayo. El movimiento llega en medio del ruido por los cuestionamientos al rector de la UCR, Carlos Araya, luego de que salieran a la luz facturas por ¢818.000 en gastos de representación en un restaurante argentino. Desde el Gobierno, Leonardo Sánchez dejó claro que la línea oficial seguirá concentrada en más inversión en becas para estudiantes vulnerables, carreras con alta demanda laboral y presencia fuera de la GAM, mientras que el punto de partida de la discusión será una inflación de cero. La señal política también coincide con la presión del Ejecutivo sobre la distribución interna de los recursos entre universidades, especialmente cuando la UCR absorbe casi el 49,88% del total del fondo para 2026. Con eso, la negociación del FEES arranca antes y con un tono más confrontativo de lo usual entre Casa Presidencial y las universidades públicas.

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La salida de la fracción del PUSC de la Asamblea deja un panorama marcado por retornos al sector privado, jubilaciones y especulación sobre eventuales nombramientos públicos, justo cuando el partido pasará de ocho curules a una sola diputación en el próximo periodo. Alejandro Pacheco dijo que volverá a su plaza en el Departamento Legal y a sus negocios familiares, mientras Daniela Rojas, Vanessa Castro y Carlos Felipe García apuntan a retomar su carrera fuera del Estado, este último incluso descartando seguir en función pública en el corto plazo. En paralelo, Horacio Alvarado confirmó que ya tramita su jubilación, y María Marta Carballo aseguró que su prioridad es terminar su maestría, retomar su vida familiar y luego buscar opciones laborales, sin tener nada cerrado aún. También siguen sonando versiones sobre posibles espacios en el próximo Ejecutivo para figuras como Melina Ajoy o María Marta Carballo, aunque ambas evitan confirmar movimientos y dicen estar concentradas en cerrar su etapa legislativa. El caso más abierto es el de Carlos Andrés Robles, quien incluso remitió su currículum a la presidenta electa, Laura Fernández, y quedó a la espera de una respuesta.

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La presidenta electa, Laura Fernández, elevó el tono contra el sistema judicial tras la rendición de cuentas del fiscal general, Carlo Díaz, y pidió a la próxima Asamblea Legislativa asumir “con valentía” una reforma profunda del Poder Judicial. Cuestionó que el informe de Díaz se presentara ante la Corte Plena y no “al pueblo de Costa Rica”, al sostener que todo funcionario público debe responderle directamente a la ciudadanía. Fernández también reclamó metas claras, indicadores de eficiencia y explicaciones sobre la caída de casos judiciales y el cumplimiento de condenas, en medio del malestar ciudadano por la lentitud de la justicia. En esa línea, afirmó que una democracia no puede sostenerse sin un sistema judicial fuerte, transparente y que rinda cuentas, y advirtió que su gobierno buscará convertir esa agenda en una bandera política. Además, dejó claro que ya trabaja con su equipo en propuestas concretas y que intentará reunir respaldo legislativo para empujar cambios normativos.

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El crédito para la ruta San José-San Ramón volvió a encender el Plenario luego de que el oficialismo acusara a la Comisión de Hacendarios de atrasar el dictamen, mientras la oposición respondió tildando de “mentirosos” a Jorge Rojas y Pilar Cisneros. El choque también giró alrededor de quién se atribuye la rebaja en la tasa de interés del préstamo con el BCIE, ya que el oficialismo se la adjudica a Laura Fernández, pero diputados como Paulina Ramírez, Jonathan Acuña y Eli Feinzaig sostienen que la gestión institucional vino desde la propia comisión y debía canalizarse por el Ejecutivo. La discusión consumió cerca de una hora de la sesión y elevó todavía más la tensión entre bancadas, con reclamos por la supuesta urgencia de un proyecto que, según la oposición, el propio Gobierno tardó años en presentar. Pese al pleito político, en Hacendarios aseguran que el expediente será dictaminado de forma unánime la próxima semana y enviado al Plenario para su discusión y votación. El empréstito con el BCIE ronda los $600 millones dentro del paquete previsto para desarrollar una de las obras viales más relevantes para la conexión entre la GAM y Occidente.

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El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para reforzar la defensa aérea y marítima en el Mediterráneo oriental, en coordinación con un operativo europeo liderado junto a Francia y Grecia, tras el ataque con drones atribuido a Irán contra una base británica en la isla. Madrid mantiene que la misión es estrictamente defensiva y, al mismo tiempo, sigue rechazando que Estados Unidos use las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Teherán, una línea que ha tensado la relación con la Casa Blanca. En ese choque, Donald Trump amenazó con “cortar todo el comercio” con España y la calificó como un aliado “terrible”, aunque hasta ahora no se han concretado medidas comerciales efectivas. El despliegue de la fragata sí refleja un giro operativo de España ante la escalada regional, pero no equivale a una adhesión plena a la estrategia militar de Washington. En paralelo, Chipre agradeció públicamente el apoyo español, mientras Europa refuerza su presencia militar en la zona por temor a nuevos ataques y a una expansión del conflicto.

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El Fondo Monetario Internacional pidió a los jefes de fracción no avanzar con los proyectos que buscan la devolución anticipada del ROPC, al advertir que esa decisión podría debilitar las pensiones y golpear la economía. Según relataron varios diputados presentes en la reunión, el Fondo considera que entregar esos recursos sería “muy peligroso”, porque muchos adultos mayores podrían gastar ese dinero en pocos años y luego quedarse sin un ingreso complementario clave para su manutención. Además, advirtió que una medida así tendría efectos inmediatos sobre la inflación y el tipo de cambio, en un contexto donde el sistema ya enfrenta presiones por envejecimiento poblacional, déficit actuarial y limitaciones en su modelo de inversión. El ROPC hoy tiene 3,2 millones de afiliados, 1,4 millones de aportantes y beneficia a unos 83.000 pensionados, con una pensión promedio cercana a ¢98.000. Entre las recomendaciones del FMI también surgió la idea de flexibilizar las inversiones de las operadoras, incluyendo una mayor apertura al exterior para buscar más solidez y mejor rendimiento.

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La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras criticó la aprobación del proyecto de ley 23.908, que obliga a las entidades financieras a responder por estafas electrónicas contra clientes, al considerar que el texto no ataca de forma integral a las redes criminales detrás de estos delitos. Aunque el sector dice compartir la preocupación por el auge del fraude digital, advierte que la norma podría generar inseguridad jurídica, más judicialización y distorsiones en el sistema financiero, además de crear expectativas de protección que no necesariamente se cumplirían en la práctica. También sostuvo que trasladar de forma amplia la responsabilidad económica a los bancos podría elevar costos operativos, provisiones de riesgo y restricciones al crédito, con posibles efectos sobre la inclusión financiera. El proyecto fue impulsado como respuesta al aumento de las estafas digitales y busca que los bancos respondan cuando no se pruebe negligencia del cliente, pero el gremio financiero insiste en que una regulación mal calibrada puede terminar encareciendo el acceso al sistema formal. En paralelo, la Cámara subrayó que las entidades ya vienen haciendo inversiones importantes en prevención del fraude y seguridad digital.

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Ernesto Leal, CEO de Banco Promerica Costa Rica, fue designado como nuevo presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, en un momento en que el sector enfrenta presiones por regulación, seguridad digital y protección al usuario. Desde Promerica destacaron su trayectoria de más de dos décadas en el sistema financiero y su experiencia en procesos de crecimiento, transformación organizacional e impulso de soluciones financieras para personas y empresas en Centroamérica. Leal afirmó que la solidez del sistema depende de la capacidad de sus actores para dialogar y construir consensos, subrayando la necesidad de mantener una conversación técnica entre entidades públicas y privadas. Su llegada se da además en una coyuntura sensible para la banca, marcada por debates sobre estafas electrónicas, tecnología y coordinación sectorial. La ABC, fundada en 1983, sigue siendo uno de los principales espacios de articulación entre bancos y autoridades regulatorias en Costa Rica.

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La Dirección General de Tributación salió a aclarar qué sí y qué no debe incluirse en la declaración informativa 270, luego de que circularan versiones erróneas en redes sobre su alcance. Hacienda precisó que este formulario solo aplica para transacciones específicas que no estén respaldadas por comprobante electrónico, como ciertos pagos de intereses y comisiones no sujetos al IVA a entidades financieras reguladas, así como pagos al Estado, municipalidades, instituciones autónomas, semiautónomas y universidades públicas cuando estén exentos por ley. También recordó que las instituciones financieras deben reportar los ingresos o pagos que perciban por intereses y comisiones. Un punto clave es que esta declaración es eventual, o sea, solo se presenta si efectivamente hubo operaciones que deban reportarse en ese mes. Además, Tributación dejó claro que incluir una compra o gasto en el formulario 270 no corrige la falta de comprobante electrónico cuando la normativa sí exige emitirlo.

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