🌞 Buenos días Costa Rica, Venezuela se convirtió en el tema que está reordenando la conversación política local y internacional: mientras Washington habla de “cuarentena petrolera” y presión vía sanciones, Delcy Rodríguez baja el tono y ofrece cooperación con EE. UU. tras la captura de Maduro, aunque desde el chavismo duro se mueven piezas para mantener el control. En Costa Rica, el efecto dominó ya se siente en campaña: Feinzaig se fue de frente contra el Frente Amplio por invocar la “autodeterminación” sin condenar al régimen, y Laura Fernández subió la apuesta prometiendo mano dura y cero impunidad, además de marcar distancia de gobiernos que —según ella— se fotografiaron con dictadores. El ruido también alcanzó a Óscar Arias, porque reapareció el antecedente de Petrocaribe y hoy su discurso choca con la acusación de que EE. UU. busca apropiarse del petróleo venezolano, en una crisis donde el crudo mete volatilidad, pero el mercado global sigue con colchón de oferta. 

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Laura Fernández aseguró que en su eventual gobierno “se acabó la impunidad en el Poder Judicial” y que quien cometa un delito “pagará hasta el último día de su condena”, presentándolo como un giro de mano dura frente a la inseguridad. En el plano internacional, dijo que como presidenta no hará lo que atribuye a gobiernos recientes, señalando directamente a Laura Chinchilla (PLN) y Luis Guillermo Solís (PAC) por “reunirse, legitimarse” y hasta tomarse fotos con dictadores y violadores de derechos humanos como Hugo Chávez y Raúl Castro. “Eso conmigo no pasará”, afirmó, añadiendo que “jamás traicionaré” la confianza del electorado y enmarcando su postura como defensa de la democracia y la libertad en la región. También reiteró su apoyo a una Venezuela libre, argumentando que las personas deberían poder construir su futuro en su propia tierra bajo un país próspero y seguro. Cerró con un mensaje de firmeza política: “Democracia siempre, dictadura nunca”, apelando a una región con orden, libertad y prosperidad.

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La crisis en Venezuela y la reacción internacional tras la detención de Nicolás Maduro detonaron un choque político en Costa Rica, luego de que el Frente Amplio condenara la operación de Estados Unidos en territorio venezolano y apelara al principio de autodeterminación de los pueblos. En un comunicado, el FA calificó lo ocurrido como una grave violación del derecho internacional, advirtió que abre un escenario de guerra en la región y sostuvo que las consecuencias recaen principalmente sobre la población civil. También atribuyó la acción a una “lógica supremacista” del presidente Donald Trump vinculada —según el partido— a intereses económicos por recursos naturales, e instó a Costa Rica a reafirmar su tradición pacifista y la idea de la región como Zona de Paz. Feinzaig respondió desde redes sociales acusando al FA de incoherencia y complacencia con el chavismo, afirmando que “la autodeterminación se manifiesta en las urnas, no por la voluntad del dictador”. Además, reprochó que no condenaran a Maduro por “usurpar el poder” tras lo que describió como una decisión contundente del pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio de 2024, y dijo que esa omisión revela falta de compromiso con el espíritu democrático.

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Durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010) se impulsó un acercamiento para explorar el ingreso de Costa Rica a Petrocaribe, el mecanismo energético creado por Hugo Chávez que ofrecía financiamiento a largo plazo y tasas bajas para comprar petróleo. El interés se dio en un contexto de precios internacionales del crudo muy altos en 2008, cuando además se citaba que Costa Rica importaba una porción mayoritaria de su crudo desde Venezuela y con plazos cortos de pago. Arias y su equipo insistían en que se trataba de un acuerdo energético y no una adhesión al ALBA, aunque el tema generó resistencia de sectores políticos y empresariales, y finalmente Costa Rica no ingresó. Ese antecedente se conecta con declaraciones del 3 de enero de 2026, en las que Arias criticó la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y acusó a Washington de pretender “robarse” el petróleo venezolano. En ese mismo pronunciamiento, afirmó que EE. UU. debería “legitimar y empoderar” a lo que llamó autoridades electas, mencionando a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

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Natalia Díaz arremetió contra el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, afirmando que “Costa Rica no es un experimento para zurdos” y rematando con “ni siquiera han administrado un grupo de WhatsApp” y aun así pretenden dirigir el país. La candidata cuestionó la experiencia y preparación de Robles, y defendió que el país necesita liderazgo con trayectoria en el sector privado, capaz de entender lo que implica pagar planillas, producir y sostener un negocio. En su mensaje también atacó lo que describió como políticas basadas en “juguetitos”, rechazando —según sus palabras— a defensores de privilegios y “resentidos sociales” que buscan decirle a la gente cómo trabajar. El pronunciamiento se enmarca en su estrategia de comunicación con vallas en carretera, donde ha apuntado no solo a Robles, sino también a Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles. La crítica llega además en un contexto regional caliente, un día después de la captura de Nicolás Maduro por EE. UU., tema sobre el cual Robles y el Frente Amplio cuestionaron la intervención.

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Un estudio de Procomer indica que en 2024 un total de 644 empresas exportaron 320 productos agrícolas a 109 destinos, mostrando que el agro no es solo piña, banano y café, aunque estos sigan como columna vertebral. Las exportaciones agrícolas sumaron $3.599 millones, lideradas por piña ($1.320 millones), banano ($1.189 millones) y café oro ($344 millones), mientras rubros como frutas congeladas, plantas ornamentales, sandía y chayote ganan peso en la canasta exportable. Procomer sostiene que esta diversificación de productos y mercados mejora la resiliencia del sector y abre oportunidades en nichos de mayor valor, con Norteamérica y la UE concentrando la mayor parte del monto, pero con dinamismo en Centroamérica, Caribe y Asia. Laura López, gerente general de Procomer, señaló que al cierre de octubre de 2025 el agro es el segundo sector más importante en exportaciones de bienes, con 16% de participación, detrás de dispositivos médicos. 

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El Gobierno dice que la adhesión de Costa Rica al CPTPP está en “recta final”, con negociaciones “muy maduras”, pero aún quedan los temas más sensibles para el cierre, según el ministro de Comex, Manuel Tovar. Las principales trabas se concentran en acceso a mercado para productos agrícolas sensibles —con énfasis en papa—, asuntos del sector pesquero y varios puntos ligados a servicios, donde el Ejecutivo afirma estar defendiendo “con las uñas” las mejores condiciones. Tovar aseguró que la meta es concluir en las primeras semanas o meses del año y cerrar el acuerdo antes de que termine la administración en mayo de 2026. En paralelo, Comex advierte que el CPTPP se volvió un imán en un comercio global más volátil, con múltiples países “coqueteando” para entrar, mientras Costa Rica afirma ser el único en proceso formal de incorporación actualmente. Si se concreta, el texto deberá pasar por aprobación legislativa y la revisión obligatoria de la Sala Constitucional, antes del aval definitivo, y se vendería como un “pasaporte” para ampliar acceso a mercados —incluido un TLC con Japón— dentro de un bloque que el artículo estima en 15% del PIB mundial y cerca de 600 millones de consumidores.

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Marco Rubio afirmó en televisión que Cuba es “un enorme problema” y que está “en serios problemas” después de la captura de Nicolás Maduro, aunque evitó detallar cuáles serían los próximos pasos de Washington. El secretario de Estado sostuvo que el régimen cubano fue clave para sostener a Maduro y describió una influencia profunda de La Habana dentro del aparato chavista, especialmente en seguridad e inteligencia, llegando a decir que Maduro habría estado custodiado por cubanos y que esa red sería la que vigila lealtades internas. En ese marco, Rubio sugirió que el “relato de colonización” aplica más a la presencia cubana dentro del régimen venezolano que a la intervención estadounidense, y deslizó que si él estuviera en el gobierno en La Habana estaría “al menos un poco” preocupado. Cuba, según el texto, condenó la operación y la describió como agresión imperialista, alertando a la región sobre una amenaza más amplia. El artículo añade que, tras lo ocurrido en Venezuela, Trump y altos funcionarios han insinuado una visión de esfera de influencia en el hemisferio occidental, con menciones también a Colombia y México por el peso de los carteles.

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Delcy Rodríguez, considerada la número dos del régimen de Nicolás Maduro y ahora al frente tras su captura, emitió un comunicado ofreciendo “trabajar juntos en una agenda de cooperación” con Estados Unidos “dentro del marco del derecho internacional”. En el mensaje, pidió a Trump “paz y diálogo, no guerra” y dijo aspirar a una Venezuela donde los venezolanos puedan reunirse bajo un proyecto común, marcando un giro frente a su postura del día anterior, cuando exigía el regreso de Maduro y lo llamaba “el único presidente”. Desde Washington, la reacción fue cautelosa: Trump advirtió que si Rodríguez “no hace lo correcto” pagará “un precio muy grande”, aunque también relató que ella conversó con Rubio y habría dicho “haremos lo que necesiten”. Rubio, por su parte, reiteró que EE. UU. no considera legítimo al régimen y que el objetivo es una transición hacia elecciones libres y justas. En el Senado, Tom Cotton también expresó escepticismo y dijo que no se puede contar con Rodríguez “hasta que lo demuestre”, citando el caso de Gaddafi en 2003 como ejemplo de líderes antiestadounidenses que solo cambiaron tras hacer concesiones concretas.

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Marco Rubio aclaró que cuando Donald Trump habló de “correr” Venezuela, no se refería a tomar control del gobierno venezolano ni a una administración directa con tropas estadounidenses, sino a dirigir el rumbo de la transición mediante presión y condiciones. El eje, según Rubio, es una “cuarentena” sobre el petróleo, respaldada por órdenes judiciales para interceptar y confiscar buques sancionados que entren o salgan del país cargando crudo o yendo a recogerlo. El secretario sostuvo que esa palanca busca forzar cambios “en interés de EE. UU. y del pueblo venezolano”, y que la economía venezolana no avanzará hasta que se cumplan esas condiciones. Al mismo tiempo, dijo que Washington mantendrá todas las opciones sobre la mesa, incluyendo acciones adicionales si la Casa Blanca lo considera necesario, aunque insistió en que la herramienta principal es la presión financiera y logística sobre el petróleo. Rubio repitió la idea en televisión al resumirlo así: “no es correr el gobierno, es correr la política”. 

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El secretario de Estado Marco Rubio explicó que Washington buscaría influir en lo que ocurra en Venezuela mediante una “cuarentena petrolera” —un bloqueo de buques bajo sanciones— en lugar de “tomar control” del país, como insinuó Donald Trump. Rubio sostuvo que esta medida le da a EE. UU. “tremendo apalancamiento” y citó que OFAC tiene más de 50 embarcaciones listadas dentro de la iniciativa. El artículo afirma que el bloqueo no tendría un impacto relevante en el mercado global, en parte porque alrededor del 80% del petróleo venezolano se vendería en el mercado negro, con China y Rusia como grandes compradores, aunque sí podría golpear severamente la economía venezolana. Trump ha dicho que espera que empresas estadounidenses entren e inviertan “miles de millones” para reconstruir una infraestructura petrolera “muy deteriorada” y volver a producir. Sin embargo, el historial pesa: Venezuela nacionalizó el sector y compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron tras disputas y arbitrajes, mientras que hoy Chevron sería la única firma de EE. UU. operando con una licencia especial. La conclusión práctica es que, aun con reservas enormes —se mencionan 300.000 millones de barriles—, expertos citados advierten que las petroleras exigirán estabilidad política y reglas claras más allá de un simple cambio de liderazgo.

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