🌞 Buenos días Costa Rica, Laura Fernández ya empezó a mover fichas para su próximo gobierno, apostando por la continuidad de varios jerarcas de la administración Chaves y abriendo además una ronda de negociaciones con todas las fracciones legislativas, con Crucitas como uno de los temas más calientes sobre la mesa. En paralelo, se encendió un nuevo frente diplomático e institucional luego de que Estados Unidos revocara la visa al magistrado Fernando Cruz, en un episodio que vuelve a tensar la relación entre Washington y sectores del Poder Judicial costarricense. En lo económico, el país arranca el año con señales claras de fortaleza, ya que la economía creció 4,8% en enero y el turismo registró un repunte de 14% en febrero, reforzando la idea de que Costa Rica mantiene tracción en inversión, consumo y llegada de visitantes. Además, el Congreso podría destrabar una de las obras más esperadas del país, luego de que tomara fuerza la posibilidad de aprobar por vía rápida el préstamo de $770 millones para la carretera San José–San Ramón.

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Laura Fernández confirmó que está evaluando a todos los ministros, presidentes ejecutivos y directores de instituciones estratégicas del actual gobierno con la intención de definir su gabinete a finales de abril, de cara al inicio de su administración el 8 de mayo. La presidenta electa dejó claro que busca mantener en el cargo a varios jerarcas de la administración de Rodrigo Chaves, siempre que considere que tuvieron un buen desempeño, aunque evitó adelantar nombres. También reconoció que varios diputados actuales han mostrado interés o disposición para integrarse al próximo gobierno, y aseguró que valorará esos perfiles igual que los de otros aspirantes. Fernández sostuvo que la decisión final dependerá de la idoneidad, el perfil profesional y lo que considere mejor para su equipo, en medio de especulaciones sobre eventuales incorporaciones tanto del oficialismo como de otras bancadas.

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Laura Fernández anunció que se reunirá con todas las fracciones legislativas actuales antes del cierre del período el 30 de abril, con especial atención al encuentro con el Frente Amplio para discutir el futuro del proyecto sobre Crucitas. La presidenta electa insistió en que quiere explorar un punto medio con esa bancada para que retiren las mociones presentadas al expediente y permitir que la iniciativa avance en esta legislatura, bajo el argumento de que el país no debería desaprovechar un recurso como el oro en medio de necesidades de inversión pública. Desde el Frente Amplio, Rocío Alfaro cuestionó que esa conversación llegue cuando el trámite ya está bastante adelantado en comisión, donde ya se han votado 80 de 155 mociones, y advirtió que el ritmo actual podría dejar poco margen para una negociación real. En paralelo, Fernández utilizó su reunión con la fracción oficialista para agradecer el trabajo de cierre de periodo y pedir que no se afloje en la recta final, especialmente para evitar la aprobación de proyectos apresurados que luego puedan terminar expuestos a un nuevo veto del Ejecutivo.

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El magistrado constitucional Fernando Cruz Castro confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa justo cuando se preparaba para viajar a recibir un reconocimiento internacional otorgado por la Universidad Northwestern, ligado a una sentencia sobre más de 200 migrantes asiáticos deportados desde EE. UU. y retenidos en Costa Rica. Cruz había cuestionado con dureza el manejo de ese caso, denunciando que esas personas fueron tratadas “como si fueran objetos” y señalando que tanto Washington como San José actuaron de una forma incompatible con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Tras conocerse la medida, el magistrado aseguró que la revocatoria representa “un honor”, al venir de un gobierno que, según él, irrespeta el derecho internacional y maltrata a los migrantes, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump. El episodio se suma a tensiones previas entre Estados Unidos y la Sala Constitucional, luego de que en 2025 también se cancelaran visas a otros magistrados, en un contexto donde Cruz ya había denunciado presiones externas contra la independencia judicial costarricense.

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La diputada socialcristiana Daniela Rojas cargó contra los proyectos que buscan devolver recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones, al sostener que responden a populismo económico y ponen en riesgo la seguridad social con tal de ganar respaldo político. Rojas aseguró que los criterios técnicos, estudios económicos y comparecencias de expertos fueron ignorados por varios diputados, pese a que entidades como el Banco Central, la UCR, el FMI, la SUPEN y organismos internacionales advirtieron sobre efectos negativos en inflación, tasas de interés y tipo de cambio. Según expuso, liberar esos fondos convertiría un instrumento previsional en un mecanismo de consumo inmediato, debilitando la pensión complementaria justo cuando el sistema ya enfrenta presiones por la situación del IVM. También cuestionó que se altere la naturaleza del aporte patronal al ROP, al advertir que si deja de ser un fondo para la vejez, también pierde lógica su financiamiento actual. En su mensaje, defendió que el Congreso discuta soluciones reales al sobreendeudamiento, la vivienda y la salud, pero sin vaciar un pilar del sistema de pensiones para obtener aplausos de corto plazo.

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La diputada Rocío Alfaro rechazó el proyecto que permitiría el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, al sostener que debilita una protección legal pensada para resguardar a niños y adolescentes de la influencia de esa publicidad. Según la frenteamplista, la iniciativa responde principalmente al interés de equipos grandes del fútbol masculino por conseguir más financiamiento, sin que exista un beneficio equivalente para otras disciplinas deportivas ni para instituciones públicas que enfrentan los costos sociales del alcohol. Alfaro advirtió que flexibilizar esa restricción implica retroceder en salud pública, derechos de la niñez y prevención de la violencia, al vincular el consumo de licor con accidentes, agresiones y entornos familiares dañinos que también terminan afectando a los menores. Además, afirmó que la propia Sala Constitucional ya ha señalado objeciones a proyectos similares por no respetar el interés superior del menor ni superar criterios de proporcionalidad y razonabilidad, al considerar que el supuesto beneficio económico no compensa el perjuicio social que podría generar.

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Costa Rica recibió 308.873 turistas por vía aérea en febrero, un crecimiento de 14,06% frente al mismo mes de 2025, consolidando el mejor dato de esta temporada alta y reforzando la recuperación del sector tras la caída observada a mediados del año pasado. Entre enero y febrero ingresaron más de 600 mil turistas por avión, una cifra inédita para el primer bimestre del año, mientras que por todas las vías el país sumó 653.959 visitantes, con un alza total de 10,42%. El ICT destacó especialmente el empuje de Estados Unidos, con un aumento de 11,7%, y de Canadá, que registró un salto de 32%, dos mercados clave para la industria turística nacional. Desde el Gobierno atribuyen el resultado a una mejor conectividad y al trabajo conjunto entre el sector público y privado, en momentos en que el país apuesta por atraer visitantes que permanezcan más tiempo y gasten más durante su estadía.

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La economía costarricense creció 4,8% interanual en enero de 2026, según el IMAE del Banco Central, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales frente a enero del año pasado y extiende a 39 meses consecutivos el crecimiento por encima del 4%. El régimen definitivo avanzó 3,3% y aportó la mayor parte de la expansión, mientras que las zonas francas volvieron a empujar con fuerza al registrar un crecimiento de 9,8%, aunque con una moderación en manufactura vinculada a la producción de implementos médicos. Por sectores, destacaron el repunte de manufactura, el avance de servicios, el crecimiento de construcción pública y una mejoría en la actividad agropecuaria, favorecida por mayores cosechas de productos de ciclo corto y cultivos de exportación como piña, sandía y melón. En contraste, banano y café siguieron golpeados por plagas, hongos y condiciones climáticas adversas, mientras algunas áreas de servicios y comercio crecieron a un ritmo más moderado.

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El proyecto para aprobar un préstamo de $770 millones con el BCIE para ampliar la carretera San José–San Ramón podría avanzar por la vía rápida en la Asamblea Legislativa, luego de que la fracción del PLN acordara respaldar la dispensa de trámite. Con ese apoyo, la iniciativa ganaría velocidad en el plenario y acercaría la posibilidad de destrabar una obra que por años ha sido símbolo de atraso y frustración para miles de conductores. Liberación justificó su posición al señalar que el corredor es clave para mejorar la movilidad en el Valle Central, reforzar la seguridad vial y dinamizar la actividad económica de las comunidades que dependen de esa ruta estratégica. El expediente 25.183 se perfila así como uno de los proyectos de infraestructura con mayor viabilidad política en esta recta final del actual período legislativo.

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Alajuelita sumará un nuevo polo de actividad económica con el Parque Empresarial Hacienda Verbena, un desarrollo de uso mixto que contempla una inversión de $75 millones y la generación de hasta 1.000 empleos entre construcción y operación. El proyecto, impulsado por Meridia, Deindustrial Inmobiliaria y Hacienda La Verbena, apunta a captar empresas de logística, distribución, consumo masivo y comercio, en una propiedad de 16 hectáreas con más de 83.500 metros cuadrados arrendables. La primera fase arrancó en enero y ya tiene comprometido el 78% del espacio disponible, una señal de fuerte demanda antes incluso de entrar en funcionamiento. Según los desarrolladores, el primer edificio comenzaría a operar en enero de 2027 y la primera etapa quedaría concluida en julio de ese mismo año, con la promesa de combinar inversión privada, contratación local y encadenamientos productivos con pymes de la zona.

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