🌞 Buenos días Costa Rica, los diputados aprobaron en primer debate el préstamo de $800 millones para el tren eléctrico, dejando encaminado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años. En paralelo, Rodrigo Chaves y Laura Fernández cerraron filas para mantener en 0% el aumento del FEES para 2027, trasladando al próximo Congreso una de las discusiones presupuestarias más sensibles del país. En materia de seguridad, la presencia permanente de la DEA y el FBI en Costa Rica refuerza la ofensiva contra el narcotráfico, en un contexto donde el decomiso de cocaína ya creció con fuerza durante los primeros meses del año. Además, Costa Rica movió ficha en su estrategia económica internacional con la apertura de una oficina de promoción de inversión en Singapur, desde donde buscará atraer empresas de servicios, tecnología avanzada y manufactura sofisticada.

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El Gobierno de Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández sostienen que el FEES no debe aumentar en 2027, dejando la decisión final en manos de la próxima Asamblea Legislativa. La posición oficial parte de que, en un contexto de deflación y menores ingresos estatales, mantener intacto el monto actual no constituye un recorte, sino una señal de disciplina fiscal. Chaves además condicionó cualquier cambio a una redistribución interna de los recursos entre universidades, planteando que instituciones como la UCR y la UNA cedan parte del pastel a la UNED, la UTN y el TEC. Fernández adelantó que mantendrá exactamente la misma línea a partir del 8 de mayo, al considerar que el presupuesto universitario debe ajustarse a la realidad de las finanzas públicas. Bajo esta propuesta, las universidades conservarían sin cambios los ¢593 mil millones asignados este año, mientras la disputa se traslada a un Congreso que tendrá que decidir entre presión presupuestaria y contención del gasto.

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La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un préstamo de $800 millones para impulsar el tren eléctrico, un proyecto que lleva años estancado y que ahora quedará en manos del eventual gobierno de Laura Fernández, al que le tocaría licitar la obra y ejecutarla en un plazo de cuatro años. El plan contempla más de 51 kilómetros de vía doble entre Paraíso de Cartago, San José y el centro de Alajuela, además de 28 trenes eléctricos, 30 estaciones, dos terminales nuevas y nueve pasos a desnivel. El principal riesgo para el cronograma sigue siendo la resolución de 145 expropiaciones pendientes, que podrían atrasar el arranque y la construcción. La aprobación llega en medio de un contexto donde las presas siguen golpeando con fuerza al país, con pérdidas de hasta 8 minutos por cada 100 metros recorridos en algunos puntos, según datos citados del Índice de Competitividad 2025. En paralelo, los diputados también avalaron otro empréstito por $350 millones para financiar un programa de reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima.

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Laura Fernández aseguró que el choque inicial con el Frente Amplio por el proyecto de Crucitas terminó derivando en un espacio de diálogo, con la intención de explorar ajustes que permitan mover la iniciativa en la Asamblea. La jerarca sostuvo que ya pidió observaciones al texto y que está dispuesta a revisar cambios para encontrar una redacción de equilibrio que acerque posiciones sin congelar el proyecto. En la conversación también se abrieron otros frentes legislativos, incluyendo temas como el crédito del tren metropolitano y una ley de expropiaciones, lo que amplió el margen para negociar apoyos entre bancadas. Aun así, Fernández dejó claro que no existe un acuerdo formal con el Frente Amplio y que las diferencias de fondo sobre la minería en Crucitas siguen vivas. El Ejecutivo mantiene que la propuesta serviría para ordenar la zona y golpear la minería ilegal, mientras sectores opositores insisten en cambios sustanciales por sus implicaciones ambientales.

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La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate 25 proyectos de ley en una misma jornada, dentro de una agenda que incluyó reformas sobre contratación pública, calidad en laboratorios, pasos de fauna, educación ambiental, bioeconomía, divorcios y apoyo al sector cultural. También avanzaron iniciativas para facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones penales, habilitar el traslado digital del domicilio electoral, crear espacios cardioprotegidos, reconocer el derecho al olvido oncológico y sancionar con más fuerza las conductas violentas en carretera. En el plano económico y social, se aprobaron cambios para fortalecer fondos destinados a mipymes, trasladar recursos no retirados de pensiones o del FCL al régimen no contributivo de la CCSS, exonerar del IVA a asociaciones de desarrollo comunal y ajustar aspectos del impuesto a las personas jurídicas. La lista también abarcó reformas sobre el registro de cooperativas, el correo electrónico societario, el Código Municipal en materia de oficinas de la mujer, así como convenios internacionales vinculados con cursos de agua transfronterizos y aviación civil. La sesión concentró una agenda amplia de expedientes técnicos y sectoriales que venían acumulándose en el Congreso.

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Costa Rica formalizó una presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI como parte del acuerdo Escudo de las Américas firmado con Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. El contingente operará desde la embajada estadounidense en Pavas e incluirá personal especializado, técnico y administrativo, apoyado por tecnología avanzada de investigación e inteligencia. La apuesta es fortalecer el intercambio de información y los operativos conjuntos con autoridades costarricenses para golpear con más fuerza a las redes criminales que se mueven en la región. Los primeros resultados ya muestran un salto fuerte en decomisos, ya que la incautación de cocaína pasó de 3.096 kilos en 2025 a 15.290 kilos en 2026, lo que representa un aumento del 291% en el mismo periodo. Al mismo tiempo, las cifras oficiales reportan 62 homicidios menos que el año pasado al corte de mediados de abril, equivalente a una caída del 23%.

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El Frente Amplio presentó un proyecto para modificar la enseñanza religiosa en el sistema público y eliminar del artículo 14 de la Ley Fundamental de Educación la referencia expresa a los principios cristianos como base de la educación media. En su lugar, la propuesta plantea un enfoque apoyado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la neutralidad del Estado y el reconocimiento de la diversidad religiosa y cultural del país. El cambio no elimina la materia de educación religiosa, pero sí busca transformarla en un espacio de aprendizaje más amplio, donde se incluyan distintas tradiciones presentes en Costa Rica, como el judaísmo, islam, hinduismo, budismo y bahaísmo, además del cristianismo. El proyecto también se apoya en criterios de la Sala IV, que ha señalado que la educación pública debe respetar el pluralismo ideológico y la libertad religiosa bajo un principio de aconfesionalidad. Por ahora, la iniciativa sigue sin arrancar su discusión formal en la comisión legislativa correspondiente.

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Carlos Alvarado celebró el sexto aniversario del Bono Proteger, defendiendo como parte de su legado un programa que durante la pandemia llegó a 724.330 personas y movilizó cerca de ¢260 mil millones para sostener a familias golpeadas por despidos, suspensión de contratos y caída de ingresos. El expresidente resaltó que la ayuda se ejecutó de forma rápida, digital y masiva, e incluso permitió bancarizar a miles de personas e identificar una gran cantidad de trabajadores informales que estaban fuera del radar estatal. Pero el programa también quedó marcado por fuertes cuestionamientos de la Contraloría, que estimó pagos irregulares de entre ¢11.000 y ¢15.000 millones, muy por encima de los ¢1.172 millones reconocidos en su momento por el Gobierno. Entre los casos observados aparecieron funcionarios públicos, pensionados, privados de libertad e incluso personas fallecidas que habrían recibido depósitos sin cumplir los requisitos. Todo esto ocurrió además en medio de una crisis fiscal severa, donde el Estado financió buena parte de la emergencia con deuda externa, empujando todavía más la presión sobre las finanzas públicas.

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Aresep puso en marcha una nueva propuesta para subir los combustibles en mayo, con aumentos de ¢82 para la súper, ¢122 para la regular y ¢134 para el diésel, tras enviar el ajuste a consulta pública. La explicación oficial apunta al encarecimiento internacional del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente y por las tensiones alrededor del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Según la regulación, el cálculo toma en cuenta las compras realizadas entre el 13 de marzo y el 9 de abril, periodo en que los precios internacionales se dispararon y golpearon directamente el costo de importación para Costa Rica. RECOPE además anticipó un fenómeno atípico en el mercado local, ya que la gasolina regular volvería a ser más cara que la súper, reflejando las distorsiones del momento. A esto se suma que el conflicto también ha elevado los costos logísticos y de seguros del transporte, metiendo todavía más presión sobre los precios que terminarán pagando los consumidores en las estaciones de servicio.

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Costa Rica abrió en Singapur una nueva Oficina de Promoción de Inversión con la mira puesta en captar empresas de servicios, tecnología avanzada, manufactura sofisticada y agroindustria, en una jugada para diversificar su mapa de atracción de capital. La apuesta pasa por aprovechar a Singapur como hub financiero, logístico y tecnológico del Asia-Pacífico, con conexión directa hacia mercados como Japón, Corea del Sur y el Sudeste Asiático. Procomer busca posicionar al país en cadenas globales de valor donde ya existe competencia fuerte, pero también espacio para vender la combinación de estabilidad, talento y certeza jurídica que Costa Rica lleva años promocionando. El movimiento llega además con respaldo de cifras que muestran que Singapur originó más de 1.700 proyectos de inversión extranjera entre 2021 y 2025, especialmente en software, tecnologías de información, comunicaciones y servicios empresariales. Con esta apertura, el Gobierno insiste en reducir la dependencia de mercados tradicionales y tender un puente más directo con inversionistas asiáticos que evalúan expansión, relocalización o nuevas operaciones.

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La guatemalteca Grupo Cofiño concretó la compra de Motores Británicos, en una operación que incorpora la representación de Land Rover en Costa Rica y refuerza su expansión en el mercado automotriz regional. Aunque las empresas evitaron pronunciarse públicamente, el movimiento fue confirmado por fuentes del sector y además Land Rover ya aparece en el catálogo de marcas de Cofiño en el país. La transacción le da al grupo centroamericano una posición más robusta en Costa Rica, donde ya manejaba marcas como Renault, Omoda, Jaecoo y Vespa, mientras amplía su presencia en segmentos de mayor valor. Motores Británicos, por su parte, deja atrás una trayectoria de más de medio siglo ligada al negocio automotor y a la distribución exclusiva de Jaguar Land Rover, además de otras marcas como MG, Triumph y BRP. La compra refleja cómo el mercado regional sigue moviéndose hacia una mayor consolidación empresarial, con grupos centroamericanos ganando más peso en la representación de marcas globales.

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