🌞 Buenos días Costa Rica, Rodrigo Chaves entra en la recta final de su mandato como uno de los presidentes mejor valorados de Latinoamérica, mientras en la Asamblea ya se perfila otro foco de choque político por la posibilidad de que la próxima presidencia legislativa recorte o incluso elimine el espacio de control político de los diputados. Al mismo tiempo, Crucitas vuelve a sacudir el debate nacional luego de que se estimara un valor cercano a $10 mil millones en oro, en medio de presiones para avanzar hacia una explotación regulada y frenar la minería ilegal. En lo económico, el país mezcla señales positivas y alertas serias: la deuda pública bajó a 59,2% del PIB y Costa Rica apunta a crecer cerca de 4% en 2026, pero el Banco Central ya advierte que un shock inflacionario podría golpear en los próximos meses por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Y como telón de fondo, Costa Rica vuelve a quedar expuesta en una de sus grandes deudas estructurales al ubicarse como el país de la OCDE que menos invierte en innovación tecnológica.

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Rodrigo Chaves aparece en el quinto puesto entre los presidentes de Latinoamérica según una medición de CB Global Data correspondiente a marzo de 2026, con una aprobación de 56,8%. El estudio, aplicado entre el 10 y el 15 de marzo a una muestra de 2.051 personas, refleja además que un 25,8% de los costarricenses califica su imagen como buena, mientras que un 31% la considera muy buena. Con esos números, Chaves se mantiene en la recta final de su administración dentro del grupo de mandatarios con mejor respaldo en la región. El resultado refuerza la idea de que, pese al desgaste natural del poder y a las controversias de su gobierno, conserva una base de apoyo relevante en el país. La publicación también destaca a CB Global Data como una firma enfocada en clima social y proyección de escenarios electorales en América Latina.

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La próxima presidenta legislativa, Yara Jiménez, tiene la potestad de limitar o incluso eliminar el espacio de control político en el Plenario, debido a que ese tiempo no está contemplado en el reglamento de la Asamblea Legislativa, sino que responde a una práctica instaurada desde hace más de 20 años. La idea cuenta con el respaldo del oficialismo y de Laura Fernández, quien considera que esos espacios se han convertido en un ejercicio improductivo de quejas y ataques, mientras que Rodrigo Chaves ya da señales de que ese cambio podría concretarse a partir del 1.° de mayo. Hoy ese espacio se utiliza los lunes, martes y jueves por 30 minutos, y los miércoles por una hora, principalmente para que las fracciones expongan posiciones y cuestionen decisiones del Ejecutivo. Las 26 diputaciones de oposición electas rechazan de plano la posibilidad de recortarlo y sostienen que se trata de una herramienta clave para fiscalizar al gobierno, denunciar corrupción y exigir rendición de cuentas. Figuras como Álvaro Ramírez, Abril Gordienko y José María Villalta advierten que eliminarlo debilitaría uno de los pocos espacios formales que tienen los legisladores para confrontar públicamente al poder político.

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La Procuraduría General de la República lanzó observaciones críticas contra el proyecto que busca endurecer las restricciones político partidarias para más funcionarios públicos, al considerar que varias de sus disposiciones podrían chocar con principios constitucionales. Entre los principales reparos, cuestionó que el TSE solo pueda investigar de oficio a la Presidencia y vicepresidencias, dejando por fuera a otros jerarcas con una capacidad de influencia comparable, y advirtió además que el texto no delimita con suficiente claridad las competencias entre el Tribunal y la Contraloría. El criterio también pone en duda que se pretenda dar a la Contraloría facultades para revisar símbolos, manifestaciones y estrategias de comunicación, al estimar que eso no encaja directamente con su mandato de fiscalización del uso de fondos públicos. Otro punto sensible es la ampliación de restricciones a todos los funcionarios de medios estatales, sin distinguir niveles de mando ni capacidad real de incidencia, lo que para la Procuraduría carece de justificación técnica y jurídica clara. A eso se suma la preocupación por la redacción abierta de algunas prohibiciones, como impedir cualquier manifestación que pueda influir en una elección, porque la ambigüedad podría abrir espacio a inseguridad jurídica y arbitrariedades en la aplicación de la norma.

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Estados Unidos incluyó a Costa Rica dentro de “Gran América del Norte”, una estrategia hemisférica de defensa que busca reforzar la coordinación regional frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia de actores externos en el continente. La propuesta, impulsada desde la administración de Donald Trump y presentada oficialmente a inicios de marzo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, redefine el perímetro de seguridad estadounidense al abarcar territorios que van desde Alaska y Groenlandia hasta Centroamérica, el Caribe y el Pacífico ecuatorial. Bajo esa lógica, los países ubicados al norte del ecuador pasan a ser vistos como socios activos dentro de una estructura de defensa compartida, con mayores responsabilidades en materia de cooperación estratégica. Entre los objetivos centrales del plan figuran frenar el tráfico de fentanilo y cocaína, así como debilitar a las organizaciones criminales que operan en la región. La inclusión de Costa Rica en ese esquema ya empieza a generar atención por sus posibles implicaciones sobre la soberanía, el grado de coordinación militar y el alineamiento geopolítico del país.

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Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional denunció que la Mesa Coordinadora del CAEUNA ejecutó gastos por casi ₡5,8 millones entre el 12 de febrero y el 8 de marzo, en consumos que incluyen catering, desayunos, almuerzos, pizza, café, galletas, camisas estampadas, pines, calcomanías y diseños para redes. La crítica surge en medio de reclamos por el uso de recursos estudiantiles, especialmente porque, según los denunciantes, mientras muchos alumnos enfrentan dificultades económicas, la dirigencia habría incurrido en erogaciones que lucen difíciles de justificar. Los estudiantes también aseguran que en un primer reporte ya se hablaba de ₡16 millones en gastos apenas dos semanas después del inicio de lecciones, y que el monto total ya habría escalado a ₡34 millones. El caso abrió cuestionamientos sobre la transparencia, la prioridad del gasto y los mecanismos de fiscalización dentro del movimiento estudiantil universitario. Entre las dudas que quedan sobre la mesa están si esos desembolsos responden a necesidades reales o a un uso excesivo de fondos públicos administrados por la dirigencia estudiantil.

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El oro ubicado en Crucitas y Conchudita tendría un valor cercano a $10 mil millones, según un análisis del Colegio de Geólogos de Costa Rica, que estima reservas de hasta 5 millones de onzas en la zona ampliada. El informe también advierte que la minería ilegal ha impedido aprovechar ese recurso de forma eficiente y le habría costado al país entre $1.500 millones y $2.000 millones desde 2017, además de provocar una fuerte contaminación por el uso de mercurio y cianuro. Solo en ese período se habrían utilizado más de 200 toneladas de mercurio, con efectos severos sobre suelos y fuentes de agua en la zona norte. En medio de ese escenario, Laura Fernández insiste en que impulsará la explotación controlada del oro, al sostener que la pasividad del Estado ha dejado el terreno libre a estructuras criminales mientras el país pierde una riqueza estratégica. En paralelo, sigue sobre la mesa el proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves para regular la minería a cielo abierto en Cutris mediante un esquema de subasta al alza que busque aumentar el beneficio económico para Costa Rica.

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Costa Rica proyecta un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,0% en 2026, apoyado principalmente en la exportación de servicios, la manufactura avanzada y el turismo sostenible, según un análisis de BN Valores. El estudio sostiene que, aunque el contexto internacional será más retador y podría enfriar el ritmo de las exportaciones por una menor expansión de Estados Unidos, la economía costarricense mantiene una base estable, diversificada y resiliente. También prevé un comportamiento más moderado en sectores ligados al consumo interno, debido a condiciones financieras que seguirían siendo exigentes, mientras algunos motores tradicionales como dispositivos médicos y servicios corporativos podrían perder algo de dinamismo. A nivel macroeconómico, se espera una mayor estabilidad en tasas de interés y una continuación de la apreciación del tipo de cambio, aunque con fluctuaciones controladas por la intervención del Banco Central y el respaldo de las reservas internacionales. El análisis concluye que el entorno seguirá premiando a quienes mantengan prudencia en el endeudamiento, liquidez y diversificación de ingresos y mercados.

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El presidente del Banco Central, Róger Madrigal, advirtió que Costa Rica podría enfrentar en los próximos meses un “shock inflacionario” provocado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, en un entorno global cada vez más tenso. Aunque el golpe todavía no se refleja con claridad en el bolsillo de los consumidores, el jerarca sostiene que el ajuste en precios de bienes y servicios sería solo cuestión de tiempo y que la inflación podría volver antes de lo previsto al rango de tolerancia. Entre los factores que ya empiezan a meter presión figuran el encarecimiento del transporte marítimo, los bienes importados y los combustibles, a lo que se suma la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Madrigal reconoce que el país tiene ciertas condiciones macroeconómicas para absorber parte del impacto, pero admite que no serían suficientes para neutralizarlo por completo. En una economía abierta y altamente dependiente de importaciones como la costarricense, ese deterioro externo podría terminar trasladándose con fuerza al consumidor final.

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Costa Rica arrancó 2026 con una caída de la deuda a 59,2% del PIB, por debajo del 60,4% con que cerró 2025, mientras el pago de intereses mostró un descenso de 22,8%, uno de los datos más favorables para las finanzas públicas en años recientes. Hacienda también reportó un superávit primario de ₡10.768 millones, con lo que el país encadena cinco años consecutivos en los que los ingresos superan los gastos primarios, una señal que el gobierno atribuye a la disciplina fiscal y a una mejor administración de los recursos. Aun así, no todo fue positivo: el déficit financiero llegó a 0,2% del PIB, con un leve deterioro frente al mismo período del año anterior, debido a una caída de 4,0% en los ingresos totales y un aumento de 0,5% en el gasto. Dentro de ese comportamiento, los ingresos tributarios bajaron 6,1%, mientras crecieron las contribuciones sociales y aumentaron rubros como remuneraciones y transferencias de capital al sector público. En paralelo, el EMBI de Costa Rica se ubicó en 142 puntos básicos, un dato que Hacienda presenta como reflejo de una mejor percepción de riesgo por parte de los mercados internacionales.

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Costa Rica se ubicó como el país de la OCDE con menor inversión en investigación y desarrollo, al destinar apenas 0,28% del PIB, muy por debajo del promedio del bloque, que ronda el 2,7%. En el otro extremo aparecen economías como Israel, Corea, Taiwán y Japón, que consolidan su ventaja apostando fuerte por la innovación, mientras Costa Rica comparte el fondo de la tabla con Chile y Colombia. El informe también refleja que el gasto global en I+D siguió creciendo y habría alcanzado los $3,8 billones en 2024, con la OCDE concentrando casi dos tercios de ese monto y con un peso determinante de Estados Unidos, la Unión Europea y el sector privado. A nivel gubernamental, la organización detectó una caída real en los presupuestos públicos para I+D en 2024, junto con un giro en prioridades desde energía y medio ambiente hacia defensa, tendencia que ya se proyecta para 2025. En ese cambio sobresalen aumentos en defensa en Japón y en la Unión Europea, mientras retrocede el financiamiento para áreas vinculadas al clima y la transición energética.

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