🌞 Buenos días Costa Rica, el nuevo gobierno arranca con Rodrigo Chaves instalado en Hacienda y Presidencia, una jugada que lo coloca en el centro del poder político, presupuestario y legislativo de la administración Fernández. Además, la Asamblea aprobó en segundo debate los préstamos para el tren eléctrico, agricultura sostenible y resiliencia climática, mientras Ciudad Gobierno vuelve a extraordinarias pese a tener una recomendación de archivo que el oficialismo podría revertir con sus 31 diputados. En lo económico, Costa Rica avanza hacia su adhesión al CPTPP, una oportunidad para abrir mercados y atraer inversión, siempre que el país acompañe esa apertura con menos trabas, mejores aduanas e infraestructura más competitiva. Y en control fiscal, la Contraloría lanzó una alerta de fondo: por el exceso de excepciones, ya no puede evaluar con certeza el cumplimiento de la regla fiscal, dejando en evidencia cómo la maraña institucional debilita el control del gasto público.

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La presidenta Laura Fernández colocó el pin oficial a Rodrigo Chaves, formalizando su incorporación al gabinete para el periodo 2026-2030. El exmandatario, quien entregó la banda presidencial el 8 de mayo, asumirá como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, dos de los cargos más relevantes dentro del Ejecutivo. Su llegada consolida la estrategia de continuidad planteada durante la campaña, con Chaves al frente del equipo económico y de la jefatura del gabinete. Fernández destacó su trayectoria y defendió la importancia de mantener el rumbo de los proyectos iniciados por la administración saliente. El nombramiento confirma que el nuevo gobierno apostará por una estructura de poder concentrada en la continuidad, la disciplina fiscal y la ejecución desde Casa Presidencial.

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El politólogo Daniel Calvo afirmó que el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia le da una posición de enorme influencia dentro del nuevo gobierno, pero sostuvo que el verdadero centro de poder está en Hacienda. Según Calvo, manejar el presupuesto nacional permite negociar con diputados, orientar recursos hacia obra pública y programas estatales, y construir apoyos legislativos en momentos clave como la discusión presupuestaria. El oficialismo cuenta con 31 diputados, suficientes para aprobar el presupuesto ordinario, pero no para reformas que requieren 38 votos, por lo que Hacienda podría convertirse en una herramienta política para buscar acuerdos adicionales. Calvo también señaló que el cargo le da a Chaves influencia indirecta sobre instituciones autónomas como la CCSS, ICE, Recope e IMAS, aunque sus presupuestos pasen por revisión de la Contraloría. El analista advirtió que asumir simultáneamente dos carteras de alto perfil puede fortalecer su control institucional, pero también elevar su desgaste político y exposición pública.

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Los diputados aprobaron en segundo debate tres proyectos de financiamiento que habían sido enviados a consulta de constitucionalidad por legisladores del PLN del periodo anterior, luego de que la Sala Constitucional declarara inevacuables esas consultas. Las iniciativas incluyen préstamos para construir y poner en operación las líneas 1 y 2 del Tren Rápido de Pasajeros en la GAM, financiar un programa de agricultura sostenible y competitiva, y desarrollar un programa de reconstrucción y resiliencia climática. Los tres expedientes recibieron apoyo unánime de los 56 diputados presentes, incluido el proyecto del tren eléctrico, que suele generar debate por su costo, financiamiento y viabilidad. La sesión se extendió hasta las 8:55 p. m., en una jornada legislativa maratónica para destrabar proyectos que venían arrastrándose desde la administración anterior. Durante el debate, el Frente Amplio insistió en que incluso los proyectos con amplio respaldo deben discutirse, aunque al final ninguno de los tres enfrentó votos en contra.

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El gobierno de Laura Fernández convocó a sesiones extraordinarias el expediente 24.099, que busca reformar la Ley de Contratación Pública para permitir la construcción de Ciudad Gobierno bajo el modelo Construir, Arrendar, Transferir junto al BCIE. Aunque el proyecto tiene una recomendación de archivo aprobada en comisión desde noviembre de 2024, los diputados oficialistas podrían revertirla en el Plenario con mayoría simple, ya que Pueblo Soberano cuenta con 31 curules. El proyecto no requiere 38 votos, según Servicios Técnicos, sino mayoría de los diputados presentes, lo que le abre una ruta legislativa más cómoda al oficialismo. La iniciativa busca levantar un complejo para más de 35 instituciones públicas y 10.000 funcionarios, con un financiamiento estimado de $450 millones, luego de que la Contraloría frenara el modelo planteado. Presidencia y Mideplan han defendido que la obra permitiría ahorrar $17 millones anuales frente a los alquileres actuales del Gobierno, mientras el debate de fondo seguirá girando alrededor de contratación pública, control fiscal y seguridad jurídica.

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Gerald Campos tuvo su primer fin de semana como ministro de Seguridad marcado por tres golpes contra el narcotráfico que sumaron más de tres toneladas de droga decomisada en menos de 24 horas. El Servicio Nacional de Guardacostas, junto con el OIJ, interceptó una embarcación en el Pacífico Sur con aproximadamente 2.000 paquetes de droga, y horas después realizó otra operación a 138 millas náuticas de Golfito con inteligencia de la DEA y apoyo aéreo estadounidense. En esa segunda intervención fueron detenidos siete tripulantes, entre ellos cinco costarricenses, un colombiano y un nicaragüense. La Fuerza Pública también decomisó 84 paquetes de cocaína ocultos en el doble forro de un vehículo en Coto Brus, tras una revisión preventiva y confirmación de la Unidad Canina. Campos llega a Seguridad con una presión alta, pero también con una tendencia previa de decomisos al alza, luego de que las incautaciones de cocaína crecieran 291% interanual al 15 de abril, según cifras del Ministerio.

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La Contraloría informó a la Asamblea Legislativa que no puede evaluar con certeza el cumplimiento de la regla fiscal debido a la acumulación de excepciones legales, cambios reglamentarios y falta de criterios uniformes para medir qué gasto queda dentro o fuera del cálculo. Según el informe, el problema viene desde 2022 y se ha agravado por leyes de excepción con redacciones amplias, superpuestas o técnicamente ambiguas, lo que debilita la trazabilidad del gasto público. El ente contralor señaló que el 58% de las instituciones descentralizadas presenta ambigüedades al definir sus exclusiones, generando interpretaciones distintas y dificultando una verificación independiente. Además, ninguno de los 29 rubros de excepción usados para el cálculo sale directamente del Sistema de Planes y Presupuestos Públicos, sino que depende de certificaciones de cada institución sin un proceso robusto de validación. En la práctica, la regla fiscal pierde fuerza si cada entidad puede operar bajo excepciones poco claras, porque el control del gasto deja de descansar en datos comparables, verificables y técnicamente consistentes.

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El magistrado Fernando Cruz aclaró que la medida cautelar sobre el Polo Turístico Golfo de Papagayo no implica una paralización general de todos los desarrollos turísticos o constructivos, sino que aplica únicamente a los casos vinculados con la figura de compensación de densidades y coberturas del decreto impugnado. La resolución original había suspendido la tala de más de 700 árboles en playa Panamá y restringido ciertos actos administrativos del MINAE, Setena e ICT relacionados con la normativa cuestionada. La aclaración llega después de la preocupación expresada por cámaras empresariales, constructoras y representantes turísticos, que advirtieron sobre el impacto de una lectura amplia de la cautelar en la seguridad jurídica, el empleo y la inversión. Canatur señaló que el Polo impacta cerca de 5.000 empleos directos y 13.500 indirectos, principalmente en Guanacaste. La Cámara de la Construcción, CODI y ASOPAPAGAYO insistieron en que el país necesita certeza regulatoria para sostener proyectos de largo plazo en una zona clave para el turismo nacional.

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CRECEX celebró la conclusión sustancial de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica al CPTPP, un bloque integrado por economías como Japón, Canadá, México, Chile, Reino Unido, Singapur, Australia y Vietnam. Para la Cámara, el avance representa un hito estratégico en la agenda de apertura comercial, diversificación de mercados, atracción de inversión y fortalecimiento de la competitividad. La adhesión abriría oportunidades para exportadores, importadores, operadores logísticos, pymes, consumidores e inversionistas, especialmente en sectores como manufactura avanzada, tecnología, agroindustria, servicios, logística, comercio digital e innovación. CRECEX destacó que el país presentó compromisos en áreas como bienes, servicios, inversión, servicios financieros, contratación pública, empresas estatales y movilidad temporal de personas de negocios. La Cámara también advirtió que el ingreso al CPTPP debe acompañarse de una agenda interna para modernizar infraestructura, agilizar aduanas, reducir costos operativos y mejorar la facilitación del comercio, porque abrir mercados sirve de poco si el país mantiene trabas que encarecen competir.

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Los combustibles tendrían un ajuste mixto en junio, con una rebaja de ₡46 en el diésel, que pasaría de ₡716 a ₡670 por litro, y aumentos en las gasolinas y el gas para cocinar. La gasolina súper subiría ₡20 hasta ₡753, mientras que la regular aumentaría ₡22 hasta ₡779, manteniéndose más cara que la súper por una diferencia de ₡17 por litro. El cilindro de gas de 25 libras también tendría un incremento de ₡157, llegando a ₡7.412. El ajuste responde al comportamiento del mercado internacional entre el 10 de abril y el 7 de mayo, marcado por tensiones geopolíticas, el bloqueo del estrecho de Ormuz y menores inventarios internacionales de gasolina. Recope aseguró que no hay problemas de abastecimiento y señaló que el tipo de cambio favorable, junto con una devolución cercana a ₡12.000 millones a los consumidores, ayudaría a contener parcialmente el impacto en los próximos meses.

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Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, advirtió que la inteligencia artificial está cambiando el mapa de riesgos para los bancos latinoamericanos, porque los ataques ya no dependerán solo de personas, sino de máquinas capaces de automatizar fraudes, personalizar engaños y acelerar vulneraciones. El sector financiero tendrá que responder con herramientas basadas en la misma tecnología, especialmente para procesar grandes volúmenes de datos y detectar amenazas en tiempo real. Trettenero también señaló que los fraudes serán cada vez más difíciles de identificar para los usuarios, con mensajes personalizados, suplantación de identidad y tácticas basadas en miedo o urgencia para obtener datos sensibles. Además, pidió que fintech, neobancos y plataformas digitales que realizan actividades financieras enfrenten las mismas reglas y controles que la banca tradicional, bajo el principio de que mismos riesgos deben tener misma regulación. La advertencia llega en medio de una digitalización acelerada del sistema financiero regional, donde la innovación puede mejorar servicios, pero también exige seguridad, responsabilidad y educación del usuario para no convertir al cliente en el eslabón más débil.

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