🌞 Buenos días Costa Rica, Rodrigo Chaves alcanzó un 63% de aprobación, su punto más alto del año, mientras la candidata oficialista Laura Fernández lidera con 25%. En paralelo, el Congreso conformó la comisión que analizará el levantamiento de inmunidad del Presidente tras las denuncias por beligerancia política. En materia económica, la calificadora S&P Global mejoró la nota soberana del país a ‘BB’, el nivel más alto en una década, destacando la solidez fiscal y el dinamismo exportador. Finalmente, el exdiputado Jorge Dengo advirtió que prometer el 8% del PIB para educación es una irresponsabilidad fiscal, recordando que el Estado apenas recauda un 13,4% del PIB y que el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta.

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El presidente Rodrigo Chaves elevó su aprobación al 63% en octubre, un salto de 11 puntos en un solo mes, según la más reciente encuesta del CIEP-UCR, alcanzando su nivel más alto desde 2024. Las opiniones negativas bajaron a 20%, mientras que las neutras suman 17%, lo que refleja una recuperación clara en la percepción ciudadana. El crecimiento proviene sobre todo de los “seguidores personalistas”, que apoyan al mandatario aunque no necesariamente sus políticas, un grupo que pasó del 34% al 43%. A pesar del repunte, educación y seguridad siguen siendo sus puntos débiles, con 47% y 71% de los encuestados evaluándolos negativamente. El estudio confirma que el liderazgo personal de Chaves supera con amplitud la fuerza de su partido, consolidándolo como la figura dominante rumbo a las elecciones de 2026.

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La candidata oficialista Laura Fernández encabeza la última encuesta del CIEP-UCR con 25% de intención de voto, más del triple que su rival más cercano, Álvaro Ramos (7%). Sin embargo, el 55% de los votantes decididos aún se declara indeciso, lo que deja a Fernández lejos del 40% necesario para ganar en primera ronda. Su mayor reto es convertir el respaldo del presidente Rodrigo Chaves —que subió al 63%— en apoyo electoral efectivo, especialmente ahora que las restricciones legales limitan la exposición mediática del mandatario. La campaña enfrenta además el proceso de desafuero contra Chaves y la reactivación política de Pilar Cisneros, quien pide apoyo para Fernández. El CIEP advierte que, aunque lidera con holgura, el oficialismo aún no asegura la victoria sin segunda vuelta.

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La Asamblea Legislativa designó a Alejandra Larios (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (oficialismo) como miembros de la comisión especial que analizará la solicitud del TSE para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, tras 15 denuncias por beligerancia política. El órgano tendrá 20 días naturales, prorrogables una vez, para rendir un informe con su recomendación al Plenario. Chaves podrá comparecer acompañado de un abogado, y la sesión será pública salvo que se declare confidencial por mayoría del grupo. Para retirarle el fuero, se requerirán 38 votos en el Plenario, un escenario poco probable dado el bloque opositor del PUSC y Nueva República. Este proceso se suma a la investigación penal que analiza la Corte Suprema sobre las presuntas estructuras paralelas de la campaña de 2022.

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Un informe forense contable reveló que la denuncia del llamado caso barrenador contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se basó en errores aritméticos y omisiones graves del Área de Contabilidad de Costos. El documento, ahora en manos de los diputados de la Comisión Especial que investiga irregularidades en la Caja, señala que los funcionarios omitieron los ahorros generados por las cotizaciones de las cooperativas, las cuales representarían un ahorro global de ¢18 mil millones durante diez años. Según el informe, la Fiscalía nunca realizó un análisis forense propio, lo que ha debilitado su tesis inicial. El diputado oficialista Daniel Vargas aseguró que el caso “se cayó por su propio peso”, mientras crece el consenso de que la denuncia contra la Caja se construyó sobre bases técnicas falsas y comparaciones fuera de norma.

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El abogado Mario Quirós lanzó un extenso análisis en el que cuestiona la legalidad y legitimidad del procedimiento del TSE para solicitar el levantamiento de inmunidad del Presidente. Argumenta que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo una condena penal dictada por un juez competente puede justificar la destitución o inhabilitación de un funcionario electo, y que el TSE no cumple con ese estándar. Además, acusa al Tribunal de basarse en precedentes mal interpretados, como la resolución 38-96, y de crear un procedimiento ad hoc contrario al principio de legalidad reconocido por la CIDH. Quirós advierte que la actual interpretación del TSE expone a Costa Rica a responsabilidad internacional, pues amplía sus competencias sin sustento constitucional ni convencional. Según él, la verdadera solución no es reinterpretar la Constitución, sino reformar la ley electoral para devolver el proceso al ámbito penal y garantizar el debido proceso.

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El exdiputado Jorge Dengo recordó que el PIB mide el tamaño de la economía, no los ingresos del Estado, y que en 2024 la recaudación total del Gobierno apenas alcanzó un 13,4% del PIB. Explicó que de ese monto se financian todos los gastos públicos —salarios, deuda, programas y obra pública—, por lo que destinar un 8% solo a educación sería una imposibilidad financiera y una irresponsabilidad política. Dengo señaló que Costa Rica ya invierte entre 5% y 6% del PIB en educación, cifras comparables con países exitosos como los Países Bajos, pero con resultados mucho menores. Citando a la OCDE, afirmó que el problema no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta, y criticó que la reforma constitucional que impuso el 8% fue populista y sin sustento técnico ni fiscal.

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Según la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento 2025 de la Oficina del Consumidor Financiero, los créditos para la compra de vehículos pasaron de representar 18% del total en 2023 a 47% en 2025, convirtiéndose en el principal destino del crédito personal. El estudio revela que 87% de los costarricenses tiene alguna deuda y que, en promedio, el 34% de los ingresos mensuales se destina a pagar préstamos, lo que muestra una fuerte dependencia del crédito para sostener el consumo. Aunque el nivel de endeudamiento bajó frente a 2023, la OCF advierte que esto no refleja una mejora económica, sino mayor cautela o menor acceso al crédito. Uno de cada tres hogares aún enfrenta meses en que no logra cubrir sus gastos básicos, lo que expone la fragilidad financiera del país pese a la reducción del crédito informal.

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En la última década, las importaciones de cianuro en Costa Rica aumentaron un 623%, una cifra que coincide con el auge de la minería ilegal de oro en Crucitas y Abangares. Investigaciones revelan una estructura criminal que desvía el químico del mercado formal hacia actividades ilícitas, donde se usa sin control para separar oro, contaminando ríos y suelos. Aunque la Ley 8904 prohíbe la lixiviación con cianuro, sucesivas prórrogas y falta de control estatal permitieron que la práctica continuara en total ilegalidad. Solo en 2024, la Fuerza Pública decomisó 4,6 toneladas del compuesto, mientras miles de kilos más cruzan hacia Nicaragua en un negocio transnacional sin condenas relevantes. El auge del oro —que alcanzó US$3.500 la onza— convirtió el tráfico de cianuro en uno de los negocios más rentables y peligrosos del país.

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La agencia S&P Global Ratings mejoró la nota soberana de Costa Rica de ‘BB-’ a ‘BB’ con perspectiva estable, el nivel más alto en más de una década. El informe destaca la reducción sostenida del déficit fiscal, los superávits primarios recientes y el dinamismo de las exportaciones impulsadas por las zonas francas y la inversión extranjera directa. S&P resalta que las reservas internacionales alcanzaron $16.000 millones, más del doble del promedio histórico, y proyecta un crecimiento del 4,2% en 2025. La calificadora prevé estabilidad política y económica tras las elecciones de 2026, aunque advierte que el alto costo de la deuda y posibles retrasos legislativos en créditos externos podrían generar presiones. Con esta mejora, Costa Rica consolida su recuperación de confianza internacional, alineándose con las calificaciones recientes de Fitch y Moody’s.

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El nuevo presidente de Perú, José Jerí, decretó estado de emergencia en Lima por 30 días en un intento por frenar el aumento de asesinatos, extorsiones y ataques violentos que ha desbordado a las autoridades. La medida permitirá movilizar al Ejército junto a la Policía y restringir libertades de movimiento y reunión. Entre enero y septiembre se registraron 1.690 homicidios, frente a 1.502 en el mismo periodo de 2024. Jerí asumió el poder tras la destitución de Dina Boluarte, removida por el Congreso por su incapacidad para contener la criminalidad. Las protestas contra el nuevo gobierno —lideradas por jóvenes de la llamada “Generación Z”— ya dejaron un muerto y más de 100 heridos, mientras crece la tensión social en el país andino.

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